Mujeres, niñez e indígenas las más afectadas: CMDPDH
La
violencia en México es la principal causa por la que muchas personas
mexicanas se ven forzadas a dejar su hogar, y la población indígena, las
mujeres y la niñez son afectadas de manera desproporcionada, señala un
informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH).
En su informe “Desplazamiento forzado en México” la CMDPDH concluyó
que los conflictos territoriales, la conflictividad social y la
violencia política fueron las causas de los desplazamientos, y que en 68
por ciento de los casos fue la violencia generada por los grupos
armados organizados, la principal causa por la que las personas salieron
de sus lugares de origen.
Los ataques armados contra la población, el enfrentamiento entre
grupos delincuenciales, entre éstos y agentes del Estado, y los
desalojos con violencia, se ubican como factores de expulsión para el
desplazamiento.El documento señala que desde el año 2006 – en el que el
panista Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia y sacó a los
militares a las calles para encargarse de la seguridad pública en lo que
él llamó “guerra contra los grupos criminales”- al 2017, el total de
personas desplazadas suma 329 mil 917.
Tan sólo el año pasado, dice, fueron desplazadas 20 mil 390 personas.
La entidad con más personas desplazadas en este periodo fue Chiapas,
seguido por Guerrero y Sinaloa. En total, fueron afectados nueve
estados.
Las víctimas, afirmó la organización, se encuentran en un estado de
completa desatención y profunda vulnerabilidad. Las personas desplazadas
internamente son quienes huyen del lugar donde viven hacia otro
municipio o estado del país, para evitar ser víctima de violencia
generalizada, de un conflicto armado, violación a sus Derechos Humanos o
de catástrofes naturales.
Entre los 25 episodios de desplazamiento forzado que se reportaron el
año pasado, el que destacó fue el caso de más de 5 mil 300 indígenas
tzotziles que se refugiaron en las montañas de Chiapas en medio del
invierno para refugiarse de un conflicto territorial entre los
municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en el mismo estado.
El 17 de octubre de 2017, se reportó el asesinato de Samuel Luna
Girón, habitante de Chalchihuitán, a manos de paramilitares que luego
empezaron a sembrar el terror en las comunidades, incluso quemando
viviendas. Miles de personas, entre ellas niñas y niños, mujeres,
embarazadas y de tercera edad, huyeron a las montañas y quedaron
expuestas a la intemperie, aguantando hambre y frío.
Se reportó que 11 personas desplazadas de Chalchihuitán fallecieron
debido a las condiciones precarias: dos recién nacidos, un bebé de un
año y seis meses, un bebé de dos años y siete meses, dos adultos y cinco
adultos mayores.
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas informó a la CMDPDH en
enero de 2018 que para el caso de Chalchihuitán, 3 mil 800 personas ya
habían regresado y al menos un mil 068 personas seguían desplazadas. De
acuerdo con la Diócesis, se cree que lo más seguro es que ya no puedan
volver a sus casas debido a que éstas están ubicadas justo en las
tierras en disputa.
En Guerrero, por ejemplo, más de 800 familias nahuas huyeron del
municipio Chilapa de Álvarez, Zitlala, Guerrero, a inicios de junio de
2017 y en la comunidad de Ahuihuiyuco, un grupo irrumpió, quemó dos
viviendas, dejó dos cuerpos desmembrados y amenazó a las y los
pobladores. Sin embargo, los delincuentes también amedrentaron a las y
los habitantes a través de hojas pegadas en casas, escuelas e iglesias
donde les exigían abandonar sus hogares. Las víctimas en este caso, como
en la mayoría de los desplazamientos que se registraron, fueron
indígenas.
La CMDPDH destaca que de las 20 mil 390 personas desplazadas en
México durante el año pasado, 12 mil 323 pertenecían a población
indígena, mientras que 76 por ciento de los incidentes se produjo en una
localidad rural.
Para este informe -que se elaboró a partir de las notas
periodísticas- sus autores señalan que fue difícil establecer un perfil
de la población desplazada en cuanto al sexo, ya que en muchos casos, no
existieron cifras desagregadas, por lo que lo único que se sabe es que
92 por ciento de los casos correspondió a familias desplazadas, lo que
pueden ser mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes y adultos
mayores.
En 60 por ciento de los casos se habló específicamente de la
presencia de mujeres, y en 58 por ciento se habló de niñez, por lo que
se puede inferir, dicen, que las mujeres, niñez y personas indígenas
fueron las víctimas de los desplazamientos internos forzados.
El informe destacó que el entorno rural genera especial
vulnerabilidad, como la dificultad de trasladarse, de acceder a medios
de comunicación para solicitar auxilio y la ausencia de funcionariado
gubernamental.
Al mismo tiempo, afirman que en algunos casos se pudo observar la
colusión y participación de agentes de Estado en los hechos de violencia
generadores de los desplazamientos. En todos los casos, los
desplazamientos evidenciarían la ausencia de instituciones efectivas
para prevenir e investigar delitos.
El informe no formuló alternativas o demandas, sólo constató que los
desplazamientos son generados por los conflictos territoriales de larga
data y por las llamadas violencias estructurales “que se mezclan
inevitablemente con la violencia generada por la política de seguridad
actual”.
Para consultar el informe completo
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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