6/05/2018

Los periodistas pal café. . .

A menos de cuatro semanas de que se realice una votación que apunta para ser una derrota histórica del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito ha dado el más seco revés a la administración de Enrique Peña Nieto en cuanto a la verdad histórica con que se ha pretendido encubrir el conjunto de complicidades gubernamentales en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
Los magistrados de ese tribunal atendieron las múltiples y fundadas objeciones que a esa verdad histórica han formulado organismos internacionales y nacionales, investigadores y peritos y, sobre todo, los familiares de los jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Según lo determinado por esas autoridades judiciales, la investigación que hizo el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial, y varias de las diligencias de la PGR para fortalecer su hipótesis ­(impu­taciones y confesiones, por ejemplo) fueron realizadas mediante tortura, en un proceso de falsificaciones y de violaciones a derechos humanos que deberá ser investigado en el ámbito de los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal.
En un Astillero de dos años atrás (3 de mayo de 2016: https://goo.gl/ZyC8wj; ya retomado parcialmente en una entrega del mes pasado) se daba cuenta de algunos de esos aspectos, ahora reconocidos formalmente por los magistrados federales: Diecisiete testigos clave en el armado de la hipótesis de la incineración de normalistas en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativas de tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridades.
Además, se escribía en aque­lla ocasión: En el rubro específico de los tratos a detenidos y los correspondientes a informes médicos sobre su integridad física, existen suficientes elementos para que una defensa jurídica acuciosa muestre violaciones al debido proceso e intente con fun­damento la exculpación de los acusados (lo cual no sería culpa de los jueces ni de los eventuales defensores de los derechos humanos de esos inculpados, sino de la pésima confección de expedientes por parte de la PGR).
En dicha columna se mencionaba que la indagación de los 17 casos desarrollada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había motivado al Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT, conforme a su denominación en inglés), con sede en Dinamarca, a formular “consideraciones que podrían ser devastadoras para el proceso mexicano contra esos miembros de Guerreros unidos”.
Aun cuando la experiencia mexicana con las comisiones de la verdad no es satisfactoria en cuanto a la eficacia justiciera que se esperaría de sus indagaciones, la decisión del tribunal federal respecto al caso Iguala-Ayotzinapa constituye la primera declaración judicial abiertamente contraria, plenamente descalificadora, de la siniestra versión acordada en el gobierno federal para tratar de dar por cerrado el caso de los 43 estudiantes mediante una fabulación grotesca. El juicio histórico de la administración peñista, y de su titular, tendrá como punto más alto, entre la enorme acumulación de hechos de corrupción y violencia, el caso de Iguala-Ayotzinapa. Habrá de verse si, además, la resolución judicial emitida ayer puede sustentar una eventual acción judicial en tribunales internacionales.
La visita anual de profesores no gobiernistas a Ciudad de México tiene esta vez en su favor las circunstancias políticas cambiantes: todo el poder aplicado por el gobierno de Peña Nieto para imponer la reforma administrativa, denominada educativa, no logró vencer la resistencia organizada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Y ahora, con altas probabilidades de un cambio de línea en la Presidencia de la República, la mencionada reforma educativa está en verdadero riesgo, tal vez no en los términos ampliamente derogatorios que buscan quienes se han plantado en los alrededores de la Secretaría de Gobernación, en busca de restablecer negociaciones, pero sí en una proporción negociadamente satisfactoria con el lopezobradorismo, si éste llega al poder.
Constituye una especie de apología del delito la continuidad de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato a la Presidencia de la República. El Instituto Nacional Electoral ha determinado la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delitos por parte del gobernador de Nuevo León, con licencia. Por una parte, se le ha aplicado una sanción económica. Pero no se ha avanzado en el ámbito penal ni en la declaratoria de retiro de una candidatura evidentemente manchada y punible. Mantener al Bronco en el escenario político es una confirmación pública de que toda irregularidad, por grave que sea, es negociable en los ámbitos cupulares, una especie de pedagogía social en favor del fraude electoral.
Escribe José Joaquín López: Con verdadera rabia leo en su artículo cómo el mismo INE está más que preparado para convalidar el fraude; pero lo más vergonzoso es el hecho de que los directores de las casas encuestadoras se alineen voluntariamente al macabro juego, mandando al demonio el trabajo y de paso la esperanza del votante respecto a que es posible un cambio pacífico, vía voto, doblándose y plegándose a los intereses del grupo en el poder. Si ellos mismos no respetan los resultados demoscópicos es porque se asustan, o los asustan, o simplemente porque no esperaban tal diferencia. Debería darles ­vergüenza.
Y, mientras Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por AMLO para ser secretario de Educación si triunfa Morena, ha dicho respecto a las protestas magisteriales instaladas en Ciudad de México: Cuando hay cerrazón muchas veces suceden estas cosas, pero obviamente la prioridad son los niños y siempre buscaríamos también proteger los derechos de los niños (https://goo.gl/5T66vo), ¡hasta mañana!, Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

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Apenas son suficientes mil pesos para llenar el tanque de gasolina Premium de un vehículo al que le quepan 50 litros. Pareciera que el precio llegó al tope.
La Magna y el diésel también están muy caras. Sin embargo, es probable que mientras estamos entretenidos con el tercer debate presidencial y el mundial de futbol, den otro salto. Hacienda anuncia que recortará el subsidio. ¿Cómo opera el subsidio?
Cuando el precio internacional de la gasolina aumenta o cuando el peso se deprecia frente al dólar, el gobierno reduce el impuesto, el IEPS, que cobra a los consumidores, a fin de suavizar el impacto que tendría en los bolsillos un aumento mayor. Esto significa que Hacienda recibe menores ingresos. Es un impuesto acordeón, por decirlo así. Porque si el precio internacional de la gasolina baja, y baja el dólar también, entonces Hacienda puede ajustar al alza el impuesto, lo cual es lo que anuncia que sucederá. Por otro lado, termina la campaña política, un aumento importante hubiera perjudicado a los candidatos del partido en el gobierno.
La reunión con el Consejo
Es improbable que Andrés Manuel López Obrador invite a Guillermo Ortiz para que se incorpore a su equipo. El ex gobernador del Banco de México fue uno de los artífices del Fobaproa, el esquema de rescate financiero que ha criticado insistentemente. La agencia de noticias Bloomberg dice –citando fuentes que solicitaron no ser reveladas– que Ortiz está siendo considerado por su experiencia y reputación en los mercados internacionales. Asimismo, estaría considerando a Santiago Levy, ex director del IMSS. Las cartas fuertes del candidato siguen siendo Carlos Urzúa para la Secretaría de Hacienda, quien dirigió las finanzas de Ciudad de México de 2000 a 2003, cuando era jefe de Gobierno, y Graciela Márquez como secretaria de Economía. Aunque no hay nada que le impida hacer cambios. Un gobierno de Morena necesita desesperadamente a alguien que pueda enviar no sólo el mensaje financiero correcto, sino el mensaje político correcto para los mercados globales, dijo Duncan Wood, director del instituto en México del Centro Internacional de Becarios Woodrow Wilson. Por otro lado, hoy o mañana será la reunión de AMLO con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Es antecedida por un agrio intercambio de opiniones en torno al tema del populismo. Han sido invitados, en sesiones separadas, los otros tres candidatos.
Nueve años
Hoy es el noveno aniversario luctuoso del incendio de la Guardería ABC y los padres de las víctimas mantienen la esperanza de que algún día habrá justicia para los 49 pequeños que fallecieron y los que tienen secuelas. Con actividades en Hermosillo y Ciudad de México se conmemorará un año más. Está previsto que hermosillenses marchen junto a una decena de sobrevivientes a la tragedia uniendo sus voces al clamor por justicia. En Ciudad de México colocarán una ofrenda de zapatitos en la explanada de las oficinas del IMSS y a las 16 horas habrá una marcha solemne de El Ángel de la Independencia al Zócalo. Qué a tiempo se retiró de la contienda electoral Margarita Zavala. Sin embargo, no evitará que hoy su nombre se escuche con resentimiento.
Los organismos cúpula del sector privado insisten en defender el derecho de los empresarios a ejercer su libertad de expresión, algo totalmente válido. Pero son ganas de fingir demencia o de plano no entender de qué se trata y confundir la gimnasia con la magnesia.
En lo individual, como un ciudadano más, cualquier empresario puede decir lo que quiera y pronunciarse en favor de uno u otro candidato, sea éste de un partido político o de los llamados independientes. Hasta ahí todo válido, legal y en pleno ejercicio de sus derechos.
El problema comienza cuando esos empresarios, de forma coordinada y utilizando todo su poder económico e influencia política, se dedican a coaccionar el voto de sus trabajadores, a quienes dirigen cartas para que razonen su sufragio y no apoyen el populismo representando, según ellos, por un candidato en concreto (es decir, el mismo discurso machacón y manipulador que han utilizado José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala –en su momento– y todos sus voceros).
Se trata de la misma estrategia por ellos utilizada en el proceso electoral de 2006 y, con variaciones, en 2012, aunque en aquellos años dejaron sentir su peso descaradamente por medio de los organismos cupulares del sector privado –que controlan–, como el Consejo Coordinador Empresarial. En 2018 lo vuelven a hacer, pero de manera individual, con lo que creen salvar el impedimento legal de promover el voto corporativo. Pero el fin es el mismo: coaccionar el voto, amenazar a sus empleados si no sufragan en el sentido que ellos marcan, siempre bajo el pretexto de que allí vienen los rusos.
En los procesos electorales de 2006 y 2012 fueron los organismos cúpula los que públicamente daban la cara para defenestrar a los candidatos (en realidad uno) populistas y los barones los que, individualmente, salían a defender el derecho de las agrupaciones empresariales de pronunciarse como quisieran. Ahora es al revés: los empresarios dicen y tales organismos defienden.
Pero ¿es creíble el repentino ejercicio democrático, la pasión por las libertades y el exhorto que a sus trabajadores hacen barones como el tóxico Germán Larrea y Alberto Baillères, quienes mantienen bajo régimen feudal a sus trabadores? Ni de lejos, pero el sindicato patronal sale en su defensa por razones, según dice, de libertad de expresión.
De nueva cuenta, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en voz de su presidente, Gustavo de Hoyos, salió en defensa del derecho de los empresarios a emitir sus opiniones en relación con el proceso electoral del primero de julio; no hay nada ilegal en ello. Los empresarios, como líderes de personas, tienen una mayor responsabilidad al expresar sus posiciones políticas.
Según el dirigente patronal, el ejercicio de este derecho no puede considerarse violatorio de la ley, al ser un derecho que ampara a todos los mexicanos sin excepción. Los empresarios de todo tamaño y giro gozan de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, pero también, como líderes de personas, tenemos una mayor responsabilidad. El liderazgo económico e inspiración de los empresarios frente a la comunidad de personas confiere una gran responsabilidad para promover la participación cívica de sus colaboradores y como una manifestación de ello el ejercicio informado y responsable del voto (La Jornada, Julio Reyna Quiroz).
De Hoyos aseguró que las expresiones escritas y verbales de connotados empresarios, que se han hecho públicas en días recientes, deben entenderse como parte del ejercicio de la libertad de expresión, referida a los asuntos públicos, que al igual que cualquier ciudadano tiene su derecho a participar y manifestar sus convicciones. Los empresarios tienen la misma libertad de expresar sus opiniones y preferencias en relación con las opciones políticas del actual proceso electoral, ya sea en el ámbito público o en el privado. No hay nada alarmante o ilegal en ello (ídem).
Pues bien, resulta que todos los gritones manejan el mismo discurso y manifiestan los mismos miedos, qué nada tienen de ejercicio informado y responsable del voto. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Por ejemplo, el discurso de José Antonio Fernández Carbajal, El Diablo, presidente de Fomento Mexicano: Las políticas populistas de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, que consistían en una mayor participación del Estado en la economía, la regulación de los precios, la política salarial con orientación partidista y el manejo indisciplinado del gasto del gobierno y, por ende, de sus finanzas públicas generaron un terrible aumento del déficit fiscal y una multiplicación de la deuda del país. Los efectos fueron catastróficos: tuvimos devaluaciones de más de 100 por ciento. Muchos mexicanos perdieron sus empleos, y a la mayoría se nos redujeron los ingresos de manera relevante.
Qué miedo, pero vale mencionar que en los pasados tres gobiernos neoliberales (Fox, Calderón y Peña Nieto) la deuda pública se multiplicó por cinco y que a estas alturas roza 10 billones de pesos, monto nunca visto. Y en dos gobiernos neoliberales (Zedillo y Calderón) se registraron las crisis más brutales en el México moderno. Por el lado del tipo de cambio peso-dólar, en 36 años de neoliberalismo se devaluó 13 mil 500 por ciento. Además, en los tiempos populistas la economía crecía más de 6 por ciento anual; ahora, a duras penas alcanza 2 por ciento, con todo y que todo se privatizó, mientras el poder adquisitivo del ingreso se ha ido por el caño.
La decadencia de un imperio comienza cuando en lugar de competir para aumentar su poder se cierra al exterior, porque piensa que otros países se aprovechan de su economía.
Esa es la visión de Donald Trump, y su política proteccionista acelerará la caída de Estados Unidos para ceder el paso a China como la gran potencia del mundo.
La visión de Trump se llama mercantilismo y se desarrolló en los países europeos del siglo XVI al XVIII. En aquel tiempo se pensaba que el oro y la plata eran la base de la riqueza y que para incrementarla se debía impedir que los metales preciosos salieran de las arcas públicas, por lo que las exportaciones deberían superar las importaciones.
El razonamiento es el siguiente: si yo te vendo 10 dólares y tu sólo me compras tres, pierdo siete de mis reservas. Por tanto, o me compras mercancías por un monto adicional de siete dólares o dejamos de hacer negocios.



El primer tribunal colegiado del decimonoveno Circuito, en Tamaulipas, ordenó ayer la reposición del procedimiento seguido hasta la fecha por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a las atrocidades perpetradas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron saldo de seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos. A juicio de esa instancia judicial, la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, como demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

No se vale, Murayama
No se vale aprovechar el 30 aniversario de la muerte del Tuti y la redición de uno de sus libros para, desde la posición de consejero del actual Instituto Nacional Electoral, homenajear a nuestro autor intentando apropiárselo como aval en tiempos difíciles. Pereyra es tan nuestro, de sus amigos, y de cualquier lector que lo lea; las ideas que expones en tu artículo no son las que hoy se están discutiendo en el país.

El orden neoliberal en el mundo está siendo asediado, desde hace ya algunos años, desde posiciones supremacistas y socialmente retrógradas, como desde posiciones socialmente progresistas (palabra olvidada). Los neoliberales de todas partes meten ambas posiciones en el mismo costal, como fuerzas nacional-populistas. Hay que ser caradura para cometer esa grosera equivalencia: Trump es lo mismo que Bernie Sanders; Corbyn es lo mismo que Paul Golding (partido trumpista Britain First, por ahora miniatura); Le Pen es lo mismo que Mélenchon. Los neoliberales tampoco distinguen entre su liberalismo político, y su liberalismo económico. Tal como ocurre en México.
El 16 de febrero de 2002, un grupo de soldados torturaron sexualmente y violaron a Valentina Rosendo Cantú mientras lavaba la ropa en el riachuelo de la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en el corazón de la Montaña en Guerrero. Luego, el 22 de marzo, tres soldados abusaron sexualmente de Inés Fernández Ortega, en Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, municipio vecino. Los militares realizaban tareas de “erradicación de enervantes.
Produce escalofríos. Es el horror. Pero a pesar de todo este mes electoral puede dejar lecciones ­provechosas.
Amenos que ocurra algo inusitado, el candidato de la izquierda ganará las elecciones de manera amplia el próximo primero de julio. Todas las encuestas y las cuatro síntesis de las encuestas mantienen al candidato de Morena a la cabeza con una ventaja de casi 20 puntos. Su rúbrica, juntos haremos historia, es un llamado a instaurar un proceso de regeneración nacional, tarea más que urgente, de rescate de un país que ha sido devastado, violentado y empobrecido tras 30 años de neoliberalismo. Tres décadas en que una minoría voraz ha hecho pedazos los cimientos de una sociedad. Esta política restauradora requiere en efecto de todos los sectores del país, pues la tarea no será nada fácil, más aún cuando debe remontar décadas de corrupción, impunidad y violencia. Esta ruptura debe además inscribirse en un contexto mundial donde las políticas neoliberales, que no son sino las que impone por todo el mundo el capital corporativo entran en una clara fase de deterioro y desprestigio. Nunca la modernidad, industrial, tecnocrática, patriarcal y capitalista, había enfrentado tantos quebrantos. Ni la inequidad social ni la crisis ecológica de escala global han podido ser detenidos o atenuados por el neoliberalismo. Y como contraparte, nunca las resistencias sociales habían activado tantos mecanismos de defensa en todos los ámbitos de la realidad. Pero hay todavía otro escenario, geopolíticamente más cercano, que debe tenerse en cuenta al momento de construir esa política por la regeneración del país: Latinoamérica. En esta región han ocurrido varios notables intentos de emancipación con diferentes resultados efectuados por gobiernos progresistas. Las lecciones provenientes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela deben ponderarse y tenerse muy presentes. Se trata de no cometer los errores que les han conducido a situaciones fallidas, incluso contraproducentes, y a considerar los logros legítimos. Latinoamérica es hoy el mayor laboratorio social y ambiental del mundo, donde se prueban, comprueban y reprueban utopías, proyectos, visiones, sueños. La región es un hervidero intelectual donde reverbera todo tipo de proyectos originales, pero también donde se ocurren innumerables experimentos ambiciosos y audaces. Por este impulso innovador, consecuencia de tantos años de oprobio, Latinoamérica es hoy la región más esperanzadora del mundo.
En menos de un mes Enrique Peña Nieto va a quedarse como mero administrador de un aparato de gobierno menguado, desacreditado por sus responsables, carcomido por la corrupción galopante. Y desde ahora vuelven a colocarse en el centro de la escena los conflictos que él generó, desatendió o desdeñó. Están apareciendo las facturas pendientes.
Uno de los temas que enfrentará el próximo gobierno de la República es el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sea quien sea el que gane la Presidencia o la mayoría en la Cámara de Diputados, tendrá que definir con claridad su postura sobre el nivel de la inversión en estas áreas y su papel en el desarrollo futuro del país. Hasta ahora, alcanzar uno por ciento del producto interno bruto (PIB) ha sido la meta establecida en las leyes General de Educación y de Ciencia y Tecnología, aunque es un objetivo siempre postergado y un recordatorio vergonzoso de una obligación que no se cumple.

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