El difunto Carlos Montemayor lo expresó muy bien en su artículo sobre la Ley Antiterrorismo: “veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México...
Javier Hernández Alpízar | Babel, Para Kaos en la Red
El difunto Carlos Montemayor lo expresó muy bien en su artículo sobre la Ley Antiterrorismo: “veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México: "Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
“Cada una de las hipótesis enlistadas aquí tipifican o pueden tipificar delitos en sí mismos; no requieren el contexto del terrorismo ni los vínculos con las organizaciones identificadas por el gobierno estadunidense. Pero sí se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella". Numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista. La alarma, el temor o el terror lo produce la presencia del Ejército o de los cuerpos policiacos en operativos de cateos ilegales y represivos y la militarización actual de varios estados de la República en la lucha contra el narcotráfico. También lo producen las bandas de secuestradores en ciertos sectores de la población, o los asesinos seriales (el Mataviejitas, que resultó ser la Mataviejitas, por ejemplo), las vendettas del crimen organizado, los asaltos a mano armada en vía pública o en transportes colectivos, y en ninguno de estos casos podríamos hablar tampoco de terrorismo. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera tales no es el terror que producen, sino la descalificación política con que se les proscribe.”
“La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues, insisto, el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal.” (La Jornada, 26 de Mayo de 2007)
Pero hay un claro elemento en los gobiernos que usan la acusación de “terrorismo” contra los disidentes, la oposición, los grupos antagónicos a su política: La España que persigue a los grupos autonomistas, el Chile que encarcela a indígenas mapuches, los Estados Unidos que limitan libertades civiles en su territorio para evitar otro movimiento civil como el que se opuso a la guerra de Vietnam y usan el epíteto para justificar sus bombardeos a Afganistán e Irak… Se trata de gobiernos autoritarios, militaristas, dictatoriales o “democracias tuteladas” que heredaron una legislación de las dictaduras…
La importación a México del discurso antiterrorista es sobre todo por tratarse de una “democracia tutelada” no sólo por una legislación heredada de la dictadura perfecta priista, sino sobre todo colonialmente tutelada por el gobierno de Washington, mediante sus agencias intervencionistas, la CIA, la DEA, el Pentágono, el FBI, e incluso mercenarios privados, bajo el Plan México o Plan Mérida y las escuelas de asesoría militar herederas de la Escuela de las Américas, y una embajada de USA en México que trajo a los intervencionistas que les han sacado en trabajo en los países que han desestabilizado, bombardeado e invadido.
Un autoritarismo de este corte, el caso mexicano de violencia extrema del poder contra la población de su propio país, aproxima a este país al caso colombiano, pero no desdeñemos los elementos de otros países.
Así, “confundir el término terrorismo con la inconformidad social” es ya no un riesgo que corra el derecho, es un modelo deseado para tratar a los mexicanos por el poder. Como expresó Montemayor “el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos”. Y lo tenemos en acción en su manera más autoritaria, sin necesitar como pretexto un hecho violento, simplemente por postear en Twitter una alerta que consideraron urgente.
Por esa razón, la única explicación lógica que han encontrado organizaciones internacionales serias como Article19 y Amnistía Internacional, es tomar a los twitteros como presos de conciencia, y al ejercicio penal en su contra como una violación a los derechos humanos, particularmente como un intento de cortar el libre flujo de información, opiniones y discusión en las redes sociales como Twitter y Facebook.
Mientras en México una sociedad fragmentada se moviliza en grupos de afinidad y no logra articular una fuerza los suficientemente poderosa para evitar la metamorfosis del poder mexicano en un estado policiaco, el poder sí observa con temor las redes sociales como uno de los espacios donde la información y la formación de opinión pueden escapar a su control y no duda en exagerar, en atribuir un delito desproporcionado, para buscar un castigo ejemplarizante y tratar de disuadir mediante el miedo las opiniones críticas contra él.
El desprestigio nacional e internacional del gobierno veracruzano por encerrar (después de torturar, según la denuncia de los presos de conciencia) a la disidente del priismo y crítica desde su columna Cartas a Veracruz (publicada en Imagen del Golfo, lo cual no implica una relación laboral, pues es tradición aquí que los columnistas sean colaboradores sin salario) Maruchi Bravo Pagola y del twittero Gilberto Martínez Vera, parece un precio que están dispuestos a pagar, con tal de domesticar a su ciudadanos y evitar la crítica incluso en espacios tan cerrados como Facebook y Twitter.
En el mismo país donde son asesinadas las periodistas las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, en la “ciudad más segura del mundo” (según cierto perredismo), que sean encarcelados usuarios de redes sociales no es casual.
Pedir el esclarecimiento de los crímenes y la libertad de los presos de conciencia es apenas un deber mínimo que tenemos los mexicanos, nuestro deber cabal es desterrar la política de Washington de guerra contra la población civil para mejor tomar lo que el gobierno de allá desee. En eso estamos…
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