Drogas: estrategia ausente

Editorial La Jornada

En un discurso pronunciado durante su participación en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que se celebra en Guatemala, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, exhortó al gobierno de Estados Unidos a revisar a fondo los paradigmas de la lucha contra las drogas, que hasta el momento está visto que tiene debilidades evidentes, e insistió en sus demandas de que Washington reduzca el consumo de estupefacientes ilícitos dentro de su territorio –el cual es terriblemente alto– e incremente sus esfuerzos por frenar el flujo de armas hacia el sur del río Bravo. Asimismo, pidió a los grandes países consumidores de drogas ilícitas que aumenten los recursos para cooperación internacional en materia antidrogas, recursos que, dijo, deben ser por lo menos equivalentes al flujo de dinero en dólares que los criminales reciben como resultado de sus actividades.

Es pertinente recordar que, en contraste con su llamado de ayer a revisar los paradigmas del combate a las drogas, Calderón rechazó, hace unos días, el planteamiento de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas de dar un giro radical en la concepción del combate internacional contra los estupefacientes ilícitos. En todo caso, las quejas del gobernante mexicano parecen apuntar a que, dentro de los paradigmas actuales, en cuya defensa se ha atrincherado la administración federal mexicana, los países consumidores, con Estados Unidos a la cabeza, no están haciendo la parte de la tarea que les corresponde: reducir el consumo, evitar el tráfico de armas y enviar más dinero a las naciones de producción y tránsito de las drogas.

De otra forma, parece un contrasentido que Calderón llame a reflexionar sobre el enfoque actual de combate a las drogas y, a renglón seguido, proponga a los países centroamericanos un conjunto de políticas en la materia, como hizo ayer mismo: cabe preguntarse qué alcances y viabilidad puede tener el citado plan antidrogas si, al mismo tiempo, el modelo correspondiente es sometido a revisión.

Revisar el paradigma conllevaría, incluso desde la lógica prohibicionista, a abandonar la militarización del combate a las drogas, a poner el énfasis táctico en la investigación y persecución del lavado de dinero, y el estratégico, en el combate a la desigualdad, la marginación, el desempleo y la impunidad.

Mención aparte merece la petición de recursos por montos equivalentes al flujo de efectivo que mueven las corporaciones delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes ilícitos. Evidentemente, la demanda es irreal y desorbitada, por cuanto hace referencia a magnitudes de dinero no muy lejanas del presupuesto anual de defensa de Estados Unidos; por añadidura, y si se consideran los resultados contraproducentes producidos hasta ahora por la Iniciativa Mérida, el solo imaginar lo que provocaría una multiplicación semejante de los fondos de ayuda para combatir el tráfico de drogas abre una perspectiva llanamente aterradora.

Finalmente, la afirmación de que muchos países centroamericanos están en manos de señores de la muerte es poco mesurada, y ofensiva, porque implica una falta de respeto al conjunto de gobiernos e instituciones de la región, similar a la que el propio Calderón reprochó en su momento a los sectores de la clase política estadunidense que se refirieron a México como un Estado fallido.

En suma, los grados de confusión y contradicción reflejados en el discurso de ayer; la ausencia de una posición oficial transparente y coherente en torno al narcotráfico, y la incapacidad o falta de voluntad gubernamental para reconocer los errores cometidos hasta ahora, constituyen elementos sumamente preocupantes: en el contexto de violencia y barbarie cotidiana, de deterioro institucional y de declive generalizado que ha padecido el país en los últimos cuatro años, tales carencias ponen de manifiesto, más que un rumbo de acción gubernamental equívoco en el combate al narcotráfico, la inseguridad y la violencia, la ausencia de estrategias y definiciones claras para hacer frente a esos fenómenos.

La guerra perdida

Soledad Loaeza

El aumento del consumo de drogas en Europa y Estados Unidos ha impulsado el debate de temas como la despenalización y la legalización. Son distintas las posiciones al respecto, pues mientras Estonia, Grecia, Hungría, Portugal –que desde 1999 optó por la descriminalización– y Finlandia han reducido las penas por consumo y posesión de todos los estupefacientes, Bélgica y Luxemburgo han limitado la mayor tolerancia a la cannabis. En cambio, Francia mantiene una política represiva, que fue establecida desde 1970, no obstante lo cual, el consumo de drogas en ese país ha alcanzado niveles sin precedentes. Más inquietante todavía es el hecho de que ese es el caso de todos los países europeos. El reporte del Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones estima que 71 millones de personas habían fumado cannabis por lo menos una vez en su vida, y 12 millones habían aspirado cocaína; en 2010, 23 millones de personas habían consumido cannabis y 4 millones cocaína. En mayo de 2011 estos números eran de 12 millones y 2 millones respectivamente (www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20110616/html/806951.html). Parecería entonces que no existe una diferencia significativa entre los efectos que producen sobre el mercado de estupefacientes una política permisiva o una represiva.

Los datos del Observatorio Europeo indican muchas cosas. Destaco en primer lugar el fracaso de la guerra contra la droga, ya sea que su objetivo sean los consumidores o los traficantes. Al menos así ha sido reconocido por muchos responsables políticos y funcionarios tanto en Europa como en Estados Unidos. (Cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que el problema de la droga en México es resultado del consumo en Estados Unidos, en cierta forma admitió que el combate del gobierno mexicano estaba mal dirigido, en la medida en que el éxito de los narcotraficantes depende de los consumidores, que están fuera del alcance de las autoridades mexicanas.)

En Francia quienes promueven un cambio de política argumentan que es necesario tratar ese problema como un tema de salud pública, y no como un asunto criminal. Después de años de combates entre la policía y consumidores y/o traficantes, ha quedado demostrada su inoperancia. Y ésta se explica no únicamente por el poder financiero y armado que han adquirido los narcotraficantes, sino porque el consumo de drogas forma parte de la vida cotidiana de una buena proporción de la población europea; esto es, se trata de un hábito, un estilo de vida, y quienes lo han adoptado difícilmente van a renunciar a él, sobre todo si usan drogas suaves como la mariguana, cuyo grado de peligrosidad no es muy elevado en términos de adicción o de intoxicación. La renuencia de los consumidores a abandonar ese hábito es un dato que explica la limitada eficacia de las políticas represivas, como la francesa, que incluye multas muy altas, así como condenas que deben purgarse en prisión.

En Francia habrá elecciones presidenciales en 2012. Entonces, piensan algunos, quedará expuesta la hipocresía de una sociedad cuyo consumo de drogas es de los más elevados de Europa, aunque más de 70 por ciento de la población se opone a una modificación de la legislación hacia mayor tolerancia. Más inquietante todavía es el hecho de que el consumo de la cocaína y el hashish o la mariguana atraviesa las fronteras de clase. Es decir, ricos y pobres, funcionarios y desempleados, adolescentes y adultos jóvenes comparten el gusto por las drogas. Sin embargo, no es igual consumirlas en la sala elegante de un edificio burgués en París, que en el cubo de la escalera de algún suburbio parisino donde habitan inmigrantes del norte de África, y adonde sí llega la policía a cumplir la ley.

Clausewitz, el gran estratega, decía que la guerra era sólo un medio para hacer política, y que la victoria era de índole moral antes que militar. Creo que entre nosotros la despenalización sería una victoria de ese tipo.