No aplican la ley, son omisos y no investigan
Más
de 30 organizaciones feministas, defensoras de Derechos Humanos y
civiles se pronunciaron en contra de las violaciones y asesinatos de
mujeres en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y
denunciaron la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de
gobierno para poner fin a estos delitos y aplicar la justicia.
En un comunicado, las organizaciones evidenciaron que a más de un año
de la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), en esta
localidad, las autoridades aún incurren en irregularidades al no aplicar
las recomendaciones del mecanismo en los casos de violencia de género,
que ha dejado en los últimos meses 2 casos de feminicidio en la
impunidad.
Argumentaron que a pesar de haber denunciado constantemente el
incremento de desapariciones de mujeres en la entidad y de la violencia,
las autoridades no implementan la “Alerta Amber” ni los mecanismos de
prevención en el caso de niñas y adolescentes desaparecidas, y las
investigaciones aún son retrasadas bajo argumentos misóginos como
decirles que “se fue con el novio”.
Dicha violencia, ejemplificaron es un atentado contra los derechos
fundamentales de las víctimas, y de sus familiares y constituye un
obstáculo para la resolución e investigación de los casos lo que provoca
que queden impunes y la violencia de género vaya en aumento.
En este último mes, las organizaciones registraron dos casos de
feminicidio: el de María de los Ángeles, adolescente de 14 años,
asesinada el 9 de mayo del año en curso; y el otro acontecido el 24 de
abril, del cual aún se desconocen los datos oficiales de la víctima,
debido a que las autoridades no la han identificado.
En ambos casos, resaltaron, las autoridades han mostrado su
deficiente capacitación y acción ante casos de feminicidio, ya que pese a
que acreditaron la violencia física en ambos casos, aún se niegan a
reconocerlos como feminicidio.
Las organizaciones expresaron que de enero de este año a la fecha, se
han registrado en San Cristóbal de las Casas 14 casos de feminicidio,
aunque la mayoría de ellos son considerados como “muertes violentas” y
no como feminicidio, por lo cual se sigue sin tener una cifra exacta de
cuántos casos hay, lo que provoca que esta violencia quede
invisibilizada.
También condenaron el “abandono del caso”, desinterés y anomalías por
parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, en la
investigación del secuestro (el 12 de febrero del año en curso) de
Pascuala de la Cruz Pérez, adolescente de 17 años de edad, originaria
del municipio de Huixtán.
A tres meses del secuestro, dijeron que la misma Fiscalía acordó y
dio acompañamiento a la familia de Pascuala en la “transacción” con los
secuestradores de su hija por dinero, pero a la fecha la adolescente no
ha regresado a casa, y de acuerdo con sus familiares, ni la Fiscalía ni
la Policía Estatal, han efectuado ninguna otra diligencia eficaz para el
rescate de Pascuala ni dar con los responsables del delito.
De acuerdo con la base de datos de la FGE de Chiapas, desde 2009 al
31 de marzo de 2018, se registraron un mil 428 mujeres casos de mujeres
desaparecidas, de las cuales un mil 420 han sido encontradas y 38 aún se
mantienen en trámite.
Añadieron que además de no acatar lo declarado en la AVG, las
autoridades judiciales se niegan a actuar con base en el Interés
Superior de la Niñez, establecido en la Constitución, así como tampoco
han aplicado la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
lo que afecta a mujeres, niñas y niños que buscan ejercer su derecho de
acceso a la justicia.
Las organizaciones demandaron que las autoridades implementen medidas
eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y se dé una
impartición pronta y expedita de la justicia los casos; y se elimine el
plazo de “48 a 72 horas” parta iniciar la búsqueda e inicio de una
carpeta de investigación en casos de desaparición.
Igualmente, exigieron una atención sensible y de calidad a las
mujeres y sus familiares que denuncian situaciones de violencia,
capacitar a las autoridades en perspectiva de género con el fin de que
aprenden a intervenir en situaciones de agresión a mujeres y se sancione
a los responsables de no realizar una investigación “apropiada” al caso
de Pascuala.
Cabe recordar que el 31 de mayo del año curso, mujeres,
organizaciones feministas, defensoras de DH, y civiles salieron a
marchar en San Cristóbal de las Casas para exigir cesen los casos de
feminicidio, la violencia, las desapariciones de mujeres y “gritar
contra el acoso”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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