La Jornada
En la madrugada del 19 de febrero
de 2006, hoy hace 12 años, una explosión de metano dejó atrapados a 65
obreros que laboraban en las profundidades de la mina Pasta de Conchos,
en Coahuila, y lesionó a otros 13 que fueron rescatados con vida. En
las horas y días siguientes, el gobierno federal, entonces encabezado
por Vicente Fox, y la concesionaria de la excavación, Grupo México,
reaccionaron en forma omisa ante la situación y en lugar de agilizar los
trabajos de rescate los obstaculizaron con innumerables pretextos y
desinformaron deliberadamente a la sociedad sobre la situación de los
infortunados mineros con datos contradictorios e inverosímiles. Más aún,
seis días después del accidente fue surgiendo información sobre la
negligencia de la empresa y de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, que entonces encabezaba Francisco Javier Salazar, en materia de
seguridad laboral.
La respuesta gubernamental a las denuncias del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalurgicos, Siderurgicos y Similares de la
República Mexicana fue una persecución administrativa y judicial en
contra de Napoleón Gómez Urrutia –quien debió buscar asilo en Canadá–,
que persiste hasta la fecha. Los cuerpos de la gran mayoría de los
mineros muertos aún permanece en el socavón colapsado y Pasta de Conchos
se mantiene como un agravio abierto, un ejemplo de la extremada
voracidad empresarial –Grupo México obtiene utilidades de decenas de
miles de millones de pesos– que llega al desprecio por la vida humana y
como un caso ilustrativo de la falta de voluntad oficial para tutelar
los derechos de los trabajadores.
Ayer, en vísperas del 12 aniversario de la tragedia que ha
sido calificada por diversos organismos sindicales y de derechos humanos
de México y del extranjero como
homicidio industrial, las viudas y deudos de los 65 mineros fallecidos marcharon una vez más en demanda de justicia y del rescate de los cuerpos todavía enterrados en la mina e inauguraron un segundo
antimonumentoen el Paseo de la Reforma, adicional al erigido por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. En una misa realizada en la glorieta del Ángel de la Independencia, los sacerdotes Miguel Concha y Raúl Vera coincidieron, en sus respectivas homilías, en señalar que no se ha cumplido con la más elemental justicia para con los caídos y sus familias y que el gobierno federal mantiene una deuda con ellos.
El caso de Pasta de Conchos es, por lo demás, un doloroso marcador en
la ruta de degradación nacional que persiste hasta la fecha y que tiene
como característica más exasperante la devaluación de la vida humana,
de la dignidad laboral y de la vigencia de las garantías y derechos
fundamentales.
No es tolerable y ni siquiera sensato que se siga apostando al olvido
de la tragedia ocurrida hace más de una década en el socavón
coahuilense y a la sedimentación de ese agravio en otros más recientes.
Hay responsabilidades vivas por deslindar, daños por reparar y errores
que reconocer. En tanto no se proceda en este sentido, Pas-ta de Conchos
seguirá siendo un eslabón más de la cadena de impunidades que son causa
directa del deterioro institucional en curso.
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