Pese a leyes persiste impunidad y agresiones
CIMACFoto:
Scarlett Arias |Periodistas en Chilpancingo durante bloqueo
intermitente de la Autopista del Sol para exigir justicia por Javier
Valdez y por siete periodistas interceptados y asaltados en San Miguel
Totolapan, en Tierra Caliente
“Por
las mañanas llegaba a casa aún con tinta en la cara y las manos negras
por el líquido revelador de las láminas. El olor a tinta, gasolina y
revelador, era mi fragancia de diario”, dice Yaneli Fuentes Morales,
reportera del “Diario Alternativo”, en Guerrero.
Ella fue víctima de agresiones sistemáticas durante 2017 por parte de
la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG),
grupo de autodefensa con presencia en Marquelia, municipio ubicado en la
Costa Chica, ataques por los que presentó una queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por los que la Procuraduría
General de la República abrió una investigación.
El año pasado la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género
compiló 24 casos de agresiones contra mujeres periodistas en la entidad
durante el periodo de 2014 y 2017. Entre éstas destacan ataque con arma
de fuego; hostigamiento para revelar la fuente; hostigamiento digital y
judicial con el fin de obstruir el trabajo informativo; la privación de
la libertad, amenazas y agresiones físicas durante coberturas.
De acuerdo con los datos de la Red, 80 por ciento de las agresiones y
presiones de censura provienen por parte de agentes del Estado
(policías, funcionarios municipales y estatales); también han sido
violentadas por grupos de autodefensa en las regiones del estado y por
grupos criminales.
Guerrero se ha convertido en una de las entidades más violentas para
las periodistas quienes optan por el exilio o la autocensura como ocurre
en el municipio de Chilapa de Álvarez - ubicado en la zona de la
Montaña- donde la violencia provocó el desplazamiento forzado de mujeres
periodistas y el auto exilio.
En el caso de la Tierra Caliente en la zona Norte del estado, las
comunicadoras han elegido autocensurase como medida de protección ante
la impunidad que impera en la región.
DESPROTEGIDAS Y EN RIESGO
En mayo de 2017, tras el asesinato del periodista Cecilio Pineda
ocurrido en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente; y la intercepción y
robo de la que fueron víctimas siete periodistas en una localidad de San
Miguel Totolapan en la misma zona, el gobernador del estado, Héctor
Astudillo Flores, anunció la creación de la Fiscalía Especializada y la
Unidad de Atención de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, ésta
última con enlace al Mecanismo Federal.
Sin embargo, ambas instancias a más de aún año de su creación, no
transparentan la información. A la fecha se desconoce el número de casos
denunciados ante la Fiscalía o cuántos casos hay dentro del Mecanismo
Federal, tampoco se tiene información desagregada por sexo.
En tanto, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado
de Guerrero (CDDHG) informó que de 2014 a 2017 documentó nueve quejas
presentadas por periodistas, de las cuales 7 son de mujeres.
De acuerdo con la información proporcionada, solo en uno de los casos
de mujeres periodistas se solicitó a la Fiscalía el informe del avance
de la averiguación previa por la violación al derecho a la seguridad
pública y procuración de justicia; uno se turnó de oficio a la CNDH; 3
se desecharon porque no se comprobaron violaciones a los Derechos
Humanos “por falta de pruebas”; una se desistió y el último corresponde
al de una reportera del periódico “El Sur” agredida por escoltas del
gobernador Héctor Astudillo Flores, que sigue en trámite.
El resumen de las violaciones a los Derechos Humanos que registró el
organismo estatal en este periodo indicó que las quejas presentadas
fueron por violaciones en contra de la integridad, seguridad jurídica,
personal e incluso la detención arbitraria referente a la desaparición
forzada, acciones y omisiones en contra la libertad de expresión.
El documento también señala que en tres de las agresiones los
responsables fueron presidentes municipales, dos de ellas fueron
cometidas por la policía investigadora ministerial; una por un fiscal
general, una por un coordinador de Seguridad Pública y la que se
encuentra en trámite por elementos de seguridad del gobernador Héctor
Astudillo Flores. Es decir, todas las violaciones en contra de los
Derechos Humanos de las mujeres periodistas fueron cometidas por agentes
del Estado.
LEGISLACIÓN SIN PESO
En Guerrero, desde 2012 se han hecho intentos porque exista una
legislación que proteja al gremio, sin embargo existen leyes que
permanecen en la congeladora, pese al riesgo en que las y los
periodistas realizan su trabajo.
En 1992 se creó la “Ley 463 de Bienestar Integral de los Periodistas”
durante el gobierno estatal de José Francisco Ruiz Massieu, la cual fue
reformada en 2012 y contempla en su artículo 25 que en caso de que una o
un periodista sea víctima de un delito, o en función de su actividad;
un coadyuvante del Ministerio Público por cargo del erario y así sea el
caso según la gravedad del delito, tendrá derecho a que se le designe un
fiscal especial.
El mismo capítulo indica que el Estado tiene la responsabilidad -
mediante convenio con la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos-
de brindar asesoría jurídica y capacitación para procurar que se
respeten los Derechos Humanos, atención oportuna y eficaz a las y los
periodistas, de la misma forma con la Procuraduría General de la
República (PGR) para que se den las medidas cautelares cuando se presuma
de actos que pongan en peligro la seguridad, la integridad física o
moral de éstos.
En 2012 se firmó el Convenio de Colaboración con el Mecanismo Federal de Protección y el gobierno estatal.
En 2014 se validó la “Ley para la Protección de Personas en situación
de riesgo en Guerrero”; y desde octubre de 2017 se encuentra “en
revisión” en el congreso del estado, la “Ley de Protección a Personas
defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
En este escenario de leyes sin efecto y de violencia creciente y
recrudecida contra el gremio, los ataques a las mujeres periodistas son
constantes. El Fiscal renunció en abril pasado, sin informar sobre el
avance en las investigaciones sobre agresiones a periodistas, las
desapariciones y los desplazamientos forzados.
Mientras, los casos de violencia contra periodistas se siguen
sumando, como el del ataque ocurrido el año pasado contra la locutora
indígena de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús
Natalio en Ometepec (que fue tomado por el Mecanismo Federal); o el de
la reportera del periódico “El Sur” en Zihuatanejo, Brenda Escobar,
quien fue amenazada por familiares de los presuntos responsables de un
feminicidio durante una audiencia pública que cubría.
De acuerdo con el informe “El poder del cacicazgo: violencia contra
mujeres periodistas 2014-2015” elaborado por Comunicación e Información
de la Mujer AC (CIMAC), Guerrero se ubicó como la tercera entidad menos
segura para las mujeres periodistas con 8.1 por ciento de casos de
agresiones a periodistas.
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.-
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