El encuentro realizado ayer en el Castillo de Chapultepec entre el equipo de gobierno, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y la representación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, conformada principalmente por deudos de víctimas de la violencia que azota al país, fue una circunstancia sin precedente en la que el titular del Ejecutio federal escuchó reclamos tan elocuentes como ríspidos por los resultados de su estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, señalamientos sobre la corrupción y la presencia de poderes fácticos que obstaculizan el accionar institucional, así como propuestas contra la criminalidad alternativas a la guerra que su administración declaró a finales de 2006. Pero lo más importante es que, por primera vez, la opinión pública nacional tuvo acceso, en una escala masiva, a expresiones representativas del dolor y la ira causados por la estrategia de guerra que se vive. Asimismo, millones de personas pudieron escuchar, en voz de Javier Sicilia, de Julián LeBaron, de María Elena Guerra y de otros familiares de asesinados y desaparecidos, testimonios del agravio social por la insistencia del discurso oficial en calificar de delincuentes
a la mayoría de las víctimas de esta guerra, así como la urgencia de hacer justicia –ausente, en la mayor parte de los casos– y de recuperar a los muertos por su nombre y su apellido.
Es importante destacar que, ante la insistencia de la propaganda gubernamental en el sentido de que la estrategia de seguridad en curso es la única posible, y que es consecuencia, y no causa, de la violencia criminal que padece México, los participantes ciudadanos en el encuentro presentaron ideas precisas, específicas y viables para diseñar una política gubernamental eficaz, apegada a derecho y, sobre todo, menos mortífera que la que está en curso: desmilitarización de las tareas policiales; combate frontal a la corrupción en las instituciones de procuración de justicia y en las corporaciones de la fuerza pública; persecución de los sectores empresariales vinculados al narcotráfico; despenalización de ciertas drogas, y acciones efectivas en materia de educación, salud y empleo. Asimismo, pusieron de manifiesto que las medidas oficiales, lejos de erradicar o reducir la violencia, la han retroalimentado.
En contraste con esos aspectos positivos del encuentro, la reacción de Calderón Hinojosa consistió en atrincherarse en sus posiciones, justificar lo errático y fallido de su guerra contra la delincuencia, ensayar una apropiación del dolor, de las preocupaciones y de las motivaciones de los familiares de las víctimas, y distribuir las responsabilidades por las decenas de miles de muertes entre diversas instancias locales y judiciales. A pesar de los intentos por presentar a un gobernante tolerante, sensible, generoso para con sus críticos y dispuesto a hacer concesiones, lo cierto es que la conclusión calderonista del encuentro puede resumirse así: en lo fundamental, el presidente Calderón no se apartará de su ruta, por muy cuestionada que ésta sea.
Como resultado de esta actitud, los frutos del diálogo entre el movimiento civil y el gobierno están aún por verse. Por lo pronto, hay compromisos para atender casos individuales; un fideicomiso para sufragar un monumento a las víctimas y placas con sus nombres, y una comisión de seguimiento que se reunirá dentro de tres meses. Pero las palabras expresadas ayer por algunos de los agraviados de la violencia llegaron a incontables oídos en el país, y ese solo hecho puede constituir un vuelco positivo en la conciencia cívica y en la percepción colectiva de la guerra impuesta al país, primer paso para avanzar en su solución y en medidas de paz que, según puede verse, habrán de correr a cargo de la sociedad, porque el gobierno sigue convencido de estar en lo correcto.
Emilio Álvarez Icaza L.El día de ayer se llevó a cabo un ejercicio dialogal (primero de varios que se quiere realizar con los poderes federales, gobernadores y dirigentes de los partidos políticos), que no es exagerado considerar como inédito. Una representación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, mayoritariamente víctimas y algunos acompañantes (llamados testigos sociales), se reunieron en el Castillo de Chapultepec con el titular del Poder Ejecutivo federal y parte de su gabinete.
Lo que vimos ayer es que la fuerza ética de las víctimas, sus dolorosos testimonios y la magnitud de la impunidad y la ausencia del Estado en materia de justicia conmovieron profundamente. Javier Sicilia y las demás víctimas plantearon puntos especialmente críticos de la actuación gubernamental, que en ocasiones dejaron la sensación de mucha incomodidad para el Presidente y sus colaboradores.
Estos ejercicios dialogales se pensaron para presentar los contenidos y propuestas del Pacto par la Paz con Justicia y Dignidad, presentado el 8 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México y enriquecido en Ciudad Juárez el 10 de junio. Adicionalmente, siguiendo lo sucedido en Cuernavaca, en la marcha a la capital, en la concentración en la Plaza de la Constitución y en el recorrido de la Caravana se busca hacer visibles a las miles de víctimas que ha dejado esta absurda guerra, nombrar a los miles de muertos y desaparecidos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes e incluso niños.
Inicialmente se acordó realizar este encuentro en el Museo Nacional de Antropología e Historia, aunque la Secretaría de Gobernación solicitó el cambio al Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec) aduciendo razones de seguridad y logística. Se aceptó el cambio de sede con reserva, en el entendimiento de privilegiar a las víctimas y también porque ahí se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador hace casi 20 años. Ya llegó el momento de construir los acuerdos de paz para México.
La difusión pública del encuentro constituye uno de los aspectos más significativos del acto. En un hecho histórico, se logró que el equipo de Epigmenio Ibarra (Argos) captara, produjera y transmitiera directamente el encuentro en vivo a nivel nacional e internacional. Esto es de la mayor importancia: permitió presentar lo sucedido desde la narrativa ciudadana, haciendo a un lado las narrativas oficiales y desde el poder. Adicionalmente, se logró el acceso a todos los medios registrados en la fuente de la Presidencia y medios alternativos que han acompañado al Movimiento por la Paz.
A la mesa de diálogo sólo se sentaron las víctimas, el presidente Calderón y su equipo. Los 20 casos que ahí estuvieron representaron simbólicamente a las miles de víctimas directas y a todos los demás que en cierta medida también lo somos. Casos de desapariciones, de feminicidios, de asesinatos y secuestros, de victimización a comunidades indígenas y a defensores de derechos humanos que presentaron una demoledora realidad que contrastó totalmente con el discurso y perspectiva “optimista” de algunos de los argumentos gubernamentales. Estuvieron presentes testigos sociales como Carmen Aristegui, Denise Dresser y Enrique Krauze, entre otros.
A su vez, quedó de manifiesto la responsabilidad estatal en el actual estado de las cosas, pues los criminales no son el interlocutor, son el Estado y sus agentes. Ahora está más claro que antes que nada existe una deuda del Estado mexicano para con las víctimas y la sociedad toda. Hay que subrayar que se inició un proceso de disculpa pública. El presidente Calderón reconoció parte de esa deuda y la necesidad de nombrar a las víctimas. Con lo expuesto, difundido y la atención acordada a esos y otros casos sin lugar a dudas la causa de la justicia para las víctimas tuvo un gran avance el día de ayer.
También quedaron de manifiesto las distintas posiciones en lo que a la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia se refiere. El Presidente mandó categóricos mensajes sobre su concepción. No dejó lugar a dudas de que cree que hace lo correcto, aunque también dejó la sensación de que en ciertos temas se enfrenta a un gigante de paja, pues nadie le solicitó que dejara de actuar, sino que su actuación, la de su gobierno y la política pública fueran diferentes. No recuerdo una exposición pública del Presidente con tal vehemencia para defender sus ideas, incluso con reiterados golpes en la mesa para enfatizar sus ideas (gesto inapropiado, tomando el tipo de interlocutor sentado a la mesa). Reflejó así algún grado de desesperación e incluso de que se siente incomprendido e injustamente tratado. La reiteración de la posición presidencial fue uno de los temas de mayor desencanto para quienes fueron por el Movimiento por la Paz.
Igualmente se presentaron coincidencias. Propuestas diversas como la Ley General de Atención a Víctimas y otras fueron bien recibidas. También se dieron posiciones comunes en la necesidad de fortalecer a la ciudadanía mediante distintos instrumentos de participación ciudadana y de democracia representativa efectiva.
Se acordó instalar un mecanismo de seguimiento para procesar las propuestas, así como para el seguimiento de los casos. Igualmente, se convino una reunión en tres meses para revisar lo avanzado y así tomarle la palabra al Presidente para presentar modelos alternativos de seguridad humana y ciudadana. La Secretaría de Gobernación será la encargada de darle cauce a estos trabajos.
En síntesis, ganaron las víctimas. Queda pendiente el cumplimiento, la palabra presidencial está empeñada. Norma Ledezma dijo: “No dejaremos de luchar por esta causa, lucharemos hasta el final, no importa cuántas batallas perdamos y (que) vayamos perdiendo partes del corazón, no importa que nuestros sentimientos se marchiten, lucharemos por esta causa hasta el final”. Después de lo que oímos y vimos, hay elementos para la esperanza. Las cosas no cambian mágicamente, pero sin duda parte de México es distinto después de ese encuentro
del Ejército Mexicano detuvieron a la fuerza y sin orden judicial a tres jóvenes: Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; a su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y a la prima de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18. Permanecen desaparecidos desde entonces. Pero gracias a la reacción de la familia y de tres organizaciones de derechos humanos está a punto de lograrse la primera resolución de revisión de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de una acción de los operativos conjuntos de policías y Ejército iniciados por Calderón en 2006.Hay pruebas de que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes privaron ilegalmente de su libertad a los Alvarado: la camioneta en que viajaban Nitza Paola y José Ángel al ser detenidos fue incautada por el Ejército y puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo Casas Grandes, según consta en autos. Por otro lado, al interponer la denuncia correspondiente los familiares de los jóvenes, los días 30 y 31 de diciembre de ese año, fueron informados por sendos agentes del Ministerio Público de que los tres estaban detenidos en las instalaciones del 35 batallón de infantería en Nuevo Casas Grandes. Más: los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de que éstas fueron desaparecidas durante el operativo que el Ejército Mexicano realizó en Buenaventura el 29 de diciembre de 2009, comandado por el teniente coronel Élfego José Luján Ruiz.
Como siempre, el Ejército Mexicano se ha negado a reconocer los hechos. Cuando los familiares interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República, esta última declinó su competencia a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que elementos del Ejército Mexicano estuvieron directamente involucrados en la desaparición forzada. La PGJE la admitió como caso de personas desaparecidas
y no como de desaparición forzada
. Hasta ahora los familiares y sus representantes se han negado a reconocer el fuero militar y exigen que las investigaciones salgan del ámbito de la procuraduría militar y se realicen en el del fuero común.
Las instancias gubernamentales han ocultado información, no se coordinan entre ellas y operan con enorme negligencia. Por ejemplo, dos meses después de la desaparición forzada se tuvo la última noticia de Nitza Paola. Logró comunicarse por celular con una amiga, a quien angustiada y apresurada le gritó: Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo
. Los familiares y sus representantes denunciaron el hecho y proporcionaron a las autoridades la información sobre el número telefónico en el que se recibió la llamada de auxilio. A pesar de contar con la tecnología y los medios adecuados para rastrear la llamada e identificar al propietario de la línea, el Estado mexicano ha sido totalmente omiso.
En Chihuahua ha habido más de 200 casos de desapariciones forzadas desde que se inició esta guerra contra el narcotráfico
. Pero, en el caso de los Alvarado, gracias a la tenacidad y valentía de la familia y a la labor comprometida de Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se ha litigado intensa y sabiamente. La familia y los coadyuvantes, Emilia González, Luz Esthela Castro y Patricia Galarza han presentado todos los recursos correspondientes ante el Estado mexicano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas.
Han tenido importantes logros: el 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a los tres jóvenes y conminó al Estado adoptar de inmediato las medidas necesarias para determinar lo antes posible el paradero de ellos y proteger su libertad, su integridad y su vida. Las medidas provisionales se ampliaron en noviembre del mismo año a favor de 23 de los familiares de los Alvarado y Emilia González, una de las representantes legales. Esta resolución se dio por la extrema gravedad y urgencia
de la situación y con el fin de evitar daños irreparables a las personas
. El primero de abril de 2011 la CIDH amplió las medidas provisionales a nueve familiares más y concedió una audiencia pública en su sede de San José de Costa Rica, el próximo martes 28 de junio, para revisar las multicitadas medidas provisionales que el Estado mexicano se niega a cumplir.
La visibilización del caso a escala nacional e internacional y la actitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han puesto muy nerviosos al Ejército y al Estado mexicano. Los militares han estado acosando de diversas formas a miembros de la familia Alvarado y a sus representantes legales. Luego de una llamada telefónica efectuada el 29 de enero pasado, los familiares tuvieron que dejar sus domicilios y trabajos para esconderse ante las amenazas de muerte. En la inminencia de la audiencia pública de la Corte Interamericana en Costa Rica, el hostigamiento se recrudece: el domingo 5 de junio la Policía Federal allanó el local del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; la Secretaría de Relaciones Exteriores pone mil trabas para entregarle su pasaporte a La Güera Alvarado, una de las más combativas mujeres de la familia, para que pueda acudir a la audiencia. El gobierno federal logró además que la Corte Interamericana le concediera una audiencia privada
previa a la pública, cosa muy inusual cuando se trata de revisión de medidas provisionales.
Es deseable la Corte Interamericana no se deje presionar por el gobierno de Calderón y emita una resolución paradigmática que lo obligue a responder por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío y José Ángel.
Casos como este son los que explican por qué entre la ciudadanía chihuahuense crece la demanda por la desmilitarización del país. No éramos ariscos…
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