Agustín Salgado
El estudio señala los focos rojos de violencia contra candidatos y
políticos, compra de voto y anomalías durante la jornada electoral.
Organizaciones sociales elaboraron un Atlas de riesgo en
el que se ubican las regiones del país más propensas a la compra del
voto, las secciones electorales que se han comportado de manera atípica y
los estados donde se han registrado hechos de violencia contra actores
políticos.
El documento, presentado el jueves por la noche en la Ciudad de
México, establece de 2006 al 8 de mayo de este año, 292 personas, entre
alcaldes, candidatos, precandidatos, dirigentes de partidos políticos,
diputados, funcionarios, exlegisladores, líderes sociales, además de
periodistas que cubren elecciones, fueron asesinados o desaparecidos
durante las campañas electorales.
El atlas, que se puede consultar en atlasriesgoelectoral.mx, fue presentado, el jueves por la noche en la colonia Roma de la Ciudad de México, por el politólogo Boris González Romero.
En su elaboración participaron Movimiento Pro-Vecino, Artículo
19, Rompe El Miedo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Asociación
Nacional de Alcaldes, Tendiendo Puentes y Democracia MX, entre otras
organizaciones.
Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Provecino
confió que el documento ayudará a las autoridades a implementar acciones
preventivas para brindar seguridad a candidatos y población en general,
además de que permitirá que haya “un proceso electoral libre,
equitativo y confiable”.
El documento, cuyas bases de datos se pueden consultar
libremente, seguirá ampliándose tras la jornada electoral del uno de
julio.
Para identificar los factores de riesgo se recurrió a
estadísticas del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Población y el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además de
las investigaciones hemerográficas realizadas por la Asociación Nacional
de Alcaldes, Artículo 19 y Movimiento Provecino.
Estos son algunos de los focos rojos que revela el estudio.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados más vulnerables para la compra del voto.
Para señalar dónde se da mayormente la compra del voto o el
condicionamiento de programas sociales con fines electorales, se
analizaron los índices de marginación y el grado de cohesión social de
todos los municipios del país.
Las poblaciones con mayor riesgo a ser víctimas de estos
delitos son aquellas donde se perciben ingresos monetarios
insuficientes, y las pocas oportunidades de educación además de vivienda
inadecuada.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los estados de la República
donde se registra una “vulnerabilidad social muy alta”. Detrás se
encuentran Nayarit, San Luís Potosí, Veracruz, Hidalgo, Michoacán,
Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatan.
A nivel municipal, el Atlas de Riesgo Político Electoral
identificó 817 municipios con grados de marginación muy altos y por lo
tanto vulnerables al manejo electoral de los apoyos institucionales. Con
grado de marginación alto se contabilizaron 283 municipios.
González Romero explicó que al cruzar dichas variables se
comprobó que existe una correlación entre las carencias de las
poblaciones con resultados electorales atípicos.
Más sufragios que electores
La segunda variable del atlas analiza los resultados de las
votaciones federales de 1994 a 2015. La finalidad fue detectar anomalías
en los comportamientos electorales, tanto de voto nulo como de nivel de
participación.
Los datos publicados por el Instituto Nacional Electoral de
1991 a 2003 no incluye las listas nominales por lo que se realizó una
solicitud de acceso a la información para obtenerlas. Con la información
completa, los especialistas detectaron secciones electorales que
registraron un mayor número de sufragios que de electores.
Es el caso de la sección 201 de Colima, que en 2006 registró
852 votos cuando la lista nominal se conformaba de 184 ciudadanos y de
la sección 26 de Sonora que duplicó, en dos ocasiones, el número de
sufragios con respecto al de electores pues en 1994 recibió 460 votos
con una lista nominal de 220 personas y seis años después registró 1094
sufragios cuando en la lista estaban inscritos 527 ciudadanos.
“Aquí se ejemplifican solo algunos casos pero hay muchas
secciones electorales así. Se podría decir que 1994 fue la primera
elección presidencial organizada por el IFE pero también ocurre en el
2012 y seguramente se repetirá en el 2018. Nosotros estaremos atentos
para actualizar el atlas y decirle a la autoridad que no se cuentan bien
los votos”, advirtió Boris González.
En la elección del 2012 se detectaron 223 secciones
correspondientes a Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México y
Puebla que registraron una participación electoral mayor al 100 por
ciento y en 535, ubicadas en Yucatán, Chiapas, Estado de México,
Guerrero y Campeche se obtuvo una participación que va del 85 al 99 por
ciento, cifra “muy alta” para el promedio histórico.
Los asesinatos de actores políticos debilitan a las instituciones
La tercera variable del atlas abarca los hechos de violencia
contra actores políticos. Para su elaboración se recurrió a datos
oficiales y a las investigaciones hemerográficas de Artículo 19,
Movimiento Provecino y la Asociación Nacional de Alcaldes.
Los niveles de violencia se categorizaron en dos niveles: grado
1 que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, intimidaciones,
desplazamiento forzado y privación de la libertad y grado 2 que se
refiere a asesinatos, tortura y desapariciones.
Las entidades federativas que presentan un mayor número de
casos grado 1 son Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Coahuila
y Puebla.
El grado 2 se refiere a las 292 víctimas mortales, de los
cuales 9 fueron alcaldes electos; 59 alcaldes en funciones; 2 alcaldes
con licencia; 25 candidatos y precandidatos; 9 dirigentes de partidos;
41 periodistas que cubrían la “fuente de corrupción y política”; 3
diputados en funciones; 47 funcionarios; 1 exlegislador; 2 familiares de
actores políticos; 25 líderes sociales y 2 simpatizantes.
González Romero advirtió que los atentados contra los actores
políticos debilita al Estado Mexicano pues no están dirigidos a los
individuos sino a las instituciones que estos representa.
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