El opaco bicentenario

Editorial La Jornada

Ayer, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián Peralta, informó que permanecen abiertos los expedientes por el probable desvío de fondos en los festejos oficiales por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, así como en torno a los dudosos manejos gubernamentales en el caso de la llamada licitación 21 y la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

A reserva de abordar en otro momento los temas del otorgamiento de concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de las implicaciones y consecuencias del decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, que extinguió la paraestatal y dejó en el desempleo a unos 44 mil trabajadores, es pertinente recordar ahora el extremo desaseo con el que se administraron los recursos correspondientes a la conmemoración histórica, hasta el punto de que nadie, fuera del gobierno, tiene una idea precisa de cuánto dinero público se gastó.

Sólo en los festejos del 15 y 16 de septiembre del año pasado, según cifras oficiales proporcionadas por Alonso Lujambio, responsable general de los festejos, fueron invertidos 667 millones de pesos; los costos de la estela de luz que aún se construye en Paseo de la Reforma y Lieja –y debió ser inaugurada en septiembre del año pasado– han pasado de los 393 millones de pesos inicialmente presupuestados a cerca de 800 millones, y aún no se concluye la fase de cimentación del cuestionado monumento, en tanto la Expo Guanajuato Bicentenario consumió mil 100 millones de pesos de dinero público.

El propio Lujambio habló sin empacho de una suma global de 2 mil 900 millones de pesos invertidos en festejos cuestionables, en un contexto en que la población padece aún los efectos devastadores de la crisis internacional, sumadas a los desastrosos impactos sociales del modelo económico neoliberal. Para dar una idea de la liberalidad con la que el grupo gobernante se festejó a sí mismo el año pasado, valga mencionar que para la cena en Palacio Nacional del día 15 se ordenó la fabricación de una vajilla para 300 personas con un costo estimado de casi 2 millones de pesos.

Pero hay cosas más graves que la frivolidad, que el tema musical Shalalá y que la estatua monumental del contrarrevolucionario Benjamín Argumedo, la cual se hizo desfilar durante el festejo bicentenario. Ayer, Damián Peralta informó que, de acuerdo con los resultados de la auditoría del año antepasado, diversos contratos fueron otorgados por medio de la agencia de turismo del ISSSTE mediante el cobro de comisiones de entre 5 y 10 por ciento a las empresas proveedoras.

En suma, lejos de unificar a los mexicanos en torno a la conmemoración de gestas históricas y de la celebración del país, los festejos oficiales del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución dividieron a la opinión pública, incrementaron el déficit de credibilidad de las instituciones, constituyeron un dispendio injustificable y dejaron numerosas sospechas de manejos indebidos. Casi todo el saldo es irremediable, pero al menos se puede y se debe esclarecer a fondo las dudas sobre la administración de los recursos.