Porfirio Muñoz Ledo
En las sociedades democráticas las situaciones críticas obligan a la mayor precisión conceptual de los gobernantes y los conductores de opinión en aras de la transparencia y la toma racional de las decisiones. Deben valorarse y ponderarse los hechos antes de calificarlos, para no abonar a la confusión ni incurrir en demagogia ventajista.
La declaración irreflexiva de Calderón sobre el grave atentado contra el Casino Royale, calificándolo de “terrorismo”, recordó las arengas maniqueas de Bush, el pequeño, que atizaban guerras de ocupación, y las acusaciones electoreras de Aznar cuando la tragedia de Atocha. Tuvimos que aclararle públicamente que Los Zetas no son el ETA ni los narcos mexicanos seguidores de Bin Laden.
El respeto al Estado de derecho exige la tipificación precisa de las faltas y los excesos con apego a la normatividad nacional e internacional. No existe, prácticamente, una definición de terrorismo por la inmensa cantidad de acciones que comprende y de situaciones políticas que las generan. Por eso, las leyes y tratados prefieren hablar de “actos”, “actividades” o “delitos” terroristas.
El experto Mauricio Meschoulam recopila una docena de categorizaciones, todas las cuales comprenden los siguientes elementos: premeditación, violencia extranormal contra no combatientes, objetivos políticos y que el blanco último no sean los afectados —aunque resulten numerosos— sino una sociedad, un adversario ideológico o una nación enemiga, como en Hiroshima, en Guernica o en las Torres Gemelas.
Es claro que en Monterrey, salvo el hecho de la violencia excesiva, no se dieron esas características. Todo parece indicar que se trató de una extorsión criminal contra el dueño del establecimiento en la que —de modo tal vez deliberado— se hizo víctimas a los usuarios. Es un incalificable acto de barbarie que descubre la impotencia y/o complicidad de las autoridades públicas y exacerba la indignación ciudadana.
Algunos advierten que la desmesurada declaración oficial obedece al juego propagandístico que presenta al gobierno como el héroe de la película aunque sus fallas e imprevisiones hayan desencadenado el ciclo de la violencia y la derrota de su política sea inocultable. Otros sospechan que es un llamado abierto a mayor intervención extranjera: el SOS del náufrago.
En efecto, a pesar de que el 11 de septiembre generó una enorme presión del gobierno norteamericano sobre la comunidad internacional, la mayor parte de los Estados se resistió a caer en la trampa de una segunda guerra fría: a la traducción automática entre comunistas y terroristas. Rechazó la subordinación a un solo poder mundial respecto del alcance político —e incluso civilizatorio— de cualquier alteración a la paz pública y la determinación de sus consecuencias represivas.
Las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad dieron forma a un Comité contra el Terrorismo responsable de “fortalecer las capacidades de los Estados miembros para combatir actividades terroristas dentro de sus fronteras”. Sin embargo, no se creó ningún instrumento que abarcara las disposiciones en la materia, por lo que dicho organismo tiene como referentes 16 convenciones distintas, mismas a las que debe promover en virtud de su baja adhesión internacional. Se instauró el policentrismo interpretativo y operativo con objeto de propiciar un mundo multipolar.
Conocí el proceso que condujo a la adopción de la Convención Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo) y tuve ocasión de seguir el debate europeo sobre terrorismo en los primeros años de este siglo. Los mecanismos de cooperación son numerosos, así como los criterios compartidos sobre el carácter multidimensional del problema. El propósito explícito es favorecer una acción internacional efectiva que salvaguarde la autodeterminación de los Estados.
Preocupa a las naciones independientes que cualquier trastorno social, conflicto étnico, flujo migratorio, protesta política, movimiento estudiantil o violencia intrafamiliar pudiese ser motivo de injerencia externa. De ahí que se resistan a asumir los criterios y obedecer las estrategias de las potencias dominantes. La actitud del gobierno mexicano exhibe lo contario: un vaciamiento aberrante de soberanía.
Diputado del PT
No hay comentarios.:
Publicar un comentario