MÉXICO, 21 jun (IPS) - A pesar de que cuatro de las cinco condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México se basan en casos en el sureño estado de Guerrero, sus efectos aún no dejan huella en esa zona, una de las más pobres del país.
"No podemos decir que hay resultados tangibles. Por lo menos se ha demostrado que las denuncias de las víctimas de casos de violaciones de derechos humanos eran veraces", dijo a IPS Abel Barrera, fundador y director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Fundada en 1994, esta organización no gubernamental promueve desde la ciudad de Tlapa de Comonfort, unos 340 kilómetros al sur de la ciudad de México, el desarrollo comunitario, la educación en derechos humanos y la asistencia legal a los pueblos indígenas de la región.
Entre noviembre de 2009 y ese mismo mes de 2010, la Corte que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró culpable al Estado mexicano en cinco ocasiones por violar las garantías y los derechos fundamentales.
El primer fallo fue por el asesinato en 2001 de tres jóvenes mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio donde aparecieron los cadáveres.
Los expedientes posteriores se refirieron a sucesos cuyo escenario fue Guerrero, una zona donde actúan narcotraficantes, paramilitares y grupos guerrilleros de izquierda.
La Corte de la OEA, con sede en San José de Costa Rica, condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por la desaparición forzada en 1974 del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla.
Luego, en agosto pasado, esa instancia presidida por el magistrado peruano Diego García-Sayán, dictó dos sentencias condenatorias más, por las indígenas mexicanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002 en suelo guerrerense.
Finalmente, la Corte responsabilizó de nuevo en noviembre pasado al Estado mexicano por los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados en 1999 por soldados mexicanos y condenados en 2000 a seis y 10 años de cárcel, respectivamente, imputados de portar armas y sembrar marihuana.
El gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón efectuó este martes un acto de reparación pública a favor de Montiel y Cabrera, en cumplimiento del laudo de la Corte.
De hecho, el Poder Ejecutivo eligió la sentencia menos compleja y la última para esa actividad, según organizaciones de derechos humanos. Además, la sentencia fue publicada el siete de este mes en el Diario Oficial de la Federación, una de las obligaciones del Estado mexicano.
En Guerrero, más de 100 defensores de derechos humanos han sido amenazados, por las cuales han recibido medidas de protección provisional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el otro organismo especializado en la materia de la OEA y con sede en Washington.
"El incumplimiento del Estado es más que preocupante, no solamente con las sentencias de la Corte. Están las observaciones de comités, grupos de trabajo y relatores que están incumplidas", dijo a IPS Fabián Sánchez, director ejecutivo de la no gubernamental I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Esas instancias han emitido en los últimos años unas 1.000 recomendaciones sobre México, de las cuales más de 90 por ciento están incumplidas, según el registro de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Paralelamente, la Corte de San José elaboró al menos 14 informes de fondo sobre la responsabilidad del Estado en cuestiones de derechos humanos.
Montiel, Cabrera y otros lugareños fundaron en 1999 la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, para detener la creciente deforestación en esa zona de Guerrero.
En 2001, el entonces presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) les condonó la sentencia por "motivos humanitarios" y por la presión nacional e internacional en torno a los casos, pero sin que éstos fueran analizados jurídicamente para certificar su inocencia.
Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlachinollan y por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron en 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los vicios existentes en el proceso contra ambos ecologistas y ésta, a su vez, elevó en junio de 2009 el expediente a la Corte.
"No hay avances sustanciales en el cumplimiento de las sentencias. Falta voluntad del Estado para que asuma los compromisos. Pero no podemos quedar supeditados a esa falta. Hay una imagen fija de que en México se violan gravemente los derechos humanos, ya es un foco rojo en América Latina", resaltó Barrera.
Este antropólogo recibió el 27 de mayo el VI Premio de los Derechos Humanos, concedido por la organización Amnistía Internacional. Y el seis de junio el activista recogió el galardón de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entregado por el estadounidense Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Tlachinollan reabrió el día 16 su oficina en la comunidad de Ayutla de los Libres, que había cerrado en febrero de 2009 debido a amenazas a intimidaciones, para seguir calibrando una situación complicada.
El 18 de abril pasado fue asesinado en la comunidad guerrerense de La Morena el campesino ecologista Javier Torres, de 30 años y dirigente de la organización fundada por Montiel, un crimen rodeado de impunidad. La víctima había recibido amenazas de muerte, según la denuncia de organizaciones de derechos humanos.
En tres de las cinco resoluciones condenatorias se alude a la necesidad de reformar el fuero militar, una figura del Código Militar de 1933 para juzgar a efectivos que cometan ilícitos fuera de sus actividades castrenses.
El presidente Calderón envió en octubre de 2010 al parlamento una propuesta de reforma, aplicable sólo a la desaparición forzada, violación y tortura, y rechazada por organizaciones de derechos humanos. Pero los legisladores no han querido entrar aún a discutir el tema.
"Van a llegar muchos más casos a la Corte en los próximos años. Y si el Estado no responde, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Estamos más que retrasados en esos temas", previó Sánchez.
La Comisión Interamericana captó 267 expedientes de México en 2010, sólo superado en la región por Colombia, con 325.
Por el caso Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a comienzos de este mes que el Estado incumple los términos del laudo. (FIN/2011)
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