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| Dos personas en situación de calles sentados afuera de un puesto de películas en Ciudad de México, observan la televisión del comercio. FOTO: Tercero Díaz / Cuartoscuro.com |
Al principio fue apenas una mínima aspiración, luego la idea le hizo
nido en la cabeza hasta volverse un proyecto de vida. Diana, de 19 años,
quería estudiar Química en la UNAM. Su plan era dejar Teopisca, en
Chiapas, donde vivía con sus padres y hermanos, mudarse a Ciudad de
México para estudiar en una de las mejores universidades y luego
integrarse a un equipo de desarrollo y evaluación de fármacos en una
empresa o quizás en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).
Desde niña sus profesores le dijeron que tenía aptitudes
sobresalientes y su promedio fue siempre de los más altos del grupo. Su
sueño tenía bases y estaba segura que podía entrar en la UNAM. O eso
creía antes del examen de admisión: obtuvo 45 aciertos de 110.
A Sophia no le preocupa el examen de ingreso a la UNAM. Estudiante de
segundo año de preparatoria en una escuela privada de Ciudad de México,
tiene planeado cursar sus estudios universitarios en el extranjero.
Todavía no se decide entre derecho, relaciones internacionales, leyes,
historia o economía.
A la joven de 18 años lo que le preocupa es su país y quiere aportar,
así que aprovechará el apoyo que pueden brindarle sus padres para
migrar, como su hermano que estudia cine en Barcelona, España. Sophia
cursó el segundo año de secundaria en Canadá y sabe que tiene una
ventaja competitiva por estudiar en el extranjero, misma que tomará para
capacitarse y luego regresar a México.
Diana no tendrá esa opción. Unos meses antes del examen de admisión
ya le habían advertido que podría no quedar en la UNAM. Con el apoyo de
un programa para impulsar a niños, niñas y jóvenes con talento para la
ciencia, llegó a Ciudad de México para hacer un examen muestra. “Con esa
prueba nos dimos cuenta que su nivel académico en matemáticas era como
de primero de secundaria, en geografía estaba a nivel primaria”, dice
Gabriela de la Torre, directora del Programa Adopte un Talento (PAUTA).
Diana se quedó varios días en la ciudad, trabajando con un asesor que
intentó ponerla al corriente. “Corroboramos que tiene aptitudes
sobresalientes, porque logró casi nivelarse en matemáticas, pero el
atraso que traía era en todas las materias”, afirma de la Torre.
Diana y Sophia son mexicanas y tienen los mismos derechos ante la ley, pero no en la realidad.
Su lugar de nacimiento y su estrato socioeconómico han marcado su
destino e irán ensanchado las desigualdades entre ambas a lo largo de su
vida, como documenta el informe Desigualdades en México 2018, elaborado por El Colegio de México.
De acuerdo con el estudio, solo el 2.1 % de los mexicanos nacidos en
hogares con menor acceso a bienes y servicios (quintil 1) puede escalar
socialmente en la edad adulta a los grupos con mayor acceso. En
contraste, las personas nacidas en el grupo de mayor acceso a bienes y
servicios (quintil 5) tienen una alta probabilidad de mantener una
posición de ventaja en la edad adulta.
El pronóstico es desalentador: el 76 % de los hijos nacidos en los
hogares del quintil 1 se mantendrán en los dos quintiles menos
favorecidos cuando sean adultos, es decir, en el 40 % más bajo en el
acceso a bienes y servicios (quintiles 1 y 2). En tanto, el 80 % de los
hijos nacidos en los hogares del quintil 5 permanecerán por lo menos en
el 40 % de mayor disponibilidad (quintiles 4 y 5).
Y la clase media tampoco se mueve. Las personas que nacieron en
hogares localizados en la mitad de la distribución (quintil 2 y 3)
tendrán más probabilidad de permanecer en ese estatus que ascender
socialmente.
“Si tuviéramos movilidad social perfecta, esperaríamos que la
movilidad ascendente fuera 20 %. El país más cercano a ese nivel es
Canadá (13.5 %), seguido por Dinamarca (11.7 %), Francia (11.2 %),
Suecia (11.1) e Italia (10.4 %) y, con un poco menos de movilidad Reino
Unido (9.1 %) y Estados Unidos (7.5 %). México se encuentra en el último
lugar, con una movilidad de ingreso ascendente de 2.1 %.
“Esta movilidad, sumamente baja, implica que el país no tiene un
sistema efectivo para igualar las oportunidades de acceso de los
ciudadanos a bienes y servicios cruciales. Al contrario, el origen
económico de los mexicanos determina, en muy buena medida, las
condiciones socioeconómicas que experimentan cuando son adultos”,
sostiene el informe.
Figura 2.2. Movilidad intergeneracional ascendente de ingreso países seleccionados
Dime dónde vives y te diré qué tanto aprenderás en la escuela
La profunda desigualdad en México empieza por la educación, requisito
básico para acceder a la mayoría de los puestos de trabajo calificado,
documenta el estudio. Los estudiantes que asisten a escuelas públicas
tienen experiencias educativas distintas dependiendo del estado donde
viven. “Además de la heterogeneidad en la calidad de la enseñanza, hay
una variación geográfica importante en la infraestructura básica de los planteles educativos, lo cual también tiene un impacto en los aprendizajes”, se explica.
Un indicador para medir este dato es el servicio de drenaje
en las escuelas como un piso mínimo de bienestar, cuya cobertura
nacional está lejos de alcanzarse. Los estados con carencias más graves
son Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, donde solo un tercio o menos de
los inmuebles tienen drenaje. En contraste, únicamente Aguascalientes,
Ciudad de México y Tlaxcala cuentan con este servicio en el 80% de sus
planteles. Y si bien se observa un rezago mucho menor en el norte,
Sonora, Chihuahua y Tamaulipas tienen apenas una cobertura de entre 48 y
64.3 %, de acuerdo con el estudio.
Este dato es importante no solo por un tema de salud. De acuerdo con
El Colmex, “la disponibilidad de instalaciones sanitarias apropiadas se
ha relacionado con que las niñas permanezcan y aprovechen la escuela”.
Otro indicador tiene que ver con el acceso a una biblioteca en el plantel.
“Más de la mitad de los estados del país presentan porcentajes de
cobertura menores a 50 %. En general, mientras la región norte muestra
niveles relativamente altos y más homogéneos en la disponibilidad de
biblioteca, el sur presenta los niveles más bajos”. Así, mientras Ciudad
de México, Puebla y Tlaxcala registran porcentajes relativamente altos,
Estado de México, Morelos, Querétaro y Michoacán reportan proporciones
menores a 48 % del total de centros escolares con biblioteca.
“La distribución de estos indicadores de infraestructura revela
patrones diferenciados sobre cómo se prioriza y se ejerce el gasto
educativo en nuestro país. Estas decisiones de gasto inciden de manera
directa en la vida escolar de los y las estudiantes”, enfatiza el
informe. Es decir, la infraestructura educativa marca una desigualdad
territorial.
Esta cobertura o carencia de infraestructura en los planteles
escolares va a la par de la ciudad donde se vive y del ingreso que se
tiene. En México, pertenecer al grupo de ingresos más altos hace
entre 4 y 5 veces más probable obtener mejores aprendizajes en
comparación con los jóvenes del grupo de ingresos más bajos.
Además, la probabilidad de que un estudiante de una escuela urbana
alcance mejores aprendizajes es entre 3 y 4 veces mayor que la de un
alumno de una escuela rural, explica Melina Altamirano, profesora
investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colmex.
“Los grupos en desventaja tienen una serie de obstáculos a remontar.
Deben invertir mayores esfuerzos y tiempo para lograr los mismos
resultados, y su probabilidad de alcanzarlos es mucho más baja en
comparación a grupos que se encuentra de entrada en posiciones más
privilegiadas”, indica.
Por ejemplo, el porcentaje de no indígenas que logran aprendizajes
competitivos no ha tenido mucha variación entre 2006 y 2015 (19 a 18 %),
mientras que en la población indígena se ha reducido de 6 a 2.5 %. Y es
que el sistema logra retener a más alumnos –en el 2000, un joven del
quintil más alto de ingresos tenía una probabilidad 59 % mayor de
acceder a secundaria que uno del quintil más bajo, diferencia que se
redujo a 23 % en 2014–, pero esa inclusión no es capaz de revertir los
efectos de las desigualdades, consigna el informe.
Además, “las habilidades adquiridas durante el nivel secundario de
educación tienen un efecto marcado en la probabilidad de acceso a los
niveles superiores y en el tipo de empleo a encontrar”.
Diana recuerda que en la secundaria técnica donde estudió, la única
de Teopisca, sus profesores trabajaban a base memoria. “En matemáticas
tenía un maestro que nos llenaba el pizarrón con el procedimiento del
ejercicio para que nos lo aprendiéramos y ese mismo ejercicio venía en
el examen. Pero no nos dejaba que razonáramos el procedimiento y el por
qué de la solución, para hacer luego otros ejercicios y más complejos”,
cuenta.
Durante su segundo año de secundaria en Canadá, Sophia recibió un
abanico de clases y conocimientos, desde lecciones de cocina y costura
hasta diseño industrial y estrategias de supervivencia en exteriores
agrestes, pasando por photoshop y programación. Además, “nos fomentaban
mucho valores como el liderazgo y la empatía”, cuenta.
A su regreso al país, la joven se reincorporó a una escuela en Ciudad
de México con un programa de bachillerato internacional que le
permitirá certificarse en los idiomas y conocimientos necesarios para
continuar sus estudios en el extranjero.
Tras la reforma de 2013 que hizo obligatoria la educación media
superior, se ha incrementado el ingreso. La proporción de la población
de 22 a 24 años con este nivel educativo completo transitó, entre 2000 y
2015, de 39.9 % a 51.5 %, casi 30 % más, señala el informe. El
problema, sin embargo, es que la cobertura no garantizó calidad, como se
puede documentar en telebachilleratos comunitarios, y en las
modalidades abiertas y a distancia.
“En el examen de ingreso a la UNAM –cuenta Diana– recuerdo que venían
preguntas sobre literatura española, y yo nunca llevé literatura en la
preparatoria. Llevábamos una materia que era expresión oral y escrita.
Nos enseñaban a entender las lecturas, a expresarnos frente a la clase,
leíamos fábulas, pero no literatura y menos española”.
Ciencia para hombres y trabajos de cuidado para mujeres
A esta disparidad en la calidad de los aprendizajes se suman las desigualdades de género.
En México, el logro escolar de hombres y mujeres se ha igualado, no así
la pertinencia de esa educación y el acceso digno al mercado de
trabajo. Y esto es resultado de lo que se estudia y dónde se estudia.
El 20.9 % del total de hombres y el 18.2 % del total de las mujeres
que participan en el mercado laboral tienen educación universitaria, sin
embargo estos porcentajes se reducen a 18.9 % y 16.6 % en las
localidades pequeñas , y a 5.5 y 4.9 % en las rurales, respectivamente,
de acuerdo con el informe.
“Sin bien las diferencias por sexo entre la población que accede a la
formación universitaria parecen ser menores, hay asimetrías claras en
cuanto a las áreas del conocimiento donde se matriculan. De hecho, en
estas asimetrías se reproducen estereotipos de género: las mujeres
tienden a ocuparse de los cuidados, que incluyen la educación y la
salud, mientras los varones se concentran en las ciencias exactas, las
naturales y las ingenierías.
“La selección se explica por lo que socialmente se espera que sean
ocupaciones masculinas y femeninas, no por las ventajas comparativas de
las personas o por las características de los mercados de trabajo
locales. En consecuencia, con esta segregación estamos desperdiciando un
gran potencial como sociedad”.
Ahí naciste, ahí te quedas
Cuando a Diana la rechazaron en la UNAM, buscó opciones y la encontró
en la carrera de Química en una universidad privada en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Preguntó, se movió y consiguió un descuento por
promedio. Ahora está en segundo año de la licenciatura, pero tuvo que
mudarse a la capital de su estado, independizarse y pagar renta.
De colegiatura paga 2 mil 500 pesos, aunque cada año aumenta, más
material y mil 200 pesos de renta, pasajes y comida. En total gasta
alrededor de 5 mil pesos mensuales, que para sus padres es un monto
considerable. “Mi papá es chofer de maquinaria pesada en diferentes
constructoras. No tiene contrato. Le pagan por obra. A veces tiene
trabajo y a veces no. Mi mamá es ama de casa. Tengo tres hermanos, todos
trabajan ya, pero tienen sus familias y sus gastos. Yo soy la menor”.
Trabaja para ayudarse. De la preparatoria salió como técnico químico
biólogo, así que sábados y domingos labora en un laboratorio de análisis
clínicos, donde le pagan mil 200 pesos al mes, con lo que completa para
sus gastos. Cada semestre se preocupa por poder pagar el que sigue.
Pero confía en que entre su papá y ella podrán.
Cuando termine la carrera, quiere hacer una maestría y luego un
doctorado, si se puede en el extranjero, aunque ella apenas empezó a
estudiar inglés, y conseguir una beca para irse le será muy difícil.
Pero no quiere quedarse a trabajar en un laboratorio de análisis
clínicos en Tuxtla, como es el plan de casi todos sus compañeros de la
escuela.
“Ganan poco en los laboratorios, 6 mil o 7 mil pesos al mes si estás
en un hospital, y hasta 2 mil 500 en los independientes. Además, yo
quiero ser parte de un equipo de investigación en fármacos, en una
institución como el Cinvestav”. Si Diana lograra eso, habría conseguido
una movilidad social que es extraña en este país.
La desigualdad en el presente afecta negativamente la movilidad social en el futuro y el mercado laboral no se ha convertido en el motor que destrabe este escenario por las desigualdades territoriales, documenta el informe.
“Las expectativas salariales de los trabajadores mexicanos son muy
distitnas dependiendo de la entidad en la que laboran: mientras que el
ingreso laboral mediano mensual de un trabajador fue de 6,657 pesos en
Querétaro en 2017, la remuneración fue de 4,748 pesos en Puebla. El
contraste es aún mayor si comparamos Chiapas ($ 3,708) con Nuevo León ($
7,371)”.
De acuerdo con el informe, los mercados laborales en los estados del
sur presentan los salarios más bajos y no se observa que se acerquen
sustancialmente a los niveles de remuneración de las entidades con mayor
desarrollo económico, al tiempo que hay una caída en los ingresos
laborales en Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de
México, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. Los estados con los salarios
más altos son Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León y
Querétaro.
“Es decir, sin considerar las características de su hogar de origen o
su esfuerzo, las personas en México tienen expectativas salariales y de
movilidad social más altas o más bajas por el simple hecho de nacer en
una entidad determinada”.
Figura 3.2. Características de los empleos de los trabajadores subordinados remunerados (2000 y 2017)
A esta desigualdad territorial en el mercado laboral se suma la cuestión del género: la participación femenina se ha estancado los últimos seis años.
De acuerdo al informe, el porcentaje de mujeres es del 45 % desde 2012.
Si se excluye a los países árabes, es una de las tasas más bajas del
mundo.
“De los adultos que tuvieron acceso a la educación superior, 87.8 %
de los hombres participan en la economía, en comparación con solo 69.3 %
de las mujeres. En este grupo selecto de personas con alta escolaridad,
hay 80 veces más mujeres que hombres cuya ocupación principal son los
quehaceres del hogar, razón que aumenta a 89 en las ciudades pequeñas.
“La conclusión es preocupante, pues 20 % de las mexicanas adultas que
fueron a la universidad, más de un millón no utiliza sus conocimientos
en algún trabajo remunerado. Si dedicarse a las labores del hogar fuera
una elección libre, un número equivalente de varones con educación
universitaria se ocuparía solo de labores domésticas, pero la pero la
proporción es de 0.2 % (13,418). Se trata de un gran potencial
desperdiciado que constituye parte del llamado bono de género”.
Pero aún hay más en esta desigualdad. Las mujeres adultas con
estudios universitarios que sí trabajan, ganan 79 % de los ingresos de
los hombres si laboran como empleadas u obreras, 68 % cuando se trata
del grupo de patronas o empleadoras y 75 % si son trabajadoras por
cuenta propia, según el informe.
Trabajo hay, pero no decente
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo
decente es aquel que genera ingresos suficientes para cubrir las
necesidades básicas, es estable, cuenta con protección social y se lleva
a cabo en condiciones seguras. Es pues un trabajo de calidad.
Este trabajo de calidad tiene un efecto positivo en el bienestar de
las personas: un contrato y acceso a la protección social reduce la
incertidumbre laboral y la volatilidad de los ingresos de las familias,
contribuye a garantizar la continuidad de la trayecoria escolar de los
hijos y fortalece la capacidad de los hogares para hacer frente a
adversidades económicas y de salud.
En México el desempleo se ha mantenido bajo, pero los puestos de
trabajo creados en años recientes se han caracterizado por una creciente
precariedad, es decir, son trabajos con bajos salarios, con
subcontratación y sin protección social. La calidad de este empleo tiene
que ver también con desigualdades territoriales.
“Aún teniendo niveles de escolaridad similares, las personas se
insertan en mercados laborales distintos dependiendo de su ubicación
geográfica. Además, las características de sus empleos determina en gran
medida el grado de protección social que tienen sus familias: 58 % de
las personas en Sonora tiene acceso a los servicios vinculados a la
seguridad social, mientras que solo 27 % tiene los mismos beneficios en
Puebla”, destaca el informe.
Así, en las entidades del norte y en Jalisco, Colima, Aguascalientes,
Ciudad de México y Quintana Roo, la mitad o más de la población cuenta
con prestaciones asociadas a la seguridad social, mientras que en los
estados del sur la acumulación de desigualdades hace que los
trabajadores reciban salarios relativamente más bajos, tengan una mayor
vulnerabilidad laboral y carezcan de un sistema de protección para
enfrentar circunstancias adversas.
Estos trabajos no decentes, de acuerdo con la OIT, obligan a las
familias a cumplir funciones de apoyo social y protección ante las
crisis económicas a través de trabajos no asalariados en micronegocios o
unidades familiares de producción, que han sido fundamentales para
absorber la fuerza de trabajo femenina y joven, los cuales han
incrementado su presencia ante cambios en la composición de las familias
y el deterioro de los ingresos de los hogares.
La caída del ingreso tampoco ayuda a la movilidad social.
En 2007, el ingreso mediano era poco mayor a 6 mil pesos al mes,
mientras que en 2017 era de casi 5 mil 200, 13 % de disminución en su
valor real. Todos los sectores han perdido en ese descenso a la baja,
pero el impacto negativo ha sido mayor para los empleadores, quienes
perdieron 26 % del valor de sus ingresos (en el año 2000, la mediana de
su percepción salarial era de 44.88 pesos por hora), seguidos de los
subordinados que perdieron 18 % (su mediana era de 23.16) y los
trabajadores por cuenta propia, 7 % (tenían en 2000 una mediana de
17.64), según el informe.
Por nivel de estudios, la población con altos niveles de escolaridad
fue la que más perdió (hasta 32 % después de 2008). La caída en sus
ganancias salariales podría atribuirse también a un deterioro en la
calidad de algunas opciones de educación media superior y superior.
“Más allá de diferencias en la productividad, estas disparidades
descubren mercados laborales con grados de precariedad distintos y
horizontes de movilidad social diferenciados para los mexicanos”,
concluye el informe.
Mañana Migración de retorno: las desigualdades se acortan, pero a la baja
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
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