México, país desigual para ejercer sus derechos
Las
legislaciones restrictivas en México en torno al aborto llevan a las
mujeres a acudir a métodos inseguros que causan su muerte. La Secretaría
de Salud (Ss) reportó que durante 2017 el aborto se mantuvo como la
tercera causa de mortalidad materna (MM) en el país después de las
hemorragias obstétricas y las enfermedades hipertensivas, con una razón
de 2.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.
Desde 2012, las expertas del Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendaron al Estado mexicano
armonizar las leyes para garantizarles a todas las mexicanas el mismo
derecho de acceder a la interrupción del embarazo. Cabe recordar que en
la Ciudad de México, el aborto hasta las 12 semanas de gestación se
despenalizó en 2007.
Las expertas le pusieron como plazo al Estado, dos años para entregar
un informe especial sobre el avance de estas reformas. A un mes de que
el gobierno mexicano se someta nuevamente al escrutinio periódico de
CEDAW en materia de derechos de las mujeres (inicia el próximo 2 de
julio en Ginebra, Suiza), la realidad es que no hubo ninguna
armonización de las leyes y los decesos por abortos realizados en
condiciones insalubres continúan en el país.
La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) realizó el informe “El Acceso a la justicia y al aborto legal:
exigencias del Comité de CEDAW a México 2015”, publicado recientemente
por el órgano de Naciones Unidas a propósito de la novena evaluación del
gobierno mexicano.
El informe demuestra que la apertura a la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, dada por la reforma en 2007 al
Código Penal y a la Ley de Salud de la CDMX, que permite interrumpir un
embarazo de forma voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación, ha
permitido un decremento de la mortalidad materna por abortos inseguros
en la capital del país.
A partir de la recopilación de cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) la Cátedra UNESCO elaboró este estudio y
muestra que si bien la Ciudad de México es una de las seis entidades
con las tasas más altas de mortalidad materna por abortos inseguros
–arriba de la nacional ubicada en 3.5 por cada millón de mujeres– es la
única entidad de estas que ha disminuido su tasa luego de despenalizar
el aborto.
En 2010, a tres años de la reforma de la ILE, la Ciudad de México
registraba una tasa de 6.2 casos de muertes maternas por abortos
inseguros por cada millón de mujeres entre los 15 a 49 años de edad; en
2012 alcanzó su tasa más baja de 4.7, y para 2014, incrementó a 5,
revela el informe.
En casos totales, precisa, de 2010 a 2014 se registraron 65
defunciones de capitalinas por un aborto; para 2010 hubo 16 casos, en
los próximos años redujo a 12 casos, conservándose así hasta 2014.
Según el estudio, el estado de Campeche es la entidad con la mayor
tasa de mortalidad por aborto en el país. Señala que en 2014 ocurrieron 8
defunciones maternas por aborto, por cada millón de mujeres en edad
fértil; no obstante, es una de las entidades que modificaron sus
constituciones para “proteger la vida desde el momento de la
concepción”, criminalizando la práctica del aborto y sólo permitiéndola
en los casos excepcionales establecidos en la ley.
Las otras entidades con mayores tasas de MM por abortos inseguros en
2014 fueron Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, donde fallecieron por esta
causa 5 mujeres por cada millón, y 6 en Chihuahua. Ninguna, aparte de la
Ciudad de México, ha tenido cambios significativos de reducción de
estos decesos, subraya el informe al que también contribuyó la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
A pesar de los llamados que han hecho expertas de instrumentos
internacionales como CEDAW –que es de cumplimiento obligatorio desde que
México lo ratificó en 1981- los gobiernos estatales se resisten a
garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En
cambio, imperan las posturas conservadoras para poner candados a las
leyes del aborto, como “proteger la vida desde de la concepción”.
Al respecto, la Cátedra de la UNESCO detalló en el informe que le
hizo llegar a CEDAW, que hasta octubre de 2016 un total de 19 entidades
federativas modificaron sus legislaciones con dicha cláusula, estas son:
Baja California, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán.
El Estado mexicano se ha defendido ante CEDAW, (como lo hizo en el
informe especial sobre la armonización de la despenalización del aborto
que le entregó un año tarde, en 2015) argumentando que “las 32
entidades federativas son libres y soberanas en su régimen interior, por
lo que cada una define sus programas y políticas públicas, además de
llevar a cabo su propio proceso legislativo”.
La única razón homologada en todo el país para acceder al aborto es
la causal de aborto por violación, que además está estipulada en la
Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres.” (NOM 046). De ahí, las causales varían en cada estado, se
contemplan cuando la vida o salud de las mujeres están en riesgo,
malformaciones genéticas o congénitas del producto, inseminación
artificial, o causas económicas graves.
El resultado de estas normativas restrictivas que el Estado, asegura,
“no puede regular”, es que 601 mujeres han fallecido de 2010 a 2014 por
practicarse un aborto sin contar con las condiciones sanitarias
adecuadas, de acuerdo a los registros presentados en dicho informe.
El programa de ILE no sólo garantiza que las capitalinas tengan el
acceso al aborto informado, consensuado y seguro, además de
planificación familiar; a las mujeres de otros estados también les
permitió ejercer el mismo derecho. Ellas representan un 30 por ciento de
los 195 mil 719 abortos realizados en el programa, de abril de 2007 al
23 de mayo de 2018 (58 mil 122 casos).
Pero como muestran las cifras de decesos por aborto, no todas tienen
las posibilidades económicas y sociales para trasladarse a la capital a
recibir el servicio.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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