Silvia Gómez Tagle
En México el sistema electoral, y sobre todo el andamiaje institucional para llevar a cabo una elección federal, ha sido fruto de una lenta transformación tanto de los órganos electorales como de las reglas, a lo largo de muchos años, en los que ciudadanos y partidos fuimos conquistando el derecho a tener derechos políticos, o, dicho de otra manera, el derecho a exigir que nuestros derechos políticos se respetaran.
El precio que se ha pagado por esta lenta transformación ha sido la desconfianza de todo y hacia todos los actores que podrían intervenir en la elección. Por eso se ha diseñado uno de los sistemas de organización electoral más complejos que hay en el mundo. El Instituto Federal Electoral fue creado para organizar las elecciones profesionalmente y sin sesgos de intereses partidarios y —a pesar de los muchos errores de los consejeros y funcionarios de todos los niveles y de los intereses políticos que lo han penetrado— desde 1997 ha contribuido a generar confianza en los resultados electorales, incentivando la participación ciudadana y ofreciendo a todos los partidos una oportunidad más equitativa para competir.
Sin embargo, la desconfianza aumentó con la competitividad de los partidos, sobre todo en las elecciones presidenciales de 2006, a tal punto que surgieron nuevos problemas. La intervención de “actores no autorizados”, como el presidente Fox, los líderes de organizaciones empresariales y sindicales, además de los empresarios de los medios de comunicación, quienes se han convertido en actores con intereses políticos propios. El origen de los recursos para las campañas electorales se convirtió en un tema de cuestionamiento social de la elección presidencial 2006, que impactó negativamente la legitimidad del proceso.
La reforma electoral de 2007 pretendió dar respuesta a algunos de estos problemas, rescatando principios democráticos importantes, como la equidad en el uso de recursos para las campañas electorales y el acceso a los medios electrónicos, no en función de intereses económicos para vender más publicidad, sino en términos de asignar los tiempos que cada partido merece de acuerdo a los criterios de la ley electoral.
El IFE ha tenido que asumir nuevas funciones (de hecho fueron 57 adicionales las que se agregaron a su agenda), entre las más importantes y controvertidas están las de fiscalización de los recursos de los partidos (que ya tenía pero que se amplió de manera significativa) y se agregó la responsabilidad de administrar los tiempos y espacios públicos asignados a los partidos para toda la propaganda electoral, lo cual implica una gigantesca tarea de administración para distribuir equitativamente esos recursos; así como negociar, exigir y supervisar que los medios electrónicos o impresos cumplan sus compromisos. Pero el problema más grave, que involucra no sólo a los partidos, sino a todos los funcionarios públicos, es el uso de los medios para promover a sus candidatos y sancionar a los responsables por los excesos en gasto y/o propaganda.
Una consecuencia imprevista y desafortunada de este nuevo diseño institucional fue colocar al IFE como juez y parte en el proceso electoral, porque quedó atrapado en un fuego cruzado, donde, por un lado, los intereses de los medios en la venta de tiempo aire en periodos de campaña electoral se han visto severamente afectados, y por el otro los partidos que han sido sancionados por el IFE se han dedicado a denostar a la institución, con el agravante de que los consejeros del IFE son nombrados por los diputados de los mismos partidos que la institución pretende sancionar. Desde que entró en vigor la reforma electoral de 2007 el IFE ha sido objeto de ataques constantes en los medios y ha sufrido un fuerte desprestigio.
Existe una evidente necesidad de transparentar el uso de recursos públicos en todas las instituciones públicas, incluyendo al IFE, sin embargo, el enorme presupuesto que esta institución solicita para el proceso electoral federal de 2012 debería de ser analizado a la luz de las responsabilidades que se le han conferido para esas elecciones, que serán de por sí difíciles, dado el clima de violencia que sufren muchas regiones del país.
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