El pasado 18 de octubre, por ejemplo, la ASF finalizó un documento demoledor sobre la operación del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) realizada por la Sedatu en 2016: en ello, estimó que la dependencia incurrió en mal uso de recursos por mil 792 millones de pesos y, además, que incumplió con los objetivos del programa.
Ello no ha de sorprender: Año tras año desde el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, Robles fue severamente reprobada en el ejercicio de la fiscalización: La ASF le detectó malos manejos de dinero por un monto que rebasa los 4 mil 544 millones de pesos.
Entre 2013 y 2015, mientras dirigía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el órgano fiscalizador desnudó una red de desvíos multimillonarios operada por la dependencia a través de universidades estatales y empresas fantasma, y señaló malos manejos de dinero en la aplicación de programas en distintos estados.
La ASF determinó –en sus distintas auditorías– que la Sedesol, entonces a cargo de Robles incurrió en repetidos “probables daños o perjuicios o ambos a la hacienda pública”, con montos que se elevaron a por lo menos mil 740 millones en 2013, mil 17 millones en 2014 y mil 787 millones en 2015.
A lo largo de los últimos seis meses, el órgano fiscalizador adelantó la publicación de algunas auditorías, siete de ellas en torno a la Sedatu, y dos más se difundirán este martes 20, fecha en la que se entregará el informe final de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.
El PAV, que fue sujeto del escrutinio de la ASF, aspira a mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres de México mediante el otorgamiento de subsidios destinados a mejorar las viviendas de las familias y a construir nuevas unidades habitacionales.
Al revisar la operación del programa, la ASF se percató que, de las 123 mil 500 “acciones de vivienda” que la Sedatu se comprometió a apoyar en 2016, sólo se llevaron a cabo 36 mil 600, apenas una tercera parte. Las cerca de 87 mil restantes estaban inconclusas o ni siquiera iniciadas el 30 de junio de 2017.
La ASF determinó que siete de cada diez casos inconclusos ocurrieron cuando las delegaciones de la Sedatu en los estados entregaron los recursos a organizaciones sociales, las cuales no realizaron las obras o se tardaron demasiado, lo que muestra la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas del programa.
Por si fuera poco, la Auditoría sostiene que las delegaciones de la Sedatu no actualizan el sistema de información que registra las acciones de vivienda realizadas, el cual, además, está plagado de registros ausentes y deficiencias.
Un ejemplo: de los más de 7 mil expedientes referentes a los subsidios otorgados en el marco del PAV en el Estado de México y Morelos en 2016, las delegaciones no contaron con una sola acta de entrega-recepción que comprobara que la acción de vivienda se llevó a cabo.
En el caso del PAV, sin embargo, la Sedatu no fue la única responsable del despilfarro: la dependencia opera el programa a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que preside Ángel Ramón Islava Tamayo desde el arranque del sexenio de Peña Nieto.
Este militante priista, sin título académico, fue secretario particular de los grupos parlamentarios del PRI en ambas cámaras entre 2006 y 2012. El funcionario mintió en su primera declaración de servidor público, donde afirmó que había terminado dos carreras en la Universidad Iberoamericana, lo que no es cierto. En sus declaraciones posteriores, corrigió el dato: su carrera académica aparece ahora como “trunca”.
Infraestructura a la deriva
En su revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF también realizó cinco auditorías para evaluar el desempeño de la Sedatu en la operación de distintos ejes y políticas que le incumben; en todas reportó deficiencias en el diseño de los programas y opacidad en el manejo de recursos.
Tres de ellas estudiaron el cumplimiento de la dependencia en la implementación del Programa de Infraestructura, el más importante de la Sedatu, que consiste en la realización de obras públicas, pero también en la construcción de cuartos adicionales o la instalación de estufas ecológicas en las viviendas de los mexicanos más pobres. Para ello, la dependencia dispuso de 6 mil 509 millones de pesos en 2016.
En la vertiente de Ampliación y Mejoramiento de las Viviendas, la ASF determinó que, si bien la Sedatu reportó la construcción de 77 mil 228 cuartos adicionales, no realizó el seguimiento de la ejecución de los proyectos de obra “para asegurar que los recursos se aplicaron para lo que fueron destinados”.
En la opinión de los auditores, la dependencia “no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que provoca un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda”.
Respecto del componente “Espacios públicos y participación comunitaria” del Programa de Infraestructura, la ASF sacó conclusiones similares: tras señalar que la Sedatu no comprobó el gasto de 28 millones de pesos ni los avances trimestrales de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados, el órgano fiscalizador deploró que la dependencia “desconoció su contribución en la atención del problema público”.
Lo mismo ocurrió con el componente “Infraestructura para el hábitat”. La ASF observó que una tercera parte de las obras registradas no cumplieron con al menos uno de los criterios, que la Sedatu apenas alcanzó un avance de 2.5% de sus objetivos y que no pudo comprobar que asesoró a las autoridades municipales y estatales en la construcción de infraestructura social.
En materia de Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, en la que la Sedatu gastó mil 802 millones de pesos en 2016 –el doble de lo programado a principios de año–, la ASF detectó una serie de fallas en el sistema de control interno de la dependencia y un uso posiblemente discrecional de los recursos.
La ASF determinó, entre otros, que la Sedatu no contaba con un proceso para detectar y combatir los riesgos de “corrupción, abusos y fraudes potenciales” en el manejo de fondos, y que la dependencia era deficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Concluyó: “(La Sedatu) no acreditó que realizó la conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio”.
Más y más “asesores”
En julio pasado, Proceso mostró que, cuando tomó posesión de la Sedatu, Robles contrató de manera discrecional y sin licitar a una legión de “asesores” –40 de ellos con sueldos superiores a 60 mil pesos mensuales–, bajo la modalidad de “prestadores de servicios profesionales”.
Entre las más de mil personas contratadas por la Sedatu figuraban excolaboradores y amigos de Robles, un exdirector del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), pero también priistas que todavía cursaban estudios, o la entonces coordinadora de campaña de Mariana Moguel Robles, hija de la titular de la dependencia.
A diferencia de los funcionarios de planta y las personas contratadas por honorarios, los “prestadores de servicios profesionales” de la Sedatu no tienen prácticamente ninguna obligación respecto de la dependencia: los contratos plantean que no tienen horarios, no tienen que acudir a las oficinas, y pueden conseguir un empleo en paralelo.
Este sistema de contratación opaco, que roza con la ilegalidad, fue operado por Emilio Zebadúa González, el oficial mayor, así como Humberto René Islas Cortés y Enrique Prado Ordoñez, respectivos directores de Administración de Bienes Materiales y de Adquisiciones y Contratos en la Sedatu.
Zebadúa, Prado e Islas tenían las mismas funciones en la Sedesol durante los dos años y medio en los que Robles dirigió la dependencia. Ellos elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales, que originaron los multimillonarios desvíos de dinero a través de redes de empresas fantasma, ampliamente documentados por este semanario desde 2015.
Cuando Proceso exhibió la estructura de asesores de Robles, en el verano pasado, la Sedatu insistió en que todo era legal, y aseveró que el número de asesores “sufrirá una disminución significativa en el segundo semestre (de 2017) debido a las políticas de ahorro determinadas a nivel federal”.
Pero no fue cierto: a partir del pasado 20 de julio, la dependencia a cargo de Robles otorgó mil 137 nuevos contratos de “prestadores de servicios profesionales” –con cinco meses de duración–, por un monto total de 164 millones de pesos, de acuerdo con el portal oficial Compranet.
Esta vez, Robles fue incluso más generosa que en el primer semestre del año: una revisión de los contratos muestra que 167 “asesores” ingresaron más de 40 mil pesos brutos mensuales, y para 68 de ellos el monto rebasó los 60 mil pesos.