Hace 12 años, la madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos cobró la vida de 65 trabajadores. El lugar era un desastre en materia de seguridad, y de eso sabían, al menos con dos años de anticipación, la empresa, el sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Fueron sus representantes quienes identificaron, apenas 12 días antes, en la visita de verificación del 7 de febrero de aquel año, desperfectos eléctricos, falta de procedimientos para inhibir la explosividad del polvo de carbón, mala ventilación para expulsar el gas, así como una pésima colocación de ademes que convertían el lugar en un socavón letal.
Además, las condiciones laborales eran precarias para la mitad de los trabajadores que fueron subcontratados gracias a un convenio de protección que generaba dividendos para el sindicato nacional y que a la postre devino en pensiones de aproximadamente 2 mil pesos para las viudas, determinados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) calderonista, entonces a cargo de Joaquín Blanes Casas, un político transexenal y actual director de Correos de México.
La mina era de Industrial Minera México, una subsidiaria de Grupo México cuyo presidente y accionista mayoritario es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna personal estimada el año pasado por la revista Forbes en 13 mil 800 millones de dólares. Mucho dinero, mucho poder, con gobiernos que posibilitaron que esas muertes quedaran impunes.
Dado que había numerosas irregularidades, se abrieron expedientes en todas las materias, entre éstas la laboral por seguridad e higiene, y la administrativa por la irregularidad en la actuación de servidores públicos. Tocó conocer el caso a la Secretaría de la Función Pública a cargo de Martínez Cázares, que a pesar de la abundante información documental y testimonial no emitió sanciones a su paso por la dependencia.
Los hechos en Pasta de Conchos coincidieron con una embestida del gobierno de Vicente Fox para defenestrar a Gómez Urrutia, a quien le negaron la toma de nota. La última vez que se le vio en público, antes de huir a Canadá, fue por aquellos días de 2006 en Pasta de Conchos, cuando las familias de los mineros lo encararon, y al intentar correr cayó en un charco de lodo.
Encargado de perseguir a Gómez Urrutia, Javier Lozano también es responsable de la impunidad. El 20 de marzo de 2009, entonces como secretario del Trabajo, lo entrevisté en Monterrey.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) había emitido su informe GB 304/14/8 reprobando al Estado Mexicano en 25 de 27 reclamos. Aunque yo tenía el informe en la mano, Lozano mintió. Me dijo que la OIT había cerrado el caso, que le daba la razón al gobierno y, en su estilo pendenciero, descalificó a los deudos y defensores que acompañaban los reclamos. Lozano es responsable de evitar todo intento por esclarecer lo ocurrido.
Sólo por los deudos –y defensores como Cristina Auerbach y el obispo Raúl Vera que ayer ofició en la calle, frente a la Bolsa Mexicana de Valores– el reclamo sigue latente. Como en aquellos días de 2006, Auerbach sigue encontrando irregularidades, ocultamientos, y exigiendo que se abra la estructura que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cerraron bajo engaños y dictámenes a modo, autorizando que en parte volviera a operar para favorecer a Rogelio Montemayor, aquel director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado y exonerado por el famosísimo “Pemexgate”, el gran escándalo por desvío de recursos a la campaña del PRI en 2000.
Las minas de carbón siguen matando trabajadores, los empresarios se hacen más ricos y los políticos panistas que les dan impunidad, siguen en el poder ahora por el PRI y seguirán por Morena.