Edomex: la "crónica de un fraude anunciado"

Bernardo Barranco V.

Esta expresión resume la intervención de José Núñez Castañeda, ex presidente del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM, 2005-2008), quien parafraseó a Gabriel García Márquez, durante el primer informe de Dictamen Ciudadano, celebrado el 2 de junio pasado, con la presencia de Javier Sicilia. La crónica de un fraude anunciado pone en evidencia la notoria inequidad de la contienda electoral, así como la pasividad y cuestionable parcialidad de los integrantes del actual consejo electoral en la entidad mexiquense.

El proceso se ha venido enturbiando, en efecto, por la utilización por todos los contendientes de programas y hasta aparatos gubernamentales para fortalecer posicionamientos y campañas. Sin embargo, la apuesta y desmesura por la coalición Unidos por Ti no tiene equivalente alguno. Ni siquiera la controvertida campaña del propio Enrique Peña Nieto, censurado por haber utilizado de manera inmisericorde los medios electrónicos en 2005; hay que recordar que, antes de la reforma de 2007, las campañas gastaban más de 70 por ciento de sus prerrogativas en promocionarse en radio y televisión.

Con cierto azoro, Manuel Camacho Solís, actual representante de la coalición Juntos Podemos Más, escribió, en un artículo titulado Inequidad electoral extrema, que las elecciones del estado de México se parecen más a las del antiguo régimen que a las elecciones que ocurrieron después de las reformas de 1994-96, señalando que en el Edomex el tiempo se ha detenido: “La administración pública se reorganizó por medio de gabinetes regionales perfeccionados por distrito electoral. El video de Chalco, la prueba más contundente de simbiosis que existe en la historia electoral reciente… El árbitro electoral es parcial. Está al servicio del PRI, como en los viejos tiempos de la Comisión Federal Electoral controlada por Gobernación. Fue muy lamentable la resolución de su consejo, cuando frente a un evidente acto ilegal de interferencia del gobierno en la elección, no hizo sino proteger al gobierno del estado y al PRI” (El Universal, 20/6/11).

Uno podría matizar las afirmaciones porque provienen de un político involucrado en el proceso; sin embargo, su reparo responde a una realidad preocupante que todos, de una u otra manera, ya sabíamos: el PRI va con todo. Lo importante es ganar y no importa cómo. La utilización masiva de recursos logísticos gubernamentales, económicos y humanos, especialmente en las tres primeras semanas de la campaña de Eruviel Ávila no tienen precedentes. Abundan testimonios, crónicas y señalamientos de observadores independientes. Con sobrada razón, entre los actores, organizaciones ciudadanas, periodistas y analistas queda la impresión no sólo de que hubo derroches y excesos económicos, sino de probable rebasamiento de los topes de campaña, que puede ser una causal de nulidad siempre y cuando sea determinante. Aquí, sólo el IEEM está facultado para dar certeza y equidad al proceso y, mediante diferentes presiones, el Consejo General finalmente aceptó realizar revisiones precautorias, mandatando realizarla a su órgano técnico de fiscalización.

Sin embargo, el acuerdo IEEM/CG/97/2011 es confuso, impreciso y tiene franjas de indefinición. Efectivamente, los consejeros mandatan al órgano técnico de fiscalización para que realice la revisión precautoria en los términos estrictos que establece el Código Electoral, es decir, únicamente sobre el cumplimiento de los topes de campaña y con resultados que no sean públicos, hasta la dictaminación de los informes definitivos de campaña. Es decir, la revisión de los ingresos y gastos se podría iniciar tres meses después de la jornada electoral y cuando se presenten los informes definitivos de campaña; a partir de ese momento la autoridad electoral contará con 90 días para su estudio y análisis, lo que implica que se podría emitir el dictamen ¡seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo! No será una revisión ni mucho menos precautoria.

El otro ejemplo último, que cuestiona la imparcialidad del árbitro electoral, fue la lamentable exoneración del servidor público Bernardo García Cisneros, captado en video operando programas sociales por votos. El Consejo se declara incompetente para aplicar alguna sanción y, como Poncio Pilatos, no sólo se lava las manos, sino que lamenta la actitud del solitario pillo electoral García Cisneros, cuando en realidad el video en cuestión ponía de manifiesto, no las desventuras de un operador, sino el modus operandi de un sistema gubernamental que transmuta en un aparato electoral, y al cual el instituto se niega a investigar, presentándolo como hecho aislado y casual.

Este Aburto electoral, además de ser funcionario del gobierno estatal, fue durante más de 10 años el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero. En sesión de consejo, los consejeros privilegiaban una supuesta legalidad de su acuerdo para remitirlo a otras dependencias, sacrificando los principios de certeza y hasta de constitucionalidad. Curiosamente, el representante de la coalición comandada por el PRI ante el Consejo General, el experimentado César Camacho, apenas interviene porque no necesita implicarse: tiene ya prácticamente cinco consejeros de consigna priísta que se ocupan, debaten y defienden sus intereses. ¿Cuál es el mensaje?: la impunidad. Sigan actuando, señores; sigan operando votos por dádivas, que no hay autoridad ni instancia que sancione.

La crónica de un fraude anunciado es una expresión cruel y válida; no se centra en la jornada electoral, sino en el proceso, cargado de sesgos e irregularidades. Pone en evidencia la inequidad y la impunidad de un proceso; así exhibe igualmente a las autoridades electorales omisas que se escudan en un discurso legaloide para justificar la clara inclinación hacia el partido en el poder. En realidad, todo este conjunto refleja el carácter perjudicialmente regresivo de las elecciones que culminarán este 3 de julio.

Edomex: significado del voto

Luis Linares Zapata

Se ha dicho y repetido que las próximas elecciones en el estado de México son y serán un laboratorio para las de 2012. Y en muchos sentidos la afirmación es atinada. No porque se enfrentará, desde la izquierda, a una figura harto conocida: la de Peña Nieto, el adelantado del priísmo en quien recaen todas las conveniencias y resguardos de la elite empresarial de gran talla, sino porque en el mero fondo de la batalla estalló la disputa por la prevalencia del modelo de gobierno en boga o su cambio radical. Un episodio ciertamente crucial y que se está escenificando en el estado más poblado del país.

El modelo bajo cuestión implica dos realidades distintas pero entrelazadas de manera estructural. Una apunta hacia la injusticia para distribuir riqueza y las oportunidades. La otra revela el acendrado talante antidemocrático de la cultura imperante. Ambas vertientes están en juego en esta contienda, pues el priísmo trata de darles continuidad y, la izquierda, porque pretende finiquitar tan dañina orientación y práctica. El Edomex es, quizá, la entidad donde la inequidad distributiva cobra más relevancia. Los contrastes entre los pocos que todo lo tienen hasta de sobra y las mayorías carentes de lo indispensable abruman a cualquiera y a simple vista. Para empezar el recuento de los agravios, 7 millones de pobres y marginados lo ejemplifican sin tapujos que se atrevan a disfrazar la realidad. Las clases medias mexiquenses (40 por ciento) depauperadas sin contemplaciones, se sitúan entre los tres y seis salarios mínimos y sólo 4 por ciento ingresa más de 10 de los mismos minisalarios.

El distintivo antidemocrático del sistema, acampado a escala nacional pero que, en el Edomex, se agudiza de manera notable es el anverso de la moneda. Su llamada clase política, bien atrincherada en los cargos públicos desde hace por lo menos setenta años, no duda en emplear las peores artimañas –incluyendo francas ilegalidades– para perpetuarse en el poder. Las imbricaciones entre políticos, empresarios, traficantes de influencias, contratistas, asesores y negociantes de variada laya y escrúpulos, alcanza tal consistencia que se emparenta, con abierto cinismo, con los grupos mafiosos que, en tropel, rondan esta República.

La inequidad en la actual contienda puede observarse al contabilizar y analizar el despliegue propagandístico de uno y los otros candidatos. El priísta hace mal uso de un apabullante, cuasi monopólico, empleo de bardas, espectaculares a todo color, acarreos y demás utensilios propagandísticos. Los infomerciales de radio y televisión se incluyen por separado porque acaparan el espectro radiotelevisivo. A ello se agrega la avalancha de apoyos y halagos a todo color de seudocríticos, analistas orgánicos y encuestólogos cargando en su favor. Pero lo más indicativo, por su trascendencia en la vida democrática, quizá sea la captura, por parte del PRI o del gobernador, de los organismos que debían velar por la limpieza y equidad en la contienda: el IEEM y el tribunal respectivo. Las pruebas de su parcialidad se han ido apilando una a otra hasta contaminar a sus similares a escala federal. Al uso de los programas sociales, los obsequios en bienes y efectivo se aúnan las presiones y hasta amenazas de autoridad. Hechos bien conocidos y hasta plasmados en el video exhibido ante los tribunales pero que, en desgraciada sesión, fue desechado por no precisar lugar, fecha y alcances o algo parecido pero igual de insensato. Bien puede decirse que toda la estructura del gobierno fue transformada en un aparato de campaña para asegurar, a toda costa, la prolongación del estado de cosas imperante.

No faltan, además, los articulistas y columneros centrales que espulgan la propensión de la mayoría mexiquense por sumarse, a pesar de todo y con malsana compulsión, por la continuidad priísta. Para los mexiquenses vale más el mal conocido, sostienen. Dan por descontado los defectos implícitos del abanderado y sus mentores del sistema local y desechan, por peligrosa, mal orientada y peor planteada, la oferta de la izquierda y a su candidato, sin importar gran cosa que este sea, aceptan a regañadientes, mejor opción.

Aunque las encuestas, algunas de ellas publicadas diariamente, muestran, según sus conclusiones, un claro e indiscutible ganador, la pelea no ha concluido. Las posibilidades a la izquierda van emergiendo en medio del barullo, dado que el PAN y su adalid resultaron, como se esperaba, un acto opcional fallido. La fuerza popular del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es respaldo suficiente de Encinas para dar digna batalla. Y en eso están comprometidas todas sus bases de apoyo. La pretensión es no sólo triunfar, sino trabajar por el cambio futuro de un sistema asfixiante, causal del enorme descontento nacional. Lograr una votación para la izquierda cercana al 30 por ciento del total será una verdadera hazaña, dadas las circunstancias arriba descritas. El segundo enfrentamiento será el definitivo.