Julio Hernández López: Astillero
El poeta Javier Sicilia se reunirá con el comandante Felipe Calderón en condiciones desventajosas. Para empezar, presentará cercenado el universo de planteamientos que escuchó a lo largo de las marchas que ha encabezado (una, con destino a la ciudad de México; otra, hacia Ciudad Juárez), pues se ha negado a dar curso a los acuerdos que en mesas de trabajo tuvieron los dirigentes de organizaciones civiles de la urbe fronteriza, quienes no solamente están mayoritariamente en contra de sesiones de diálogo con el actual ocupante de la silla presidencial sino que incluso demandan su sometimiento a un juicio político, junto con algunos de sus bélicos colaboradores.
Con esa exclusión, que pareciera haber sido una condicionante o un necesario ingrediente para avanzar en las negociaciones rumbo al encuentro de este jueves en el Museo de Antropología de la capital del país, se subraya el carácter personalísimo de la conducción de una movilización nacional, se desdeña la experiencia de los juarenses en cuanto al trato con el aparato gubernamental federal y se ahorra al licenciado Calderón el tratamiento público de una ríspida exigencia creciente que busca su renuncia, destitución o enjuiciamiento (bueno, ya ni siquiera se pretende la salida del medallista secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, que originalmente había exigido en un arranque discursivo el propio Sicilia).
Otro riesgo, relativamente injusto, correrá también el movimiento por la paz y la justicia cuando este jueves sus dirigentes escogidos se sienten frente al felipismo combatiente. En un escenario altamente polarizado, consolidado como está el escepticismo frente a los procesos políticos institucionales y en un caldo de cultivo muy propicio para considerar debilidad e incluso traición el hecho de dialogar y negociar con la contraparte a la que con fundadas razones se considera oportunista, manipuladora e inamovible en sus propósitos reales, la cúpula del movimiento nacido en Cuernavaca llega con poca habilidad política y, al menos en los primeros escarceos, sin la claridad ni la fuerza suficientes para impedir que el calderonismo comience, como lo ha hecho ya, a asignarse cuotas de ganancia política y de imagen.
Relativamente injusto ese riesgo, se dijo líneas arriba, porque no debería darse un enfoque negativo al hecho en sí de dialogar y negociar con el adversario, pues justamente una de las responsabilidades de los dirigentes de movimientos políticos y sociales es buscar la satisfacción del mayor número posible de sus demandas, y ello suele requerir del instrumental que, por desgracia, y como una de las consecuencias del envilecimiento de la actividad política que se ha vivido en México, es frecuentemente descalificado y satanizado. Sicilia y quienes le acompañarán al encuentro con Calderón y algunos miembros de su gabinete no merecen desconfianza por el hecho de ir a dialogar públicamente (Marcelo Ebrard se ha negado implacablemente a dejarse tomar fotografías saludando o flanqueando a Felipe Calderón, pero en los hechos ha tenido y sostenido negociaciones políticas indirectas, constantes y evidentes, con él).
Por ello es necesario advertir las condiciones desventajosas, el adelgazamiento de la protesta (sobre todo al excluir la voz de los juarenses) y el riesgo de la manipulación que caracterizan un encuentro de esta naturaleza, y el hecho de que ese movimiento nacional de protesta pueda caer en desgaste, controversias inútiles y entrampamiento. Calderón es un interlocutor sordo al que con voluntarismo opositor se le pretenden destapar los canales auditivos, y las ceremonias oficiales anteriores de atención a quejosos provenientes de desgracias familiares han terminado en material propagandístico utilizado para reforzar las tesis bélicas en curso, así que no es mucho el rango de confianza que se puede otorgar a sesiones como la que se realizará este jueves.
Y, sin embargo, la rendija de esperanza reside en que el coraje y la convicción del poeta Sicilia (otra vez, el factor personalísimo) sean capaces de impedir que el jueves el calderonismo se alce con una victoria fabricada con base en propaganda y control mediático. De la entereza y el valor de Sicilia y sus acompañantes dependerá que mantenga posibilidades de avance la siguiente etapa anunciada, la de una amplia movilización de protesta y desobediencia civil que deje atrás, como una etapa a la que se hubo de dar cumplimiento táctico, el fallido diálogo con el comandante Calderón, sabidamente empecinado en no variar ni en una gota de sangre su estrategia de control social mediante el pavor.
Como ejemplo de esas truculencias en las que se ha especializado el Señor de las dos guerras (una, contra el narco; otra, contra el PRI), se va abriendo paso la versión de que PRI y PAN (luego de la intrigante liberación de un pájaro tijuanense de cuenta) están afinando detalles para reabrir en agosto, en periodo legislativo extraordinario, la posibilidad de que sean aprobadas dos de las propuestas que el licenciado Calderón tanto necesita, la laboral (que había sido frenada por el temor peñanietista de que caciques sindicales mexiquenses se rebelaran electoralmente en julio contra el tricolor por autorizar la llamada ley Lozano) y la Ley de Seguridad Nacional que formalizaría la atribución felipense de dictar, de facto, estados de excepción. Pero, en ese canje de rehenes, los priístas, que habrían cedido en lo legislativo, a cambio de la liberación de un precandidato a gobernador de Baja California (y tal vez de la entrega de dos de las tres piezas del IFE pendientes de designar, una de ellas, intercambio de favores del tricolor con Televisa), han vuelto a tomar posiciones bélicas, al acusar ante ese mismo IFE a un trío de secretarios del gabinete calderónico de activismo electoral utilizando recursos públicos. Es decir, Cordero, Lujambio y Lozano serían las nuevas fichas de cambio.
Y, mientras El Chango de La Familia es exhibido como la más reciente pieza de captura del safari pinolero, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El poeta Javier Sicilia se reunirá con el comandante Felipe Calderón en condiciones desventajosas. Para empezar, presentará cercenado el universo de planteamientos que escuchó a lo largo de las marchas que ha encabezado (una, con destino a la ciudad de México; otra, hacia Ciudad Juárez), pues se ha negado a dar curso a los acuerdos que en mesas de trabajo tuvieron los dirigentes de organizaciones civiles de la urbe fronteriza, quienes no solamente están mayoritariamente en contra de sesiones de diálogo con el actual ocupante de la silla presidencial sino que incluso demandan su sometimiento a un juicio político, junto con algunos de sus bélicos colaboradores.
Con esa exclusión, que pareciera haber sido una condicionante o un necesario ingrediente para avanzar en las negociaciones rumbo al encuentro de este jueves en el Museo de Antropología de la capital del país, se subraya el carácter personalísimo de la conducción de una movilización nacional, se desdeña la experiencia de los juarenses en cuanto al trato con el aparato gubernamental federal y se ahorra al licenciado Calderón el tratamiento público de una ríspida exigencia creciente que busca su renuncia, destitución o enjuiciamiento (bueno, ya ni siquiera se pretende la salida del medallista secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, que originalmente había exigido en un arranque discursivo el propio Sicilia).
Otro riesgo, relativamente injusto, correrá también el movimiento por la paz y la justicia cuando este jueves sus dirigentes escogidos se sienten frente al felipismo combatiente. En un escenario altamente polarizado, consolidado como está el escepticismo frente a los procesos políticos institucionales y en un caldo de cultivo muy propicio para considerar debilidad e incluso traición el hecho de dialogar y negociar con la contraparte a la que con fundadas razones se considera oportunista, manipuladora e inamovible en sus propósitos reales, la cúpula del movimiento nacido en Cuernavaca llega con poca habilidad política y, al menos en los primeros escarceos, sin la claridad ni la fuerza suficientes para impedir que el calderonismo comience, como lo ha hecho ya, a asignarse cuotas de ganancia política y de imagen.
Relativamente injusto ese riesgo, se dijo líneas arriba, porque no debería darse un enfoque negativo al hecho en sí de dialogar y negociar con el adversario, pues justamente una de las responsabilidades de los dirigentes de movimientos políticos y sociales es buscar la satisfacción del mayor número posible de sus demandas, y ello suele requerir del instrumental que, por desgracia, y como una de las consecuencias del envilecimiento de la actividad política que se ha vivido en México, es frecuentemente descalificado y satanizado. Sicilia y quienes le acompañarán al encuentro con Calderón y algunos miembros de su gabinete no merecen desconfianza por el hecho de ir a dialogar públicamente (Marcelo Ebrard se ha negado implacablemente a dejarse tomar fotografías saludando o flanqueando a Felipe Calderón, pero en los hechos ha tenido y sostenido negociaciones políticas indirectas, constantes y evidentes, con él).
Por ello es necesario advertir las condiciones desventajosas, el adelgazamiento de la protesta (sobre todo al excluir la voz de los juarenses) y el riesgo de la manipulación que caracterizan un encuentro de esta naturaleza, y el hecho de que ese movimiento nacional de protesta pueda caer en desgaste, controversias inútiles y entrampamiento. Calderón es un interlocutor sordo al que con voluntarismo opositor se le pretenden destapar los canales auditivos, y las ceremonias oficiales anteriores de atención a quejosos provenientes de desgracias familiares han terminado en material propagandístico utilizado para reforzar las tesis bélicas en curso, así que no es mucho el rango de confianza que se puede otorgar a sesiones como la que se realizará este jueves.
Y, sin embargo, la rendija de esperanza reside en que el coraje y la convicción del poeta Sicilia (otra vez, el factor personalísimo) sean capaces de impedir que el jueves el calderonismo se alce con una victoria fabricada con base en propaganda y control mediático. De la entereza y el valor de Sicilia y sus acompañantes dependerá que mantenga posibilidades de avance la siguiente etapa anunciada, la de una amplia movilización de protesta y desobediencia civil que deje atrás, como una etapa a la que se hubo de dar cumplimiento táctico, el fallido diálogo con el comandante Calderón, sabidamente empecinado en no variar ni en una gota de sangre su estrategia de control social mediante el pavor.
Como ejemplo de esas truculencias en las que se ha especializado el Señor de las dos guerras (una, contra el narco; otra, contra el PRI), se va abriendo paso la versión de que PRI y PAN (luego de la intrigante liberación de un pájaro tijuanense de cuenta) están afinando detalles para reabrir en agosto, en periodo legislativo extraordinario, la posibilidad de que sean aprobadas dos de las propuestas que el licenciado Calderón tanto necesita, la laboral (que había sido frenada por el temor peñanietista de que caciques sindicales mexiquenses se rebelaran electoralmente en julio contra el tricolor por autorizar la llamada ley Lozano) y la Ley de Seguridad Nacional que formalizaría la atribución felipense de dictar, de facto, estados de excepción. Pero, en ese canje de rehenes, los priístas, que habrían cedido en lo legislativo, a cambio de la liberación de un precandidato a gobernador de Baja California (y tal vez de la entrega de dos de las tres piezas del IFE pendientes de designar, una de ellas, intercambio de favores del tricolor con Televisa), han vuelto a tomar posiciones bélicas, al acusar ante ese mismo IFE a un trío de secretarios del gabinete calderónico de activismo electoral utilizando recursos públicos. Es decir, Cordero, Lujambio y Lozano serían las nuevas fichas de cambio.
Y, mientras El Chango de La Familia es exhibido como la más reciente pieza de captura del safari pinolero, ¡hasta mañana!
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El senador Beltrones se reunió con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, para tratar lo de la comalada de reformas que empuja el presidente Calderón a fin de que sean aprobadas fast track en un periodo extraordinario del Congreso. Le dijo Beltrones que el Ejecutivo quiere hacer las cosas al revés. Primero deben ser los acuerdos, luego los dictámenes de las comisiones legislativas correspondientes y finalmente la votación. Hay que seguir el abc del mecanismo legislativo: primero es la a, luego la b, enseguida la c, de acuerdo con Beltrones. Sólo que al parecer Blake se sabe el alfabeto de otro modo: primero la h, luego la a, luego la n y enseguida la k, hank. No quiere el gobierno calderonista más dilaciones ni pretextos ni excusas. Las reformas tienen que salir ya. Así que los priístas deben sacar las antenas. A menos que quieran –eso no sé si lo dijo Blake, pero se respira en el ambiente– que alguno de los ex gobernadores tenga que leer el abecedario en la forma particular que acaba de verse en el Hipódromo Agua Caliente, de Tijuana. Algunas de las reformas ya fueron aprobadas por el Senado, sólo falta la luz verde de la Cámara de Diputados, donde ejerce una importante influencia el gobernador Peña Nieto. En otras palabras, el periodo extraordinario va.
A río revuelto
El Consejo Coordinador Empresarial tiene interés en que se lleve a cabo. Algunas de las iniciativas están destinadas a favorecerlo. Quiere cobrar por adelantado los servicios que pudiera prestar en la próxima campaña presidencial. En una declaración que emitió ayer dice que exhorta a los presidentes de los partidos políticos a que analicen y apoyen la aprobación de una Ley de Asociaciones Público-Privadas que detonaría el crecimiento económico y la generación de empleos, por su impacto positivo en la actividad productiva del país. Mediante estas asociaciones, en los contratos de obra del gobierno, de valor multimillonario, se daría una importante participación a empresas particulares. La idea no es necesariamente mala, pero dada la corrupción que existe en el país es difícil augurar sus resultados. En reiteradas ocasiones hemos destacado los beneficios de un nuevo marco jurídico, que de hecho ya ha probado sus virtudes de manera local en varias entidades de la República con distintos colores partidistas, entre los que destacan el estado de México, el Distrito Federal, Morelos, Baja California Sur, Tamaulipas, Durango, Tabasco, Chiapas y Aguascalientes, entre otros, agrega el CCE. Curiosamente, el Distrito Federal y el estado de México están ahogados en deudas.
Educando a Lula
El ex presidente Lula da Silva, acompañado de su enorme popularidad, está en México. Fue invitado por Bancomer a dar una conferencia en su reunión de consejeros; recientemente había asistido a la Convención Nacional Bancaria de Acapulco. En su exposición frente a la gente de Bancomer dijo que el crimen en México es una forma de empleo. Discúlpeme que lo corrija, señor Da Silva. No es sólo una forma de empleo, incluso es el medio para ganar una pensión vitalicia. Tenemos el caso de su conocido Vicente Fox. En los primeros días de su gobierno escapó el célebre Chapo Guzmán de una prisión de la provincia de México. No ha podido ser recapturado. El Chapo está hoy en la lista de la revista Forbes y Fox hace campaña en Estados Unidos para que se permita la legalización de las drogas. Y, desde luego, cobra una pensión vitalicia del gobierno mexicano, que equivale a tres veces el salario que usted recibía como presidente de Brasil.
El asesinato del socio de Lala
Pablo Armendáriz Vela, ex yerno del ganadero y socio de Grupo Lala, Carlos Ignacio Valdés Berlanga, de Torreón, es el presunto autor intelectual de su asesinato. Contrató a tres sicarios para ejecutarlo. Después de cumplir varios días de arraigo, ayer en la madrugada fue llevado a prisión, junto con uno de los sicarios de nombre Luis Armando Jácquez Castañeda, El Remi. Dos horas después, este último supuestamente se ahorcó en el interior de su celda. El suceso ha levantado una ola de rumores.
A río revuelto
El Consejo Coordinador Empresarial tiene interés en que se lleve a cabo. Algunas de las iniciativas están destinadas a favorecerlo. Quiere cobrar por adelantado los servicios que pudiera prestar en la próxima campaña presidencial. En una declaración que emitió ayer dice que exhorta a los presidentes de los partidos políticos a que analicen y apoyen la aprobación de una Ley de Asociaciones Público-Privadas que detonaría el crecimiento económico y la generación de empleos, por su impacto positivo en la actividad productiva del país. Mediante estas asociaciones, en los contratos de obra del gobierno, de valor multimillonario, se daría una importante participación a empresas particulares. La idea no es necesariamente mala, pero dada la corrupción que existe en el país es difícil augurar sus resultados. En reiteradas ocasiones hemos destacado los beneficios de un nuevo marco jurídico, que de hecho ya ha probado sus virtudes de manera local en varias entidades de la República con distintos colores partidistas, entre los que destacan el estado de México, el Distrito Federal, Morelos, Baja California Sur, Tamaulipas, Durango, Tabasco, Chiapas y Aguascalientes, entre otros, agrega el CCE. Curiosamente, el Distrito Federal y el estado de México están ahogados en deudas.
Educando a Lula
El ex presidente Lula da Silva, acompañado de su enorme popularidad, está en México. Fue invitado por Bancomer a dar una conferencia en su reunión de consejeros; recientemente había asistido a la Convención Nacional Bancaria de Acapulco. En su exposición frente a la gente de Bancomer dijo que el crimen en México es una forma de empleo. Discúlpeme que lo corrija, señor Da Silva. No es sólo una forma de empleo, incluso es el medio para ganar una pensión vitalicia. Tenemos el caso de su conocido Vicente Fox. En los primeros días de su gobierno escapó el célebre Chapo Guzmán de una prisión de la provincia de México. No ha podido ser recapturado. El Chapo está hoy en la lista de la revista Forbes y Fox hace campaña en Estados Unidos para que se permita la legalización de las drogas. Y, desde luego, cobra una pensión vitalicia del gobierno mexicano, que equivale a tres veces el salario que usted recibía como presidente de Brasil.
El asesinato del socio de Lala
Pablo Armendáriz Vela, ex yerno del ganadero y socio de Grupo Lala, Carlos Ignacio Valdés Berlanga, de Torreón, es el presunto autor intelectual de su asesinato. Contrató a tres sicarios para ejecutarlo. Después de cumplir varios días de arraigo, ayer en la madrugada fue llevado a prisión, junto con uno de los sicarios de nombre Luis Armando Jácquez Castañeda, El Remi. Dos horas después, este último supuestamente se ahorcó en el interior de su celda. El suceso ha levantado una ola de rumores.
Penetramos en la máxima hipercomplejidad del mundo árabe: Siria y la región del Creciente Fértil.
Una cosa es la espontaneidad de la revolución del jazmín del paradigma tunecino que impregnó a los 22 países que integran la Liga Árabe y otra es el intento hipócrita de su secuestro obsceno por la disfuncional OTAN encabezada por Estados Unidos que, conforme a sus triviales intereses geopolíticos, pretende redireccionar las veleidades libertarias de más de 360 millones de habitantes.
Creer ingenuamente que Estados Unidos y la Unión Europea (condensada específicamente por Gran Bretaña y Francia) se encuentran a favor de la democracia y los derechos humanos en Siria, después de un estruendoso silencio de dos generaciones, constituye un agujero negro de la memoria histórica cuando Washington, Londres y París apoyaron durante un promedio de tres décadas a las autocracias de Túnez, Egipto y Yemen, dejando de lado las acrobacias metalingüísticas occidentales en Bahrein y Libia, donde la propaganda transatlántica colisiona con la triste realidad de los hechos y sus desechos bélicos.
Una cosa es la espontaneidad de la revolución del jazmín del paradigma tunecino que impregnó a los 22 países que integran la Liga Árabe y otra es el intento hipócrita de su secuestro obsceno por la disfuncional OTAN encabezada por Estados Unidos que, conforme a sus triviales intereses geopolíticos, pretende redireccionar las veleidades libertarias de más de 360 millones de habitantes.
Creer ingenuamente que Estados Unidos y la Unión Europea (condensada específicamente por Gran Bretaña y Francia) se encuentran a favor de la democracia y los derechos humanos en Siria, después de un estruendoso silencio de dos generaciones, constituye un agujero negro de la memoria histórica cuando Washington, Londres y París apoyaron durante un promedio de tres décadas a las autocracias de Túnez, Egipto y Yemen, dejando de lado las acrobacias metalingüísticas occidentales en Bahrein y Libia, donde la propaganda transatlántica colisiona con la triste realidad de los hechos y sus desechos bélicos.
La fallida guerra calderonista en contra del crimen organizado no sólo ha dejado, hasta ahora, un saldo cercano a 40 mil muertos, miles de huérfanos y viudas, cierre de empresas y pérdida de plazas laborales, entre otros, sino el creciente uso de recursos públicos y, por ende, la progresiva presión al presupuesto federal. Sólo en la presente administración gubernamental, según cifras oficiales, se ha utilizado alrededor de medio billón de pesos para tal fin.
Todos los días el gobierno federal presenta ante los medios electrónicos decenas de presuntos integrantes del crimen organizado, capturados por el aparato de seguridad. Sin embargo, más allá del show, la mayoría de ellos más temprano que tarde es liberada y vuelve a las andanzas, en el entendido de que 98.3 por ciento de los delitos queda impune, y los pocos delincuentes que llegan a los saturados centros penitenciarios cada día le cuestan más al erario, como lo documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (Delincuencia y Seguridad Pública en México).
El panorama de delincuencia y violencia que enfrenta el país se ha convertido en una presión más para las políticas públicas y el presupuesto nacional, en particular, dentro del ámbito de la seguridad pública, por la demanda de mayores espacios para alojar a los individuos que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley, apunta el referido centro.
Esta situación se desprende del aumento de la población penitenciaria que, de acuerdo con cifras oficiales, se ha incrementado en casi 70 por ciento, al pasar de 128 mil 902 internos en 1998 a 218 mil 865 en 2008. Sin embargo, la distribución de la población en prisión se ha mantenido más o menos constante a lo largo de la última década, registrando a 2008 una composición de 58.9 y 41.1 por ciento entre internos con sentencia y presos sin condena, respectivamente (de igual forma, se observa un incremento de alrededor de 20.3 por ciento en el número de delitos denunciados, los cuales pasaron de un millón 451.8 mil a un millón 746.6 mil entre 1998 y 2008).
En términos generales, el aumento de presos no se ha visto acompañado por un crecimiento de la infraestructura para recibir a mayor cantidad de delincuentes: en 1995 la sobrepoblación penitenciaria era prácticamente nula; para 2001 se registró una sobrepoblación de 31 mil 120 internos, distribuidos entre los 446 centros penitenciario existentes (que contaban con un total de 134 mil 567 espacios disponibles); actualmente las prisiones mexicanas registran un sobrecupo de 30 por ciento, en promedio (la población penitenciaria varía de un centro a otro: en 12 estados la población penitenciaria supera el promedio, el Distrito Federal tiene sobrepoblación por más de 100 por ciento y 10 estados tienen población interna menor a su capacidad instalada), a pesar del incremento de 2.2 por ciento de la capacidad instalada en 2008-2009 (el aumento se debe a la renovación de instalaciones y la apertura de dos nuevos centros; sin embargo, se presentó acompañada del cierre de ocho centros de reclusión en el país).
A esas condiciones de sobrepoblación en las cárceles mexicanas se agregan deficiencias del sistema penitenciario que, según lo manifestado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, se refieren a heterogeneidad en tipo de instalaciones, procesos de operación, tratamientos y programas de readaptación; condiciones de reclusión altamente dispares; diversidad de reglamentaciones y criterios sobre infraestructura, tecnologías, equipamiento y sistemas de vigilancia y custodia; ausencia de criterios homogéneos para establecer los perfiles criminógenos y sicosociales para clasificar a la población interna, según características de riesgo; además de que no hay criterios de sustentabilidad que reduzcan el costo fiscal para la sociedad y den soporte a actividades de rehabilitación perdurables.
Respecto del gasto destinado a la seguridad pública destaca que: el presupuesto del Organismo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública) se cuadruplicó en términos nominales entre 2001 y 2010 al pasar de un mil 162.3 a 5 mil 48.6 millones de pesos; resultado principalmente de los montos presupuestales destinados en 2009 y 2010 a construcción y mantenimiento de centros carcelarios (2 mil 573.5 y 3 mil 977.6 millones, respectivamente). El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se triplicó entre 2001 y 2010, al pasar de 6 mil 31.4 a 22 mil 31.6 millones.
La manutención de quienes están privados de su libertad le cuesta al erario 34 millones de pesos diarios. A pesar del mayor gasto en seguridad pública, explica el CEFP, la impunidad se señala como uno de los elementos en que el sistema penitenciario mexicano no ha tenido resultados positivos. De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, alrededor de 98.3 por ciento de los delitos quedan impunes, dado que sólo 12 de cada 100 son denunciados, 26 de cada 100 averiguaciones se concluyen y en 55 de cada 100 casos se presentan consignados. La probabilidad de que un delincuente sea puesto a disposición de un juez es de 1.7 por ciento, mientras que una vez puesto a disposición del juez el sistema actúa con bastante diligencia, y la prisión preventiva federal se ha incrementado en gran medida por esta impunidad.
La Constitución establece en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Sin embargo, la sobrepoblación de los centros penitenciarios limita su capacidad para impulsar esquemas efectivos de reinserción social. Además, el sistema penitenciario mexicano ha estado orientado a la contención más que a la readaptación.
Tal enfoque, puntualiza el CEFP, ha definido a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias, derivado de un sistema penal centrado en la reclusión como sanción. En el mejor de los casos, procura la recuperación de la libertad del interno, bajo esquemas carcelarios de buena conducta durante la reclusión, que no están necesariamente asociados a una estrategia de readaptación o reinserción social.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte abrazo para Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum George, Mario Méndez Acosta, Abraham García Ibarra y demás directivos del Club de Periodistas de México, por los primeros 50 años de la institución. ¡Felicidades!, y muchos aniversarios más.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Todos los días el gobierno federal presenta ante los medios electrónicos decenas de presuntos integrantes del crimen organizado, capturados por el aparato de seguridad. Sin embargo, más allá del show, la mayoría de ellos más temprano que tarde es liberada y vuelve a las andanzas, en el entendido de que 98.3 por ciento de los delitos queda impune, y los pocos delincuentes que llegan a los saturados centros penitenciarios cada día le cuestan más al erario, como lo documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (Delincuencia y Seguridad Pública en México).
El panorama de delincuencia y violencia que enfrenta el país se ha convertido en una presión más para las políticas públicas y el presupuesto nacional, en particular, dentro del ámbito de la seguridad pública, por la demanda de mayores espacios para alojar a los individuos que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley, apunta el referido centro.
Esta situación se desprende del aumento de la población penitenciaria que, de acuerdo con cifras oficiales, se ha incrementado en casi 70 por ciento, al pasar de 128 mil 902 internos en 1998 a 218 mil 865 en 2008. Sin embargo, la distribución de la población en prisión se ha mantenido más o menos constante a lo largo de la última década, registrando a 2008 una composición de 58.9 y 41.1 por ciento entre internos con sentencia y presos sin condena, respectivamente (de igual forma, se observa un incremento de alrededor de 20.3 por ciento en el número de delitos denunciados, los cuales pasaron de un millón 451.8 mil a un millón 746.6 mil entre 1998 y 2008).
En términos generales, el aumento de presos no se ha visto acompañado por un crecimiento de la infraestructura para recibir a mayor cantidad de delincuentes: en 1995 la sobrepoblación penitenciaria era prácticamente nula; para 2001 se registró una sobrepoblación de 31 mil 120 internos, distribuidos entre los 446 centros penitenciario existentes (que contaban con un total de 134 mil 567 espacios disponibles); actualmente las prisiones mexicanas registran un sobrecupo de 30 por ciento, en promedio (la población penitenciaria varía de un centro a otro: en 12 estados la población penitenciaria supera el promedio, el Distrito Federal tiene sobrepoblación por más de 100 por ciento y 10 estados tienen población interna menor a su capacidad instalada), a pesar del incremento de 2.2 por ciento de la capacidad instalada en 2008-2009 (el aumento se debe a la renovación de instalaciones y la apertura de dos nuevos centros; sin embargo, se presentó acompañada del cierre de ocho centros de reclusión en el país).
A esas condiciones de sobrepoblación en las cárceles mexicanas se agregan deficiencias del sistema penitenciario que, según lo manifestado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, se refieren a heterogeneidad en tipo de instalaciones, procesos de operación, tratamientos y programas de readaptación; condiciones de reclusión altamente dispares; diversidad de reglamentaciones y criterios sobre infraestructura, tecnologías, equipamiento y sistemas de vigilancia y custodia; ausencia de criterios homogéneos para establecer los perfiles criminógenos y sicosociales para clasificar a la población interna, según características de riesgo; además de que no hay criterios de sustentabilidad que reduzcan el costo fiscal para la sociedad y den soporte a actividades de rehabilitación perdurables.
Respecto del gasto destinado a la seguridad pública destaca que: el presupuesto del Organismo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública) se cuadruplicó en términos nominales entre 2001 y 2010 al pasar de un mil 162.3 a 5 mil 48.6 millones de pesos; resultado principalmente de los montos presupuestales destinados en 2009 y 2010 a construcción y mantenimiento de centros carcelarios (2 mil 573.5 y 3 mil 977.6 millones, respectivamente). El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se triplicó entre 2001 y 2010, al pasar de 6 mil 31.4 a 22 mil 31.6 millones.
La manutención de quienes están privados de su libertad le cuesta al erario 34 millones de pesos diarios. A pesar del mayor gasto en seguridad pública, explica el CEFP, la impunidad se señala como uno de los elementos en que el sistema penitenciario mexicano no ha tenido resultados positivos. De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, alrededor de 98.3 por ciento de los delitos quedan impunes, dado que sólo 12 de cada 100 son denunciados, 26 de cada 100 averiguaciones se concluyen y en 55 de cada 100 casos se presentan consignados. La probabilidad de que un delincuente sea puesto a disposición de un juez es de 1.7 por ciento, mientras que una vez puesto a disposición del juez el sistema actúa con bastante diligencia, y la prisión preventiva federal se ha incrementado en gran medida por esta impunidad.
La Constitución establece en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Sin embargo, la sobrepoblación de los centros penitenciarios limita su capacidad para impulsar esquemas efectivos de reinserción social. Además, el sistema penitenciario mexicano ha estado orientado a la contención más que a la readaptación.
Tal enfoque, puntualiza el CEFP, ha definido a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias, derivado de un sistema penal centrado en la reclusión como sanción. En el mejor de los casos, procura la recuperación de la libertad del interno, bajo esquemas carcelarios de buena conducta durante la reclusión, que no están necesariamente asociados a una estrategia de readaptación o reinserción social.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte abrazo para Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum George, Mario Méndez Acosta, Abraham García Ibarra y demás directivos del Club de Periodistas de México, por los primeros 50 años de la institución. ¡Felicidades!, y muchos aniversarios más.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Colombia Moya: Andanzas
La compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes presentó en días pasados cuatro funciones del famoso ballet La Cenicienta –Cendrillon en francés y Solyushka en ruso–, obra estrenada en 1893 en el teatro Marinsky de San Petersburgo, y que sin lograr el éxito arrobador de otras obras del gran coreógrafo Marius Petipa, con la colaboración del inefable Lev Ivanov y el maestro de maestros de ballet, Enrico Cechetti, basados en un cuento de Perrault, lograron, aunque sin proponérselo, que la idea de la obra, así como vestigios de su estructura coreográfica, nos llegaran hasta el siglo XXI.
El Correo Ilustrado
Reivindican derecho de los profesores
¡No a los exámenes amañados de la SEP! ¡Sí al otorgamiento de plazas a los normalistas! El derecho a obtener una plaza de 19 horas al término de la carrera fue una conquista que se logró después de luchas y plantones llevados a cabo por los normalistas y que de buenas a primeras les fue conculcado con el deleznable argumento de que había que conseguir ese lugar con base en exámenes cuya elaboración se concesionó a una empresa particular y que ahora se ha sabido se venden a quienes pueden pagar por ellos, echando por tierra la falacia de que entran a trabajar los mejor preparados, afirmación que ha sido sustituida por entran a trabajar los más corruptos.Continuar
Morir por la causa de los hijos (La madre, Máximo Gorki), o tergiversarla para lavarse de culpas. Honrar su memoria con humildad, o lucrar con la guerra a costa de los propios hijos (Madre coraje, Bertolt Brecht). Luchar por los hijos de todos los desaparecidos (Hebe de Bonafini), o realizar el duelo con lacerantes expedientes de victimización individual (y dejémoslo ahí…).Continuar
Parece que los mercados financieros ya dan por sentado que Grecia se declarará en suspensión de pagos en los próximos meses. El primer paquete de rescate y la austeridad que se impuso sobre Atenas fracasó. Sus objetivos principales, la reducción de la relación deuda/PIB y la estabilización de la relación con los mercados financieros, parecen hoy inalcanzables. El horizonte no se ve bien.Continuar
Los hijos del poeta Alí Chumacero me han invitado a visitar la casa donde vivió, en la calle Gelati de San Miguel Chapultepec. La cita es a la siete de la noche, pero he llegado tarde porque el conductor se ha perdido en este barrio que parece tan provinciano y antiguo, rodeado por el tráfago cada vez más denso de la infinita ciudad de México, un barrio de ayer donde las calles llevan el nombre de héroes militares. Héctor Aguilar Camín, quien vive por aquí cerca, ha escrito un cuento sobre el fantasma impenitente del coronel Gregorio Vicente Gelati, caído en 1847 en la batalla librada en Molino del Rey, paraje que no queda lejos, contra las tropas interventoras de Estados Unidos.
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