Presentan “51 por ciento”
Las
mujeres representan 51.4 por cierto de la población en México pero las
propuestas en política pública de los candidatos presidenciales de estas
elecciones se mantienen mirándolas como un “grupo vulnerable” al que
hay que atenderlo con políticas asistencialistas, acciones que son
superficiales para mitigar la violencia que viven, denunciaron
organizaciones expertas en género.
Es por ello que este primero de junio en conferencia de prensa, el
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equis Justicia para
las Mujeres y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, formaron
una alianza y dieron a conocer una agenda para la igualdad de género,
“51%” se titula, con el fin de que sus propuestas sean retomadas en la
agenda política del próximo candidato electo a la Presidencia de la
República.
De cara a las elecciones del primero de julio de 2018, estas
organizaciones plantearon seis grandes temas de los derechos de las
mujeres que no deben faltar en la agenda del próximo sexenio:
maternidades forzadas, criminalización de las mujeres, acceso a la
justicia, violencia obstétrica, muerte materna, derechos laborales y
democracia paritaria.
En un contexto de violencia cada vez más aguda para las mujeres,
adolescentes y niñas, estas agrupaciones ven obligatorio que la agenda
del próximo presidente de México tenga un enfoque transversal en
perspectiva de género, sin embargo, los cuatro aspirantes se han
pronunciado únicamente en la condena de los asesinatos de mujeres, y
dejan fuera temas fundamentales como la salud de las mujeres, derecho a
decidir sobre la maternidad, derechos laborales y políticas de cuidado.
Así lo expuso la directora de GIRE, Regina Tamés Noriega, y agregó
que los planes de los candidatos siguen sin superar los programas
“rosas” “asistencialistas”, como entregas de ayudas económicas y la propuesta punitiva de “cárcel” para resolver cualquier problema de violencia.
Actualmente los candidatos para dirigir el país son por la coalición
de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo
(PT), y Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador; del Partido
Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano (MC), Ricardo Anaya; de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza
(Panal), José Antonio Meade; y el independiente, Jaime Rodríguez, a
quienes las feministas llamaron a mirar e integrar esta agenda de
género.
VIOLENCIA Y ACCESO A LA JUSTICA
La agenda expone que de las 40 millones de mujeres que hay en México
un 66 por cierto ha enfrentado a lo largo de su vida algún tipo de
violencia según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh 2016).
Tamés Noriega precisó que ya se cuentan con las instituciones
necesarias para atender la violencia de género (Institutos de las
mujeres, estatales y nacional, la Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), los Consejos para prevenir la
discriminación) por lo que “no se trata de pensar nada nuevo” prosiguió.
El próximo presidente tiene el pendiente de realizar una evaluación
severa del impacto que han tenido estas instituciones, dijo.
El acceso a la justicia para las mujeres es otro tema pendiente que
plantean las organizaciones. Las cifras expuestas en la agenda señalan
que anualmente solo se presentan 150 mil denuncias por violencia de
género, de las cuales, 11 por cierto resultan en investigaciones y de
éstas únicamente 2 por cierto recibe una sentencia.
Ante este contexto propusieron fortalecer los mecanismos para que las
mujeres interpongan denuncias, eliminando los obstáculos y facilitando
el acceso a resoluciones, además de garantizar la reparación del daño
integral a las víctimas.
Puede ayudar a esta tarea impulsar el fortalecimiento de los Centros
de Justicia para las Mujeres (actualmente hay 33 en 26 estados), con
recursos económicos sólidos y personal capacitado, destacó en su
intervención la directora de Equis Justicia, Ana Pecova.
LA POBREZA Y LA MUERTE MATERNA
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud obstétrica es
otros de los desafíos en el próximo sexenio, consideraron las
feministas. Tan sólo en 2015 se registraron en México 778 muertes
maternas, que corresponde a una razón de 36.4 defunciones por cada cien
mil nacidos vivos, expusieron.
La directora de GIRE mencionó que al hablar de la pobreza el
presidente electo debe abordar las muertes maternas porque son las
mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente
indígenas, quienes no cuentan con los servicios médicos para ser
atendidas. El informe precisa que alrededor de 11 por cierto de las
muertes maternas de 2013 a 2015 correspondieron a mujeres hablantes de
algún idioma indígena, es en este sector donde no se ha logrado reducir
los niveles de mortalidad materna.
Aunado a estos decesos esta la violencia obstétrica. Entre 2011 y
2016, de las al menos 8.7 millones de mujeres que tuvieron un parto un
33 por cierto refirieron haber sufrido malos tratos por quienes las
atendieron, reveló la Endireh 2016.
Las organizaciones señalaron que la violencia obstétrica y las
muertes maternas son violaciones a los derechos de las mujeres
atribuibles al Estado, por lo que piden que en el próximo sexenio la
asignación presupuestal en el ramo de la salud sea suficiente para
posibilitar la mejor atención y condiciones de salud a las mujeres.
EL ABORTO NECESITA DESPENALIZARSE
En la agenda feminista de estas organizaciones plantean la urgencia
de despenalizar el aborto en todo el país por lo menos en el primer
trimestre de gestación, pues únicamente la interrupción voluntaria del
embarazo es legal en la Ciudad de México.
La criminalización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir
sobre su maternidad repercute en que acudan a servicios inseguros “que
no sólo ponen en riesgo su vida”, sino en “muchas ocasiones su
libertad”, expresan en la agenda.
A partir de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública incluyó el
“aborto” como uno de los delitos por los que publica información
mensual. Con ello se sabe que en 2017 hubo 474 averiguaciones previas
por el delito de aborto, en esta cifras no se sabe cuántas son mujeres o
personas que provocaron un aborto en un acto de violencia o auxiliaron a
la mujer a abortar.
No obstante, por medio de solicitudes de información GIRE da a
conocer que entre 2007 a 2016 las mujeres criminalizadas por aborto en
México son 845: en 216 casos se enfrentaron a juicios penales, y hubo 98
sentencia con pena privativa de la libertad.
Cabe recordar que ninguno de los candidatos presidenciales ha abogado a favor del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.
La despenalización de la interrupción del embarazo es necesaria para
no llevar a mujeres a continuar con maternidades forzadas, coincidieron
las exponentes de esta agenda, sobre todo en la niñas. La Endireh de
2016 indica que 4.4 millones de mujeres de 15 años de edad y más,
sufrieron en la infancia violencia sexual, un 78 por cierto no
denunciaron.
Por lo tanto, en esta agenda para la igualdad de género sostienen que
la violencia sexual en la niñez y el embarazo en niñas y adolescentes
debe ser un tema prioritario en la discusión de la política de México y
se debe garantizar a todas las niñas y mujeres víctimas de violencia
sexual el acceso al aborto como lo mandata la Norma Oficial Mexicana
046.
DERECHOS LABORALES
El sexenio de Enrique Peña Nieto casi termina y no se ratificó el
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que
establece los derechos y condiciones dignas laborales para las
trabajadoras del hogar, este será otro pendiente para el próximo
gobierno, indicó la directora del Instituto Simone de Beauvoir, Ximena
Andión.
Las trabajadoras del hogar representan cerca de un 10 por cierto de
las mujeres económicamente activas, sin embargo sus condiciones
laborales son de las más precarias, añadió Ximena Andión.
Y continuó, en general las mujeres se siguen manteniendo en los
espacios laborales informales porque les permite continuar con el
trabajo del hogar no remunerado y el cuidado de sus hijas e hijos y
personas adultas. La directora del Instituto de Liderazgo puntualizó que
en la agenda proponen a los candidatos incluir: estancias infantiles
para madres y padres independientemente de su derechohabiencia,
licencias de maternidad y paternidad, y horarios flexibles y otros
mecanismos que favorezcan la corresponsabilidad de hombres y mujeres en
el cuidado de otras personas.
El próximo y último debate presidencial se llevará a cabo el próximo
12 de junio en Mérida, Yucatán, en el que los cuatro aspirantes deberán
plantear sus propuestas sobre crecimiento económico, pobreza y
desigualdad, educación, ciencia y tecnología; asimismo de los temas de
desarrollo sustentable, salud y cambio climático.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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