Durante el foro se escucharon las opiniones y análisis de representantes de organismos públicos de derechos humanos, del sector académico y de la sociedad civil sobre diversos aspectos que podría abarcar una agenda para promover y proteger el trabajo de defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto de las políticas de seguridad que hoy se insiste en seguir implementando en el país.
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló la importancia de que en el diagnóstico y la agenda sea un eje transversal la perspectiva de género, ya que por su condición los peligros y obstáculos que enfrentan las defensoras para realizar su trabajo son distintos a los de sus colegas varones.
Por su parte, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que, cuando se hace la comparación con otras entidades del país, donde la espiral de violencia es grave, a veces se subestiman las amenazas y retos que enfrentan las y los defensores en el DF. Lo que no significa que en esta ciudad no se violenten también sus derechos y se criminalice su trabajo.
Por su parte Gerardo Sauri, coordinador de relatorías de la CDHDF, afirmó que en este organismo se han documentado de 2005 a 2011 cuarenta y seis quejas relacionadas con violaciones de garantías a personas defensoras de derechos humanos, en las cuales las principales autoridades señaladas como responsables son la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. Muchos de estos casos quedan en buena medida impunes por la falta de herramientas jurídicas y políticas públicas que permitan protegerlas y garantizar su indispensable función social.
Uno de los pendientes más importantes en este tema es que ellas mismas profundicen en protocolos de protección y evaluación de riesgos. El presidente de la CDHDF, doctor Luis González Placencia, destacó que las y los defensores no son sólo aquellos afiliados a alguna organización civil o social, pues cada vez hay más situaciones en las que la ciudadanía se une para defender un derecho, como es el caso de la supervía u otros relacionados con proyectos de urbanización. Por ello es importante que para evitar que estas personas que también defienden derechos humanos sean victimizadas, haya un marco de protección.
A partir del trabajo que se desarrolló durante el foro-taller, se reconocieron varios aspectos que servirán para hacer un mejor diagnóstico y poder perfilar acciones, programas y políticas públicas más efectivas para defender el derecho humano a defender los derechos humanos. Los asistentes al taller, por su parte, señalaron algunas de las características que los identifican como defensoras y defensores: la conciencia y el compromiso social; la búsqueda de la justicia; la solidaridad; la voluntad de transformar la realidad, para que todas las personas puedan vivir con dignidad y equidad; y, en algunos casos, el haber sido una víctima o familiar de una víctima de violaciones a los derechos humanos.
Consideran que las autoridades los ven como un obstáculo, como defensores de criminales, como enemigos, como revoltosos, y hasta como agentes de intereses externos, que con sus acciones buscan dañar al gobierno mexicano.
Es común que las autoridades gubernamentales busquen desprestigiarlas o descalificarlas ante la opinión pública para invisibilizar su labor o malinformar a la población. Otro obstáculo importante que constantemente es señalado para la labor de las y los defensores de derechos humanos es la falta de financiamientos y apoyos económicos para que puedan realizar sus actividades.
Ante todo esto, las y los defensores se legitiman a través de su trabajo, por medio de la documentación de casos; su interpretación jurídica y política; su defensa nacional e internacional; mediante la elaboración de informes respaldados por investigaciones serias; desarrollando actividades de educación, promoción y difusión de los derechos humanos; articulándose con otras organizaciones civiles, movimientos sociales y redes; protestando de manera pacífica; realizando labor de acompañamiento legal, sicológico y solidario con las víctimas, e incidiendo en cambios legislativos y el diseño de políticas públicas con esta perspectiva.
En cuanto a los peligros enfrentados, las defensoras y defensores de derechos humanos señalaron los siguientes: la ausencia o clausura de espacios de interlocución con las autoridades; las agresiones verbales y físicas; las amenazas e intimidaciones; el uso de la violencia policiaca; las persecuciones y hostigamientos, y el desprestigio o descalificación de su labor, entre muchos otros. Uno de los temas más preocupantes es que la población en general desconoce su trabajo o los sigue percibiendo como defensores de delincuentes. En ese sentido, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, señaló la importancia de la campaña Yo Me Declaro, que busca que la ciudadanía conozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, reconozca el peligro al que se enfrentan, y se creen redes solidarias de apoyo y defensa de quienes los defienden.
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