Más que los discursos y
las escenografías de este domingo de confirmación de las candidaturas
presidenciales tan sabidas, resultan especialmente significativos los
movimientos internos, los reacomodos grupales y, en especial, las
postulaciones a las cámaras legislativas.
Dos de los candidatos ya oficiales (hasta ayer aún eran
precandidatosque habían hecho
precampañas) mantuvieron un control personalísimo sobre los rangos importantes de las listas de aspirantes a diputaciones federales y senadurías: Andrés Manuel López Obrador, en Morena, se permitió incluso el exceso de colocar en lugares viables al dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia (llamado Napito en razón de haber heredado el control de ese sindicato de su padre, Napoleón Gómez Sada, quien duró 40 años como jefe de ese gremio, al clásico estilo priísta). Gómez Urrutia fue acusado de desvío de recursos por más de 50 millones de dólares de trabajadores mineros, por lo cual, y ante las evidencias de acción penal en su contra por parte del foxismo-calderonismo luego del accidente de Pasta de Conchos, se fue a vivir a Canadá, obteniendo una visa humanitaria, al declararse perseguido político, y luego la nacionalidad canadiense, según informó en su momento el abogado Marco Antonio del Toro (el mismo defensor legal de Javier Duarte de Ochoa y de Elba Esther Gordillo).
Además de esta designación, resulta polémica y contradictoria la
incorporación del ex presidente nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), Germán Martínez Cázares, miembro del grupo central que operó el
fraude electoral de 2006 y defendió la imposición de Felipe Calderón en
términos jurídicos y políticos. Martínez Cázares publicó en días pasados
un artículo periodístico en el que narró que le había sido ofrecido el
formar parte de una terna que López Obrador presentaría, de llegar a
Palacio Nacional, para ocupar la Fiscalía General de la República. No
aceptó esa propuesta, pero ayer apareció en la lista de aspirantes al
Senado, en un lugar relevante.
Ricardo Anaya Cortés también acomodó los futuros asientos
legislativos de su partido conforme al interés de su candidatura
presidencial. Ello le causó un revire tan enjundioso como luego
negociable por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado,
quien hizo en una sesión interna de la cúpula de Acción Nacional una
denuncia detallada de las maniobras e irregularidades cometidas por el
grupito de Anaya. El enojo oratorio de Corral tuvo como telón de fondo
que el frío y traicionero Anaya no incluyó en lugares preferentes, rumbo
al Senado, a César Jáuregui Robles, actual secretario general del
gobierno de Chihuahua, y a Gustavo Madero, el ex presidente nacional del
PAN (impulsor de Anaya, a quien creyó que iba a manejar al dejarle la
presidencia del partido de blanco y azul). La aparente ruptura de Corral
con Anaya y el PAN hizo que en Morena le hicieran guiños de bienvenida,
pero el chihuahuense aclaró que no hay tal posibilidad de migración y
reiteró que, a su juicio, López Obrador es un político mezquino.
Los enojos internos en Acción Nacional provienen de los métodos
inducidos por el grupo de Anaya para acotar las propuestas regionales y
acomodar los segmentos privilegiados de las listas legislativas al pago
de las cuentas políticas que éste suscribió en el proceso de hacerse de
la candidatura presidencial. En primer lugar para el Senado aparece
Josefina Vázquez Mota, a pesar del expediente oscuro de los más de mil
millones de pesos recibidos del gobierno federal para
apoyo a migrantesy que, triangulados, fueron ejercidos por personajes del josefinismo. Recuérdese que Vázquez Mota fue candidata a gobernadora del estado de México y desde que fue postulada, en febrero de 2017, se filtró la información de que había aceptado esa jugada electoral de sacrificio a cambio de ser candidata segura al Senado.
En segundo lugar de la lista del PAN fue aprobado Miguel Ángel
Mancera, político sin registro partidista pero, al mismo tiempo, figura
central del perredismo y controlador de la presidencia del comité
nacional, ahora con Manuel Granados y hasta hace poco con Alejandra
Barrales en ese cargo. Mancera cobra así el hacerse a un lado para que
Anaya fuera candidato presidencial, lo mismo que Rafael Moreno Valle, el
ex gobernador de Puebla que está encaminado a lograr un escaño, luego
de ceder el paso al mismo Anaya (Moreno Valle, además, logró que su
esposa sea candidata a gobernadora de Puebla).
En el bando priísta las batallas internas no se reflejan tanto en las
listas de aspirantes a cargos legislativos como en la búsqueda de
controlar la campaña del candidato presidencial, su entorno decisorio y
su discurso. José Antonio Meade sigue impedido de desplegar algo
parecido a una propuesta propia: lo mantienen atado a las figuras
desgastantes de Los Pinos y de Enrique Peña Nieto. Ha dicho que no se va
a deslindar de estas figuras. En todo caso, ayer ensayó algo parecido a
una cierta crítica: dijo que los priístas, y él en lo personal, deben
atender el malestar social y
hacerse cargo(¡oh, cuán rudo concepto!) de la decepción y el malestar de la población por la violencia y los escándalos de corrupción. Ah, y en un tuit anunció que creará un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona.
En lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo
más notable fue un pleito a sillazos entre miembros de corrientes
internas. De las candidaturas al Senado por la vía de la representación
proporcional resaltan las designaciones de Emilio Álvarez Icaza, quien
aspiraba a ser candidato presidencial por la agrupación Ahora; de Jesús
Zambrano, directivo del grupo de los chuchos, y la panista Xóchitl Gálvez.
Para cerrar la presente entrega, estas palabras dichas ayer por López
Obrador: “Soy terco –es de dominio público–, necio, dicen obcecado,
perseverante o como suele llamarse a quienes defienden principios o
alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la
República: con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de
manera obcecada, voy a acabar con la corrupción”. ¡Hasta mañana!
La codicia de Los tres cochinitos
(los asambleístas del PRD Mauricio Toledo y Leonel Luna, y el panista
Jorge Romero) ha conducido a la desintegración de la Comisión para la
Reconstrucción de Ciudad de México, creada tras el sismo del 19 de
septiembre pasado. Ricardo Becerra, Mauricio Merino y la periodista
Katia D’Artigues renunciaron. En el centro del desencuentro están 8 mil
millones de pesos que los porcinos quieren agandallar, aparentemente
para beneficio personal y también para apoyar a la candidata frentista
Alejandra Barrales. El ex comisionado Becerra dijo que las condiciones
normativas de la comisión que presidía habían cambiado, y
ahora las decisiones provienen de la Asamblea Legislativade la ciudad. Por su lado, Mauricio Merino anunció su renuncia por su inconformidad con las facultades para vigilar y regular los recursos que se autoasignaron Toledo, Luna y Romero, que anulan la tarea de vigilar los recursos con transparencia. Katia D’Artigues también dimitió. “Dejo a la comisión –creada por la Ley de Reconstrucción de Ciudad de México–, a la que fui honrosamente invitada, en un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie”, expresó en un mensaje de su cuenta de Twitter. Y, mientras tanto, los damnificados siguen esperando apoyo.
El fuero como refugio
¿Qué tienen en común tres futuros senadores del PAN? Se
trata de Josefina Vázquez Mota, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel
Mancera. Son aspirantes fallidos a la Presidencia de la República y
además necesitan la tranquilidad que da el fuero. A Josefina la
persiguen los recursos (mil millones de pesos, aproximadamente) que su
asociación, Juntos Podemos, recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fue su contendiente por la Presidencia y corrió a declararlo ganador. A
Moreno Valle se le acusa de dejar una deuda cuantiosa a su paso por el
gobierno de Puebla y un estado lastimado por una serie de violaciones a
los derechos humanos y por una ola de feminicidios. Renunció a sus
aspiraciones presidenciales a cambio de que su esposa, Martha Érika
Alonso, sea la candidata del PAN a gobernadora de Puebla. A Mancera lo
persiguen sus presuntos negocios con el pulpo inmobiliario, la
destrucción de Paseo de la Reforma por la línea del Metobús R7 y los
anuncios, y el manejo de los recursos destinados a apoyar a los
damnificados del S-19.
Los antecedentes de crímenes
masivos no son nuevos en Estados Unidos. Tienen antecedentes que datan
de años. El recuento de los más recientes es doloroso, porque la
mayoría de los que murieron fueron niños y jóvenes.
En 1999, 13 estudiantes murieron en una secundaria de Columbine,
Ohio; 24 resultaron heridos. En 2007, 32 en el Tecnológico de Virginia;
en 2011, seis en Arizona durante una mitin político; en 2012, 12 en un
cine en Aurora, Colorado, y hubo 70 heridos; también en 2012, 20 niños y
seis profesores en la primaria Sandy Hook, en Connecticut; en 2015, 14
en San Bernardino, California, durante una reunión social, y hubo 21
lesionados; en 2016, 49 en un centro nocturno de Orlando, Florida; en
2016; 58 en Las Vegas, Nevada, y cientos fueron heridos; en 2018, 17
estudiantes y maestros en una secundaria de Parkland, Florida.
En todos los asesinatos, las armas que se usaron eran semiautomáticas.
Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud encontró
que, entre las naciones de más alto ingreso, 91 por ciento de jóvenes y
menores de 15 años que fallecieron por esa misma razón eran de Estados
Unidos.
Los legisladores estadunidenses no han querido admitir o entender que
la segunda enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a
poseer armas, fue producto de una coyuntura en un país que había vivido
una etapa cuando éstas eran necesarias para luchar en contra del
ejército enemigo. A menos que alguien piense que en la actualidad
Estados Unidos puede ser invadido, dicha enmienda debería revisarse y,
en su caso, actualizarse a la luz del siglo XXI. Para los niños, jóvenes
y maestros asesinados, la lectura anacrónica y convenenciera de la
segunda enmienda ha sido consecuencia de su temprana muerte. Sólo
algunos legisladores que están atados a los cánones e intereses de la
industria que produce armas son capaces de argumentar que el país vive
en las mismas condiciones que en 1791, cuando fue escrita la segunda
enmienda constitucional.
La prerrogativa que otorga a todo
ciudadano el derecho a aspirar a ser Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos está asentada en el artículo 35 de nuestra Carta Magna. Los
requisitos que deben cubrir quienes quieren ostentar tan alto encargo se
describen, tanto en los artículos 82 y 83 como en las leyes en materia
electoral, que fijan los requisitos, condiciones y términos que todo
ciudadano debe cubrir si toma la decisión, ¡Y qué decisión! de enfrentar
a la aguerrida partidocracia que nos domina y disputarle, en solitario (
independientese dice, y yo pregunto, ¿de quién?) el botín pluripartidista.
Al respecto de estas candidaturas, los pros y contras son infinitos.
Yo, lo declaro públicamente, estoy formado por el sí. Considero que un
régimen que se declara, se ostenta, como popular, democrático,
representativo, republicano, laico, no puede de entrada ser, por motivo
alguno, excluyente.
Es inimaginable regresar a los tiempos del PAN fundacional (me
refiero obviamente al siglo XlX), cuando el derecho al voto y no se diga
a ser votado, estaba condicionado a que los electores tuvieran bienes
suficientes o ingresos de consideración que los hicieran, evidentemente,
gente honorable. Contaba también, por supuesto la tez, el origen y la
correcta pronunciación y comprensión de rediez, Aranjuez y no jodéis.
Pienso que el pueblo llano debe tener derecho a escoger, aún a
quienes lo van a dejar más llano todavía, merced a la infamia de un voto
cooptado, inducido, cambalacheado gracias a las carencias y urgentes
necesidades que van desde un tambo de agua, un tinaco o la esperanza de
un sufragio que reditúe, ahora, lo que nunca me llegará mañana. No
comparto la demagógica, ridícula y fantasiosa pretensión de que el
pueblo, nada más por serlo, siempre tiene la razón o que nunca se
equivoca. Por el contrario, estoy convencido que amplios sectores de ese
enorme conglomerado identificado como
el pueblo, están en condiciones muy precarias para identificar lo que verdaderamente es correcto, cierto y conveniente. Mínimos conocimientos, información insuficiente, pobre manejo de la
castillapara expresarse y darse a entender y las miles de carencias, limitaciones de todo tipo que son, al tiempo, causa y consecuencia del atraso, la marginación, la sobrexplotación.
Han transcurrido 12 larguísimos
años desde la explosión del 19 de febrero de 2006, y el empresario
responsable del homicidio industrial (el tóxico Germán Larrea, junto con
su Grupo México) se mantiene impune e incrementando su de por sí enorme
fortuna, mientras 63 cuerpos de los 65 mineros muertos en Pasta de
Conchos, Coahuila, permanecen bajo toneladas de rocas y tierra, y los
deudos sin respuesta alguna.
El primer reporte del
accidenteen aquella mina coahuilense (que a todas luces se pudo evitar si las constantes denuncias de los trabajadores hubieran sido atendidas) señalaba que
la acumulación de gas metano (muy por encima de los estándares legales para poder trabajar) provocó la explosión y derrumbe de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas. El accidente ocurrió a 150 metros bajo tierra en la madrugada del domingo 19 de febrero. Trece trabajadores fueron rescatados y hospitalizados con golpes y quemaduras. El equipo de auxilio señaló que las labores de búsqueda se realizan con lentitud debido a las condiciones en que quedó el sitio. Los familiares se mantienen en zozobra. Y éstas así se han quedado, en espera del rescate de sus seres queridos”.
En su informe 2006 Grupo México dijo que
ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta de Conchos y la empresa dio respuesta inmediata y decisiva a este grave accidente en los trabajos de rescate y luego de búsqueda de nuestros mineros, así como el apoyo humanitario a sus familias de índole económico, educativo, de salud y social, sin precedente en México para las familias de nuestros mineros. Sin embargo, en los hechos, esa
respuesta inmediata y decisivanunca trascendió el discurso y, con la anuencia del gobierno foxista, apenas cinco días después de la explosión se suspendió la búsqueda de los mineros. Y nunca se hizo el menor esfuerzo para rescatar los cuerpos.
Pero a los barones de la minería les fue de maravilla. El 12 de marzo de 2006 en este espacio se comentó que
no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legisladores trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizarles un filón adicional a los empresarios de la minería. El Legislativo aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresarios de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México (Larrea), Peñoles (Bailleres), Autlán (Rivera Larrea) y Grupo Acerero del Norte (Ancira), por medio de sus subsidiarias Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacionales con las que estos corporativos mexicanos se han asociado.
Desde entonces, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Vicente
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y la única ruta por la que
esa tercia transitó fue la de garantizar impunidad a Larrea (como a
otros barones), otorgarle más y más concesiones mineras, ofrecerle
“nuevas oportunidades de negocios (como el petrolero) y protegerlo de
cualquier responsabilidad por todo tipo de
accidentestóxicos, como la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014 (léase el derrame de cuando menos 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, antes Minera Cananea, propiedad del tóxico empresario; el gobierno peñanietista los calificó como el
peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, pero no le canceló la concesión ni hizo mayor cosa para no
ofenderal magnate).
Así, a lo largo de ese periodo la fortuna de Germán Larrea se
multiplicó por 14 (de mil a 14 mil millones de dólares), siempre a
costillas de los bienes de la nación, al tiempo que este personaje y sus
cancerberos afirman que Grupo México
no tiene dineropara rescatar los cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos. Sin embargo, la mayor parte del complejo de carbón y coque de Nueva Rosita, Coahuila, (propiedad de Larrea) sigue en operación. De hecho, en su más reciente informe financiero, Grupo México detalla que en esa zona opera una mina a tajo abierto
con una capacidad de producción de 350 mil toneladas de carbón al añoy que al 31 de diciembre de 2016
las reservas de carbón para la planta de Nueva Rosita eran de 95.1 millones de toneladas. Pero
no hay dineropara el rescate.
Entonces, en los 12 años transcurridos se han sucedido tres
inquilinos de Los Pinos (Fox –quien al igual de Germán Larrea, nunca se
apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los
mineros fallecidos–, Calderón y Peña Nieto); cinco secretarios del
Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de monseñor Carlos
Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador y
voceropriísta–, Rosalinda Vélez, Alfonso Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernación, y Roberto Campa, recién estrenado en el cargo); siete procuradores generales de la República y un encargado de la tienda (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodamente instalada en el consulado de México en Milán, Italia–, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), Raúl Cervantes Andrade (el fracasado fiscal carnal) y Alberto Elías Beltrán.
Con el neoliberalismo inicio un proceso de concentración regresiva del ingreso y la riqueza.
En México el impacto neoliberal ha sido demoledor para la
economía del país y para el 80% de la población, y la degradación se
manifiesta cada vez con más intensidad en todos los ámbitos. Hoy
analizamos sus efectos en la concentración del ingreso, causa primaria
de sus contrapartes: pobreza, marginación, desempleo, erosión salarial,
corrupción, inseguridad,...
De la riqueza generada cada año por todos los que participan en una
economía, su distribución entre los factores de la producción la definen
como socialmente en desarrollo o en regresión.
Tras un lento avance, México llegó a su mejor momento distributivo en
1976, cuando del Ingreso Nacional los asalariados recibieron el 43.5%
(60% o más en los países avanzados) y el capital 52.9%. Diez años
después, ya en la fase neoliberal, el salario (trabajo) sólo recibió
34.8% y la ganancia 60.7%. En 2016 (último año con cifras) el salario
recibe el 32.2% y el capital 59.5 (que en realidad es el 80% del PIB
dado que 20.5% se contabiliza como consumo de capital fijo, que es la depreciación de activos fijos: maquinaria, equipo, construcciones) (Gráfico 1).
“Estamos juntos aquí
porque si lo único que puede hacer nuestro gobierno y el presidente es
enviar sus condolencias y oraciones, entonces es momento de que las
víctimas sean el cambio que necesitamos ver”, declaró Emma Gonzalez
durante un mitin contra las armas el sábado en Fort Lauderdale, cuatro
días después de sobrevivir a la matanza en su preparatoria en el pueblo
de Parkland, Florida, a unos kilómetros de donde hablaba con voz firme y
entre lágrimas de ira y tristeza.
Gonzalez, de 18 años, señaló que ya todos conocen las estadísticas
sobre los tiroteos masivos y cómo se repiten estas tragedias por todo el
país. De hecho, ella y sus compañeros se han sumado a los más de 150
mil estudiantes en más de 170 escuelas primarias, secundarias y
preparatorias que han atestiguado un tiroteo en sus instalaciones desde
la matanza en la preparatoria Columbine, en 1999, según un análisis del Washington Post.
“Vamos a ser los jóvenes de los cuales ustedes después leerán en sus
libros de texto. No porque vamos a ser otra estadística sobre tiroteos
masivos en Estados Unidos, sino porque vamos a ser el último tiroteo
masivo (…) vamos a cambiar las leyes”, prometió a los más de mil
estudiantes, padres de familia y otros que se congregaron para decir
ya basta.
Si el presidente quiere presentarse frente a mí y decirme en mi cara que esto fue una tragedia terrible y que nunca debió haber ocurrido, y si quiere seguir diciendo que nada se puede hacer al respecto, felizmente le preguntaré cuánto dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle. Y ¿quieren saber algo? No importa, porque ya sé: 30 millones de dólares (...) A todo político que recibe donativos de la NRA (Asociación Nacional del Rifle): vergüenza, y en ese momento cientos de sus compañeros y padres de familia corearon:
vergüenza, vergüenza.
La decisión del consejo
estatal del PAN de quitar al diputado federal Jorge Ramos Hernández la
primera posición en la candidatura al Senado por Baja California, y
darla a la también diputada federal Gina Cruz, fue un golpe inesperado
al equipo de quien se perfila como el candidato de Acción Nacional a la
gubernatura, que se disputará el próximo año.
Cuando se registró como precandidato al Senado se le dijo que
encabezaba la fórmula y no tendría contrincante masculino. Quienes van
en primera posición tienen asegurado que si su partido queda en segundo
lugar entran como primera minoría. José Guadalupe Osuna Millán, quien
también aspiraba a esa posición, se rezagó cuando apoyó públicamente a
Margarita Zavala y retó al partido a que lo expulsara por ello.
El diputado ya fue alcalde de Tijuana y tiene más presencia política y
mediática que Gina Cruz, esposa del secretario general de gobierno,
Francisco Rueda, así que todo indicaba que con Osuna Millán de lado, el
grupo de Jorge Ramos había logrado acuerdos de largo alcance con el del
mandatario, Francisco Kiko Vega. Pero el viernes pasado le
aplicaron un descontón, y nadie sabe si las encuestas tuvieron algo que
ver. En el reacomodo se vislumbra que la esposa del gobernador, Brenda
Ruacho, sea la suplente de Gina Cruz.
Nadie sabe para quién
se deja crucificar. Si el buen Jesús de Nazaret o de Belén o de donde
usted prefiera hubiese imaginado el enredo, diferencias y enjuagues en
que se iba a convertir su visión de la vida y del ser humano con las
subsecuentes versiones que de ésta harían sus seguidores, seguro se
habría disfrazado y huido lejos de Jerusalén, del Monte Calvario y de su
optimismo por salvar almas en un mundo cuyos habitantes sólo han
aprendido a multiplicarse, en buena medida gracias a... ¡las religiones!
A lo largo de la historia las diversas corrientes de simpatizantes,
seguidores y practicantes del supuesto mensaje de Cristo, pues éste
nunca escribió (católicos, decenas de denominaciones protestantes,
ortodoxos y coptos con sus respectivas estructuras jerárquicas,
burocracias y caudales), no han logrado dar testimonio de armonía de sí
mismos, entre sí y con los demás, precisamen-te por su notoria
incongruencia entre lo que dicen creer y lo que hacen, así como por su
feroz intolerancia, sean perseguidores o perseguidos. Aquel mensaje de
amor original fue abortado por el afán de poder y confundido con la
procreación irresponsable.
En la madrugada del 19 de febrero
de 2006, hoy hace 12 años, una explosión de metano dejó atrapados a 65
obreros que laboraban en las profundidades de la mina Pasta de Conchos,
en Coahuila, y lesionó a otros 13 que fueron rescatados con vida. En
las horas y días siguientes, el gobierno federal, entonces encabezado
por Vicente Fox, y la concesionaria de la excavación, Grupo México,
reaccionaron en forma omisa ante la situación y en lugar de agilizar los
trabajos de rescate los obstaculizaron con innumerables pretextos y
desinformaron deliberadamente a la sociedad sobre la situación de los
infortunados mineros con datos contradictorios e inverosímiles. Más aún,
seis días después del accidente fue surgiendo información sobre la
negligencia de la empresa y de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, que entonces encabezaba Francisco Javier Salazar, en materia de
seguridad laboral.
Posverdades y plusmentiras
Deseo felicitar a La Jornada por
fomentar la discusión con el brillante artículo de Fernando Buen Abad
Domínguez, quien pone en evidencia las enormes ramificaciones que tienen
los grandes medios (mass media) internacionales y que con
frenesí difunden sus planteamientos, que se convierten frecuentemente en
dogmas en tanto machacan a toda hora sus sentencias. Jueces del mundo,
fiscalizadores de conciencias, los grandes mainstreams de la información se han convertido en difusores de la llamada absurdamente
posverdad. Así han actuado en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, diseminado odio, calumnias y confundiendo la nota roja con el análisis político.
En mi anterior artículo sobre la nueva guerra fría de
Donald Trump y la reciente gira del secretario de Estado Tillerson a
América Latina, dijimos que una de las fórmulas del presidente
estadunidense para seguir manteniendo el control de los países del
continente era sin duda la doctrina Monroe, ya vieja de un siglo pero
muy eficaz para el imperio y para mantener el estatus favorable a sus
intereses en esta parte del mundo.
La lucha de un pueblo para
sacudirse un sistema económico y político injusto y opresor no es
fácil; los cambios requieren sacrificios, unidad de quienes se
comprometen a lograr el objetivo, pero también de aliados y esto amplía
las necesidades a una seria reflexión, a un debate sobre estrategias y
métodos para el día a día de la batalla por el cambio. Durante mucho
tiempo la lucha, primero del
gobierno legítimo, después del movimiento precursor y ahora del partido Morena, recayó en un sector indignado e informado de la sociedad.
Cada que puede, Andrés Manuel López
Obrador proclama que en México manda la mafia del poder, formada por
funcionarios, empresarios, políticos y sus voceros. Todo lo malo que nos
pasa es culpa de ella, afirma. Pero hay otras mafias que disponen de
recursos públicos y manejan instituciones financiadas por el erario.
Los maestros han sido
botín político de las cúpulas sindicales y de sus fricciones internas en
esta coyuntura electoral. Mediante Nueva Alianza, Juan Díaz de la Torre
oferta el voto magisterial al PRI, su partido protector; Elba Esther
Gordillo Morales, por conducto de las Redes Sociales Progresistas (RSP),
de sus familiares y de su operador más notable, el ex secretario
general del SNTE Rafael Ochoa Guzmán, ofrece el voto de los maestros y
sus huestes electorales a Morena.
La generación de riqueza,
su acumulación y apropiación tienen hoy rasgos particulares y
diferentes a los que definían convencionalmente al capitalismo como
forma de producir y de distribuir ese producto.
Si le hemos de creer a Fahrad Manjoo, comentarista de tecnología en New York Times, los
días del texto, es decir, de la escritura, están contados. Así de
simple. Podemos deducir que su disolución será paulatina, desaparecerá
cuando lo haga el último humano capaz de leerlo. Pero Manjoo lo
considera inexorable y ofrece ejemplos de innovaciones digitales que lo
respaldan. Nos recuerda que cuando nació Internet, las computadoras sólo
leían texto, poseían sus propios
idiomaso
lenguajes. Pero ya hace rato que dotamos las máquinas de ojos y oídos.
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