La compra de sufragios durante los
procesos electorales no es una práctica nueva y se da en todos los
niveles de gobierno, sin embargo, es un delito muy difícil de
identificar ya que se puede llevar a cabo ofreciendo dinero en efectivo,
condicionando programas sociales o mediante la entrega de bienes
Vendo mi voto. Si quieres que apoye a un candidato a la
Presidencia son 3 mil pesos, si quieres que el sufragio sea para Jefe de
gobierno son 2 mil 500, si es para una alcaldía son 2 mil, y a cambio
de respaldar a un diputado serían mil 500 pesos. También está la opción
de negociar el trato con todos los cargos antes mencionados para el
próximo 1 de julio a cambio de 6 mil pesos.
El ofrecimiento parece una broma, pero es real. Es una oferta
publicada en Facebook por algún ciudadano y no es la única. Se han
detectado otras similares en redes sociales, así como en páginas de
internet como Mercado Libre. Pese a que vender o comprar un sufragio es
un delito electoral, la práctica existe.
En tiempos electorales, las peores prácticas de los partidos
políticos y sus candidatos, con la finalidad de conseguir el triunfo en
las urnas, salen a relucir.
En una democracia con tantos problemas como la mexicana, las
violaciones legales ocurren y la compra-venta de los votos sucede, pero
es muy difícil de detectar y de castigar para las autoridades.
Una parte del problema es la necesidad de la gente. En un país con abundante pobreza, el ofrecer o regalar ya sea dinero o algún otro bien, como tinacos, televisores, entre otras cosas, a cambio de un sufragio es un proceso hasta cierto punto fácil, pero también está la otra parte que implica la intimidación y las amenazas de quitar a las personas los programas sociales de los que gozan
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, solicitar
votos a cambio de un pago o promesa de dinero implica un delito al
violar fracciones de los artículos 7° y 9°, mientras que el condicionar
algún programa social en temporada electoral infringe el 11°.
Por otra parte el provocar temor o intimidación por cualquier medio
para inducir o ejercer presión sobre un elector para votar por alguien, o
de lo contrario no votar, mejor conocido como coacción del voto,
vulnera también los tres artículos antes mencionados.
Datos de la Fepade indican que del 2015 al 2017, hubo 6 mil 878 denuncias sobre delitos electorales, de las cuales 2 mil 116 corresponden al sector del clientelismo electoral. De esas, hubo mil 065 denuncias que hablaban de una oferta de compra de voto y 260 correspondieronal condicionamiento de la prestación de servicios públicos
La plataforma Democracia Sin Pobreza, lanzada por Cohesión Social y
Alianza Cívica junto a otras organizaciones, ha recibido denuncias
anónimas de lo que se ha llegado a ofrecer en distintas entidades de
México a cambio de los sufragios. Los rangos van desde los 150 pesos
hasta los 5 mil pesos, según información proporcionada por un ciudadano
del Estado de México.
150 a 6,000
pesos es el rango de precios para la compra de votos
Expertos en temas electorales cuestionan el por qué de la existencia
de estas prácticas en temporadas claves para el futuro del país, y
aunque es una mezcla de factores como la pobreza y corrupción, también
radica en la posible debilidad de las instituciones que no cuentan con
la competencia suficiente para hacer frente a los delitos que ponen en
duda los resultados electorales.
Práctica normalizada y generalizada
Alberto Serdán Rosales, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza, explica en entrevista que el reto para todos por la compra de
votos en este 2018 es difícil, para los ciudadanos se ha vuelto una
práctica normalizada, para las autoridades un método generalizado y para
todos, una forma de hacer política que implica el desvío de recursos
públicos.
La compra o el condicionamiento de programas sociales para conseguir votos entre la ciudadanía no es algo nuevo, se ha utilizado desde hace mucho tiempo por los partidos políticos y para los votantes se ha convertido en una práctica común
“Nos enfrentamos a un contexto de elecciones cerradas, sobre todo en
el ámbito local, donde la compra del voto violenta la voluntad popular y
puede ser una diferencia”, indica el maestro en políticas sociales, que
agrega que es preocupante que los recursos públicos dejen de usarse
donde se necesitan a cambio de bienes y artículos usados para comprar
votos.
Serdán destaca otro factor que es el debilitamiento generalizado de
las instituciones en este proceso electoral, que además es el más grande
de la historia de México.
Las despensas son las campeonas del intercambio de bienes por votos y el programa social más utilizado para este fin ha sido Prospera
“Estamos ante un debilitamiento generalizado de las instituciones, no
hay Fiscal General, no hay Fiscal Anticorrupción, no hay magistrados en
tribunal administrativo, nos quedamos tres meses sin auditor superior
de la Federación, descabezaron a la Fepade y los órganos internos de
Sedesol están capturados por quien las dirige”, expone.
Elección tras elección nos enfrentamos a los mismos problemas, agrega
el politólogo de la UNAM, que explica que existe una maquinaria en el
país enorme para desviar recursos y construir redes clientelares, además
de que existe una preocupante opacidad en los programas sociales.
Sobre lo que han logrado detectar con los datos de la plataforma
Democracia Sin Pobreza, Serdán dice que es un fenómeno que ocurre en
todo el país, está disperso en todos los estados, es un modus operandi
en las contiendas electorales de todos los niveles, y además ejecutado
por todos los partidos políticos, cuestión que confiesa no se lo
esperaba de esa forma.
Otro dato curioso es que las despensas son las campeonas del
intercambio de bienes por votos, además de que el condicionamiento de
programas sociales es muy común, sobre todo el de Prospera. Y que uno de
los documentos que se piden es la credencial de elector o la copia, con
lo que se hacen pase de listas en eventos y en las elecciones muchas
veces es para que no acudan.
Según datos arrojados con las denuncias ciudadanas, en estados como
el Edomex el voto se busca a cambio de hasta 5 mil pesos, seguido de
Tabasco con 4 mil, así como Oaxaca y Sonora con 3 mil pesos. En la
Ciudad de México hay denuncias dehasta2 mil 500 pesos a cambio del
sufragio.
La compra del voto es un fenómeno que ocurre en todo el país, está disperso en todos los estados y es un modus operandi presente en todos los niveles de gobierno
“El uso electoral de programas sociales es inútil para superar la
pobreza, al final del día estos operativos no resuelven el problema.
Segundo, es inútil e inmoral porque se aprovechan de la necesidad de la
gente y es ilegal porque así lo dicen las leyes mexicanas”, concluye.
Difícil saber de este delito
Carlos Vilalta, investigador de información geoespacial, explica que
la compra del voto es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, y
aunque en la actualidad se tiene más información acerca de este tipo de
hechos, aún es muy difícil determinar con exactitud cuánto impacta en el
resultado de una elección o incluso si fue factor para calificar como
fraude un proceso.
“Es difícil determinar si las cifras variarán del 2006 al 2018, pero sí podemos saber en qué entidades habrá un impacto importante, no sé si puedan llegar a modificar el curso de las elecciones o el resultado en la tendencia nacional, pero sí pueden desestabilizar los comicios locales”
Vilalta agrega que entrando en el terreno de la especulación, la
situación de los casos de la compra de sufragios se podría agravar un
poco en este proceso, primero por el tamaño de la elección que será la
más grande de la historia y segundo por lo que está en juego, que es la
salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder, una
institución política que durante décadas manipuló los comicios para su
beneficio de muchas maneras.
Sobre el condicionar programas sociales a cambio de un voto, el
investigador del Centro Geo, indica que este tipo de ayudas pueden estar
blindadas, es decir es muy difícil dar de baja o sustituir una persona
por otras en el papel, pero el problema se da en la ventanilla o en la
oficina, donde funcionarios operan para realizar esas acciones e
intimidar al votante, cuestión difícil de detectar, denunciar y
resolver.
Los delitos electorales como la compra del voto o el condicionamiento
de programas sociales es una práctica muy difícil de detectar por el
tamaño de la elección y por todas los métodos que existen actualmente
para llevarlos a cabo
Sobre un perfil específico de las personas vulnerables a las que va
dirigida esta práctica, Vilalta explica que se han logrado identificar
algunas cuestiones como el tener una baja educación formal, la población
indígena, así como las personas que viven en una zona de alta
competitividad electoral, el partido invierte más dinero donde sabe que
la tiene difícil de ganar.
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