Manuel Jonás Larrazábal recibiendo dinero en uno de los videos mostrados por el periódico Reforma. Fuente: http://mexiconoticias.info
La disputa entre redes criminales y grupos políticos por el enorme negocio que significan los casinos afloró este miércoles 31 de agosto. El periódico Reforma publicó como nota principal una serie de videos donde se observa a Manuel Jonás Larrazábal, hermano de Fernando Larrazábal, alcalde panista de Monterrey, recibiendo pagos en distintas casas de apuestas de esta ciudad. Minutos después, el propio presidente municipal se deslindó de su hermano diciendo que “desconoce” esos vínculos y que será “el primero” en exigir a la procuraduría estatal que investigue a su propio hermano.
Larrazábal es un apellido bien conocido en Monterrey. Y también entre quienes impulsaron el proyecto de la Megabiblioteca durante el gobierno de Vicente Fox. El actual alcalde de Monterrey cuando fue edil de San Nicolás otorgó su anuencia para la instalación del casino Bella Vista en esta ciudad. A nivel federal, dejó una estela de cuentas sospechosas por el sobregiro en el presupuesto a la Megabiblioteca José Vasconcelos que se transformó en un “megafraude”.
No acababa de digerirse el escándalo de su hermano Jonás Larrazábal, cuando el gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, apareció ante los medios para proponer una batería de reformas a la Constitución local y a leyes estatales y federales para que no se instale “un casino más” en Monterrey y en la entidad y para que “ninguna concesión o permiso sea otorgada en el país sin el previo conocimiento de las autoridades municipales y estatales”.
Asfixiadas 52 personas –entre ellas una mujer embarazada- tras los acontecimientos en el Casino Royale, Medina reacciona en medio del desastre con una iniciativa para reformar la Constitución estatal en los artículos 23 y 132 para prohibir los usos de suelo o construcción para casinos, casas de apuestas y similares.
También propuso reformas a la ley de protección civil, otra en materia de seguridad para dar facultad de acción a policías estatales y municipales en la vigilancia de los centros de juego, y otra reforma en materia de salud para atender a las personas afectadas por la ludopatía, es decir, la adicción al juego y a las apuestas, verdadera enfermedad social en Monterrey.
Medina propuso también modificaciones a la Ley de Justicia Administrativa para impedir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgue amparos. A nivel federal, propuso reformas a la Ley de Juegos y Sorteos, cuyo reglamento fue modificado durante el gobierno de Vicente Fox, para que no se otorguen concesiones para casas de apuestas, sin el consentimiento del estado y del municipio.
El gobernador priista heredó de su tutor y principal impulsor en su carrera política, Natividad González Parás, una auténtica “bomba de tiempo” ante la proliferación de casinos y centros de apuestas en Nuevo León. La Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos en Nuevo León informó que existen 57 casinos en la entidad. Siete años atrás, en 2004, apenas existían 5 (4 de los cuales operaban en Monterrey). Tras las polémicas reformas al reglamento de Juegos y Sorteos que impulsó Santiago Creel como titular de Gobernación, se instalaron 10 casinos nuevos (2 en Monterrey). Y desde que asumió el poder el equipo de Felipe Calderón empezaron a operar en Nuevo León 42 nuevos casinos.
En otras palabras, la explosión de centros de juegos y apuestas en “la Sultana del Norte” se generó con el aval del gobierno estatal (priista), del gobierno federal (panista) y los gobiernos municipales de Monterrey (panistas). Tan sólo Adalberto Madero, alcalde de Monterrey entre 2006 y 2009, autorizó la instalación de 10 nuevos casinos, entre ellos el Casino Royale, donde los medios han informado que tres parientes suyos aparecen como propietarios: Rodrigo Madero Covarrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila.
Jesusa Cervantes publicó en la edición 1817 de Proceso que la diputada federal Lizbeth García Coronado documentó que el Casino Royale tenía juegos prohibidos como naipes, ruleta y dados. También denunció que otros tres casinos de los Madero operaban fuera de la ley: Jubileé, el Crystal Palace y el Paradise.
La propiedad de los actuales casinos está absolutamente confusa, lo cual indica la red de corrupción y colusión que ahora aparece como intereses confrontados. En el caso del Casino Royale no se tiene claro quiénes son los propietarios reales. Primero se manejó que el permisionario original es la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V, creada en 1992 por el hijo de Ramón Aguirre, ex regente priista del Distrito Federal y que “curiosamente” renunció como gobernador de Guanajuato ese mismo año después de una de las famosas “concertacesiones” de Carlos Salinas de Gortari y el PAN.
Atracciones y Emociones Vallarta negó que actualmente tuviera la operación de Casino Royale. Afirmó que está en manos de de la empresa Conexiones y Mangueras SA o Cymsa Corporation, propiedad de Raúl Rocha, y de Entertainment Enterprise, propiedad de Jorge Alberto Rocha Cantú, quienes presuntamente fueron los socios financieros, junto con los Madero, vinculados al ex alcalde de Monterrey.
El pleito entre Atracciones y Emociones Vallarta con el alcalde Fernando Larrazábal ha sido público. El actual presidente municipal de Monterrey mostró documentos que los vinculaban. Pero ahora La Jornada publicó que existen socios extranjeros en el Casino Royale. Se trata de Royale Internacional, cuya sede está en Miami, Florida con sucursales en Mazatlán, Los Cabos y en Escobedo, Nuevo León, bajo el nombre de Fantastic Escobedo.
En medio de esta disputa, la información de la Dirección General de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Gobernación, brilla por su opacidad. La Jornada y El Universal advierten que la página de internet de esta dependencia responsable de la administración y otorgamiento de permisos a centros de apuestas, no contiene datos de Cymsa Corporación ni tampoco informa que desde 2009, Gobernación le entregó a Atracciones y Emociones Vallarta la operación de 40 nuevos centros de apuestas que fueron subarrendados, como en el caso de Casino Royale.
Estamos ante un escándalo por la subrogación irregular del manejo de los centros de apuestas (algo que recuerda el caso de las guarderías del IMSS), por la disputa entre supuestos prestanombres de grupos políticos y por el “cobro” de piso no sólo del crimen organizado sino de personas vinculadas a autoridades municipales y estatales. El verdadero enredo de los casinos comienza a despejarse.
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