Víctor Orozco*
Entre los cien millones de individuos que integramos este país, hay una abrumadora mayoría que quiere llevar la fiesta en paz, trabajar, convivir con quienes le son más cercanos, disfrutar, progresar. Existe también una numerosa minoría preocupada por resolver los grandes problemas nacionales, sintetizados en palabras tales como inseguridad, violencia, impunidad, desempleo, devastación del medio ambiente, drogadicción, carencia de servicios básicos, insalubridad, marginación. Esta minoría se deja oír en universidades, medios de comunicación, asociaciones ciudadanas, de productores, culturales, grupos de científicos. En la perspectiva generalizada, son pocas las autoridades que se ubican en esta franja. Se tiene la impresión que el grueso de los funcionarios públicos están preocupados sobre todo por incrementar sus ingresos -legítimos o no-, conservar privilegios e imágenes, ganar votos o permanecer bajo las cámaras.
En medio de la profunda crisis que vivimos, expuesta sobre todo por la violencia delictiva, que ha sumido a la nación en un pantano donde reinan el temor constante, la desconfianza y el dolor, la propuesta de la UNAM, llamada Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, constituye una bocanada de aire fresco y de esperanza. Y no se crea que este soplo interesa sólo a los habitantes de las regiones con mayor agobio. Hoy, en prácticamente todo el país, se percibe a la inseguridad como el problema colectivo más grave. Una muestra relevante es la opinión de los residentes en el Distrito Federal, quienes en los últimos años, han estado entre los menos afectados por la violencia. Recientes encuestas informan que el 49.2% piensa que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema de la urbe capitalina. Muy arriba del desempleo, que ocupa el 10.1%. ¿Cómo responderían a esta pregunta los de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Morelos, Guerrero o Michoacán?. Con certeza, este apabullante porcentaje se multiplicaría por dos, para alcanzar la unanimidad.
El documento redactado por los expertos convocados por la Universidad Nacional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, parten de un balance sumamente crítico de la política oficial con la cual se ha enfrentado a la delincuencia organizada. En quince apartados iniciales, los autores enumeran las fallas de las que aquella adolece: tiene un soporte teórico y conceptual deficiente, las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos, las políticas en materia de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan, las normas, diseños y prácticas no atienden a las poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, los sectores relevantes para la seguridad y la justicia están fragmentados, la prevención se ha desatendido, se realizan acciones coyunturales y reactivas, existe una subordinación de estas acciones a cuestiones políticas personales, partidistas o electorales, el empleo de las fuerzas armadas en funciones que le son ajenas, se asocia con la falta de liderazgo en las autoridades civiles, se vive un estado de corrupción e impunidad severas, se toman decisiones más por intuición que con base en una metodología de políticas públicas, no existe una preparación sistemática de los operadores, se ha reducido la legitimidad de las autoridades como consecuencia de su incapacidad para garantizar la paz, domina una retórica de la confrontación según la idea de que "se va ganando porque mueren más del otro bando", se advierte un avance de la violencia en diversos órdenes y ámbitos, que van desde las expresiones hasta su empleo en las relaciones cotidianas.
Todas estas críticas a la política del gobierno han sido formuladas de tiempo atrás en foros, artículos académicos, editoriales en la prensa, pero ahora se presentan reunidos, ordenados y expuestos sistemáticamente en un texto que la principal institución de educación superior en el país hace suyo y lo ofrece como un diagnóstico de problemas que acompaña con los posibles remedios.
Cada uno de éstos se corresponde con las cuestiones detectadas. Varios de los simplistas razonamientos y soluciones fáciles circulados en los últimos años son desmontados puntualmente por el análisis de la UNAM. Además de aquel que receta la eliminación física de los delincuentes para acabar con la inseguridad, se hablaba de la militarización de la policía como una de las panaceas. Lo primero, ha quedado demostrado, es imposible mientras no se sieguen las fuentes sociales de donde surgen los sicarios, narcotraficantes, extorsionadores y demás. Sobre lo segundo, el documento plantea la necesidad de regresar a la policía su esencia civilista y su capacidad para la resolución de conflictos de la ciudadanía, desvinculándola de la institución militar.
Uno de los acentos primordiales es colocado en la necesidad de promover una política de Estado hacia la juventud. Las estadísticas comprueban algo que por lo demás salta a la vista: la inmensa mayoría -diríase que casi la totalidad- de los involucrados en el crimen son jóvenes entre 20 y 30 años. Los hay menores desde luego y en una porción ascendente ante la carencia de oportunidades y salidas, el reclutamiento de jóvenes por las mafias es venero continuo e inagotable. También el grueso de los muertos -en una guerra en la cual hay pocos heridos- son puestos por el sector de los jóvenes. Es aquí en donde se ha producido el aumento en el consumo de las drogas. De igual manera, son los jóvenes quienes menos confían en las autoridades y quienes apoyan en mayor cantidad el uso de la violencia para atacar a la violencia, incluyendo la aprobación a la tortura y a la muerte de los presuntos delincuentes por la policía o el ejército, considerando inútil su aprehensión para ser juzgados. En el contexto de su vida actual, es explicable que si han de elegir, prefieran la seguridad a la libertad.
Estos datos, recabados en una encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indican que el mal es mucho más profundo, porque afecta sobre todo a las nuevas generaciones, enfermas de violencia y desencantadas de un mundo desecho por los políticos y grandes dueños, apoltronados en los sitiales del poder, desde donde todos los días hacen proclamas y autoelogios o eluden responsabilidades.
El conjunto de propuestas de la UNAM, así como las derivadas del foro convocado en Monterrey atacan los problemas derivados de la violencia, pero van bastante más lejos. Son de gran calado y de llevarse a la práctica, implican una reorientación en el rumbo del país: De la opacidad a la transparencia. De la impunidad al imperio de la ley. De la marginación a la integración. De la exclusión a la participación ciudadana. De la corrupción a la honestidad en el ejercicio de las tareas públicas. De la ruptura de la ley al estado de Derecho. De unas fuerzas armadas que desbordan sus funciones constitucionales y son a su vez desbordadas por esta confusión, a un ejército profesional, legitimado y garante de la ley. De una juventud sin esperanza a una asentada con firmeza en el estudio, el goce y el trabajo. De una sociedad enojada y desmoralizada a una tranquila y segura. De una nación sin metas a una con horizontes claros.
El pasado mes de junio, en la Universidad Autónoma de Nuevo León concluyó el Foro Nacional: Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Entre las conclusiones que se entregaron al Senado de la República se estableció: "El reclamo social en este punto es ya una exigencia nacional cuya satisfacción es impostergable. Deben instrumentarse cambios radicales en la administración y procuración de justicia, en la política hacia la penalización del uso de enervantes, en la utilización de los cuerpos armados y la actuación de las corporaciones policiacas, en la detección de capitales y riquezas provenientes del tráfico de drogas". Por su parte, el texto de la UNAM dice: "El consenso es abrumador: México precisa de un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático". Las coincidencias no pueden ser mayores. Ahora se requiere actuar y entre las primeras acciones está la de concertar todos los esfuerzos, en una etapa inicial los de las universidades públicas, instituciones que están entre las pocas que poseen credibilidad social. Es tiempo de que hagan valer su autonomía respecto del gobierno, para acercarse a la colectividad y a sus grandes problemas. Dos de ellas han dado pasos significativos. Esperemos que otras tomen la iniciativa.
*Académico de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario