En una conferencia de prensa llevada a cabo en Los Pinos, García Bejos aseveró que la “veda electoral obligó la Sedesol a hacer “operativos bien importantes” para dispersar los recursos correspondientes al segundo bimestre del año, “toda vez que en este periodo de tiempo no podemos realizar dispersión de recursos”.
Sin embargo, el Programa de Blindaje Electoral 2018 de la Sedesol establece que los programas de subsidios sujetos a padrones y a un calendario de entrega de apoyos como Prospera no se interrumpirán durante el proceso electoral, y ello “con el propósito de no afectar los derechos de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad”.
En otras palabras: la “veda electoral” no justifica que la Sedesol haya gastado más recursos en Prospera durante el primer trimestre del año, ya que el programa continuará durante el proceso electoral como en cualquier periodo del año.
“A veces es natural que, en la efervescencia de procesos políticos, existan algunos señalamientos, las mujeres de Prospera por ejemplo, son personas usualmente muy activas (…) todo mundo busca a la gente que los atiende y les resuelva algún problema, y esto pasa todos los días”, abundó García Bejos, un personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
El pasado 23 de mayo, Acción Ciudadana Contra la Pobreza documentó que, desde principios de año, el gobierno federal incrementó de manera masiva e inexplicada los recursos a los programas sociales que involucran el reparto de subsidios; en paralelo, recortó los fondos para la observación electoral y logró mantener la entrega de tarjetas y la apliación de programas opacos durante las campañas.
Y hoy, el colectivo informó que recibió 244 denuncias de uso electoral de programas sociales y acciones de compra de voto, de las cuales un 36% correspondió a un reparto de cosas “desde las clásicas despensas, hasta alarmas vecinales y cisternas”, mientras que otro 33% tuvo que ver con “amenazas de entregar o quitar los beneficios de algún programa social a cambio del voto”.

El 26% de las acciones denunciadas se refirieron a la entrega de dinero en efectivo –entre 500 y 5 mil pesos–, mientras que en un 5% de los casos se trató del reparto de tarjetas electrónicas o monederos, como las tarjetas A Tu Lado, distribuidas por el gobierno capitalino en la delegación Coyoacán.
“En suma, los reportes sobre compra de voto y uso electoral de programas sociales son generalizados en todo el país con la participación de todos los partidos”, deploró, y añadió que “estos fenómenos no ayudan a superar la situación de pobreza de las personas, son actos inmorales, ilegales”.
BAG