Seguridad para la defensora de DH Obtilia Eugenio pide AI

Ella y otro defensor fueron amenazados nuevamente de muerte

Por la Redacción

México, DF, 22 jun 11 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades mexicanas que proporcionen medidas efectivas de protección que garanticen la seguridad de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, defensores de Derechos Humanos (DH) que en fechas recientes fueron amenazados de muerte.

En un comunicado difundido hoy, AI informó que el 16 de junio ambos activistas recibieron en su domicilio una carta con amenazas de muerte. En opinión de esta organización la amenaza es una advertencia para que dejen de exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega”, violadas por militares en 2002.

De acuerdo con AI, la carta también dirigía amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que junto con Obtilia y Cuauhtémoc documentaron los casos de violación sexual de Inés y Valentina.

Cabe recordar que el mismo día que ocurrieron las amenazas, Tlachinollan reabrió sus oficinas en Ayutla de Los Libres, Guerrero, que permanecieron cerradas por dos años debido a las constantes amenazas.

Sólo el pasado 6 de junio de este año, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) –organización fundada por Obtilia y Cuauhtémoc– fueron agredidos e interrogados por soldados cuando se dirigían a conmemorar la masacre de El Charco.

Según los miembros de la OPIM, los soldados no explicaron los motivos por lo que se encontraban ahí (en las oficinas de la Red Década Solidaria contra la Impunidad donde los defensores esperaban para ir a El Charco) y se mostraron agresivos y groseros.

Debido a las constantes amenazas, el 9 de abril de 2009, la CoIDH ordenó al Estado mexicano que proporcionara a 107 defensores de DH, entre ellos Obtilia, Cuauhtémoc, su familia y otras personas, medidas efectivas de protección y que investigara los ataques, sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado a los responsables de los ataques y amenazas.

AI presume que las amenazas surgieron tras la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, notificadas al Estado mexicano en octubre de 2010, que lo condenan por su responsabilidad en la violación sexual de Inés y Valentina, con lo cual le ordena reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar a fin de que hechos como estos no se investiguen en la jurisdicción castrense sino en la civil.

Ante este panorama AI aludió a la solidaridad de la sociedad para exigir a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza anónima realizada contra estos derecho humanistas, que los resultados de la indagatoria se hagan públicos y que se lleve ante la justicia a los responsables.