Buchahin, quien tenía pendientes aún varias auditorías por completar, dio a conocer una carta donde el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo, le pidió la renuncia. En la parte medular de su misiva, la auditora informa que “están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para investigar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con Sedatu y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves de 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017”.
En otras palabras, Muna Dora traía más irregularidades en contra de Rosario Robles y de su equipo, el mismo que durante su paso por la Sedesol hizo de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de varios programas sociales “consentidos” del peñismo, un pretexto para triangular millonarios fondos públicos. Aún no se sabe si se trató de robo o de desvío para campañas políticas o ambas cosas.
Rosario Robles ha insistido una y otra vez que su “nombre” no aparece en esas transferencias e irregularidades, como si necesitara aparecer la firma de la principal responsable de ambas dependencias para acreditar su responsabilidad política y administrativa por omisión o complicidad.
Tampoco aparece la firma de su Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, principal arquitecto y responsable de estas irregularidades, según se ha documentado en varios reportajes de Proceso y de los portales digitales que dieron a conocer #LaEstafaMaestra.
La clave de la misiva de Muna Dora está en el punto 3:
“Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general -área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías- a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditorías de 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación.
“Los montos alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones”.
Buchahin no lo dice, pero es claro que está alertando sobre un intento de darle “carpetazo” a una de las investigaciones más profundas y que más han indignado a la sociedad mexicana en relación con la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Tampoco menciona el nombre del principal responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, pero basta una revisión en el organigrama para darse cuenta que es Víctor Manuel Andrade Martínez, hermano de Virgilio Andrade, el extitular de la Secretaría de la Función Pública, responsable de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto del presunto conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca. Andrade fue “premiado” por su principal respaldo y amigo en el gabinete, Luis Videgaray, dirigiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que también ha servido para el reparto de tarjetas para damnificados de los sismos en Chiapas.
Víctor Manuel Andrade Martínez pertenece a la ASF desde 2009, y es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos durante este sexenio. Apenas en julio de 2016 recibió la presea al “Mérito Jurídico en Fiscalización”. Si la exauditora general Muna Dora Buchahin está en lo correcto, estamos ante una operación política del más alto nivel para encubrir no sólo a Rosario Robles y sus principales funcionarios, sino a toda la red que conoció y apoyó esta estrategia de la “estafa maestra”.
En la misma entrevista con Milenio TV, Rosario Robles afirmó que su principal adversario es quien “no quería que llegara al Senado de la República para defender el legado del presidente Peña Nieto”. No aclara si se refirió al exdirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza, al candidato presidencial priista José Antonio Meade o al jefe político de ambos, el actual canciller Luis Videgaray. No es ningún secreto que Robles era una aliada del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en la disputa por la sucesión presidencial de Peña Nieto.
La respuesta de la ASF a los señalamientos de Muna Dora Buchahin han sido vulgares y ridículos. Tienen la clara intención de desviar la atención al fondo del problema. La exauditora general ahora es acusada de presunto “conflicto de interés” por pertenecer al capítulo en México de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés). Trece años al frente de su área en la ASF y sólo hasta ahora se “dieron cuenta” que ella impulsaba cursos a través de esta agrupación.
Algo similar sucedió con el despido del extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo. Justo cuando había avanzado en la investigación del presunto desvío y triangulación de 16 millones de dólares de la empresa Odebrechet en la campaña de 2012, Nieto Castillo fue relevado. No lo acusaron de mal investigador (igual que a Muna Dora), sino de “filtrar” a medios de comunicación partes del expediente.
Estamos en la zona más oscura del fin del sexenio de Peña Nieto. Son las vendettas internas dentro de un gabinete plagado de irregularidades, triangulaciones y cleptocracia. La sombra de Luis Videgaray, como un oscuro Darth Vader, arrastra la guadaña antes que se cierre el último telón del sexenio.
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