Horror y narcopolítica
La muerte de 52 personas en el Casino Royale de Monterrey es el atentado más cruento de la historia reciente mexicana
El crimen tuvo lugar a pocos kilómetros de un centro de inteligencia estadounidense instaurado en México para combatir al narcotráfico
Flores en recuerdo de los 52 muertos en el Casino atacado en Monterrey (AP Photo/Hans-Maximo Musielik)
México tiene los pelos de punta. La violencia le estalla hasta donde no se lo esperaba y cada vez más cruel. El sábado 20 de agosto se televisó un tiroteo en vivo en todo el país. Uno de los dos canales nacionales retransmitía un partido de la primera división cuando los criminales asaltaron el estadio y las balas ganaron el juego. Este jueves, la ruleta se tornó contra más de un centenar de personas que apostaban en el Casino Royale de Monterrey. Un grupo de sicarios entraron a media tarde en el establecimiento y en poco más de dos minutos le prendieron fuego y se largaron, convirtiendo la casa de apuestas en un infierno. Los clientes salieron en estampida, pero 52 personas, 39 de ellas mujeres, no consiguieron escapar y murieron. Asfixiadas o calcinadas. Ha sido el atentado más sangriento en la historia reciente de un país donde diariamente son ultimadas una treintena de personas a manos de la delincuencia organizada. “Los asesinos fueron a la hora de la comida porque sabían que iba a estar lleno. La mayoría de la gente iba a esa hora para distraerse un rato. Era un lugar de diversión. En Monterrey ya no podemos ir a ningún lado: ni a los restaurantes, ni a caminar a la plaza. Tampoco podemos salir en la noche”, contaba una clienta habitual que ese día no fue al Casino al diario mexicano La Jornada.
52 personas fallecieron en el Casino Royale, cuando seis sicarios le prendieron fuego. El atentado se produjo a la hora de más afluencia de gente, la comida, cuando está lleno de amas de casa y gente mayor. AP Photo/Hans Maximo Musielik
El cerco de la violencia se estrecha. La mañana siguiente el cadáver de un hombre aparecía decapitado delante de las instalaciones de Televisa, la principal cadena de televisión nacional, en la zona alta de la Ciudad de México. La capital del país era hasta ahora una de las ciudades más seguras, donde el narcotráfico no hacía valer su metralla.
Monterrey en cambio, vive atrapada en una espiral de violencia desde hace meses. Sin embargo, los 52 muertos rebasan todo lo anterior y generalizan la angustia y la impotencia. “Hasta ahora la violencia tocaba de una manera individual, secuestros, asesinatos, desapariciones cotidianas pero que quedaban en el secreto familiar, ahora estamos hablando de un atentado público contra ’señoras bien’ que estaban en un centro de diversión y eso ha impactado a la clase media alta. Ya ha pasado antes en Juárez, en Reynosa, en Torreón… y estamos hartos”, explica Pablo Pérez, un regiomontano que vive en la Ciudad de México.
Pablo decidió salir a las calles en una concentración de protesta que se organizó en la capital mexicana este fin de semana. También lo hicieron en su ciudad y en otros lugares del país. La consigna era la misma en todos lados: Paz. “Ante una tragedia como ésta es momento de replantear la estrategia y pensar la seguridad desde las personas”, señala Jesús Robles Maloof, defensor de Derechos Humanos en Contigente MX, la organización que convocó la protesta en el Distrito Federal. Su visión, aunque recoge el sentir de una gran parte de la ciudadanía, contrasta con la política del gobierno, que sigue aplicando su receta de mano dura. El presidente Felipe Calderón calificó enseguida el crimen como “terrorismo” y ya ha ordenado el despliegue de 3.000 policías y militares más en la ciudad norteña.
La ciudadanía salió a las calles en varias ciudades del país para repudiar el atentado en Monterrey y la violencia que azota todo el territorio nacional. Foto: Parika Benítez
Esto no es casual en un momento en que el ejecutivo pretende aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que ataca directamente las libertades individuales, otorgando más poder a las fuerzas de seguridad y al gabinete de gobierno. Si ésta estuviera en vigor ya el Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a cualquier ciudadano en la misma calle arbitrariamente, incomunicarlo hasta por 24 horas y obtener información con los métodos que considerasen oportunos, sin atenerse a los derechos humanos y abriendo una puerta legal a la tortura. Como resume Robles Maloof, la Ley de Seguridad Nacional “le otorga más facultades a quienes han demostrado ser inútiles para combatir el narcotráfico”. En el mismo sentido se pronuncia el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que está canalizando la voz de la ciudadanía crítica con la estrategia militar del gobierno de Calderón. “Para enfrentar estos hechos las autoridades no requieren extralimitarse en sus funciones. Tienen todo el marco legal necesario para investigar y responder institucionalmente a estas atrocidades sin que tenga que ejercerse más violencia, la violencia puede contenerse y reducirse sin violar la ley. México debe transformarse en un Estado democrático de derecho con políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas que ayuden a reducir la violencia sin concentrarse, torpe y ciegamente, en operativos armados, en retenes, en arrestos ilegales, en violaciones a los derechos humanos que sólo aumentan la violencia y la inseguridad”, alegan. Sin embargo, el gobierno mexicano avanza en otra dirección. Calificar al narco como terrorista supone una alineación directa a las tesis de EEUU, que por la boca de la secretaría de Estado, Hillary Clinton, ya calificó en septiembre pasado la espiral de violencia mexicana como “narcoinsurgencia”. Este marcaje se agrava después de que en las últimas semanas conociéramos que los Estados Unidos están trabajando “codo con codo” con el gobierno de Calderón para combatir la delincuencia organizada.
Injerencia estadounidense
Los EEUU tienen espías en México, así lo admitió el propio gabinete de Seguridad mexicano, después que el New York Times publicase que EEUU mantiene un centro de inteligencia dentro de una base militar mexicana. Casualmente este centro de inteligencia está junto al aeropuerto de Monterrey, a unos kilómetros de la masacre del Casino Royale. Allí, miembros de la CIA, de la agencia antidrogas DEA (por sus siglas en inglés) y civiles estadounidenses con formación militar recopilan información sobre la delincuencia organizada, planifican las operaciones de choque, entrenan a soldados y policías federales y hasta interrogan a sospechosos.
La secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton en una de sus visitas a Monterrey en 2009, en el marco de la Iniciativa Mérida. AP Photo / Eduardo Verdugo
Esto es un paso más allá de lo acordado en la Iniciativa Mérida, un tratado de seguridad entre EEUU y México firmado en 2008, por el cual los mexicanos ya ha recibido cerca de 1.400 millones de dólares en equipo militar, tecnología y asesoría en técnicas de combate antiterrorista. Según el diario La Jornada, los agentes estadounidenses además, someterían a pruebas de confianza a los altos funcionarios del gobierno mexicano. Así las cosas, la exacerbación de la violencia viene como anillo al dedo para justificar la injerencia extranjera y el aumento de la militarización. “Conviene que haya un deteriorio de las condiciones para imponer las doctrinas de seguridad norteamericana. Pero los agentes de los EEUU cuidan la seguridad de su país, no de los ciudadanos mexicanos. Para ello, necesitamos agentes y funcionarios propios a los cuales les podamos pedir cuentas y quitarlos si no funcionan”, señala Robles Maloof. Cabe tener en cuenta que el vecino del norte es el destino principal de la droga y a nivel interno no persigue el narcotráfico, el lavado de dinero o el contrabando de armas con mucho ahínco. Sin embargo, cada día entran ilegalmente a México cerca de 2.000 armas.
Así las cosas, la presencia estadounidense no parece justificarse solo en el combate a la delincuencia organizada y para entenderla habría que voltear a ver otras intervenciones en la región. La Iniciativa Mérida cada vez se asemeja más al Plan Colombia, que ya en 1999 marcaba las bases estratégicas para acabar con el narcotráfico y la guerrilla en el país caribeño. Allí, Estados Unidos han invertido más de 6 mil millones de dólares invertidos para instaurar bases, pagar asesores militares, pertrechos bélicos, aviones de combate, bombarderos, helicópteros e instalaciones de espionaje electrónico, que han tenido un resultado nulo para reducir el poder de las mafias, aunque sí han conseguido cambiar los grupos que las controlan. Como apuntaba la escritora colombiana residente en México, Laura Restrepo en una entrevista reciente, Colombia ha pasado por tres etapas fundamentales, “la primera es la de Pablo Escobar, una mafia plebeya, muy poderosa pero marginal, venida de estratos sociales bajos y aunque se volvieron dueños del país, fueron siempre rechazados por las clases altas. La segunda fase es de cuello blanco, personificada por el cártel de Cali, una mafia menos salvaje al menos a la vista y más ligada al capital financiero internacional. La tercera fase es el narco a través de los grandes cárteles militares, y es la que hoy ha ido eliminando a los demás”. El negocio de la droga está ahora en manos de los llamados cárteles militares en un entramado social e institucional aliado con los grupos de poder. Y todo esto ocurre bajo la atenta mirada de más de 800 asesores militares estadounidenses desplegados en el territorio a través de siete bases militares instauradas con el Plan Colombia.
A la marcha de los acontecimientos, las comparaciones pues, entre México y Colombia, son inevitables. Beatríz Torres, del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, asevera que el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica es “el gran paso militar y político para instalar una guerra regular y controlar así los gobiernos y recursos en la región”. Esta experta recuerda además que la economía criminal, que combina el tráfico de drogas, personas y armas, es el segundo negocio mundial después del que se deriva del petróleo. En este sentido, señala que EEUU aplica la narcopolítica desde los años ‘80 cuando justificó la intervención a Panamá por el narcotráfico. Este combate “ha sido un gran escudo imperial para justificar el control económico, social, político y militar en América Latina desde que se acabó la Guerra Fría”.
El acuerdo entre los EEUU y México va mucho más allá de lo que se anunció públicamente y ya ha facilitado la entrada de espías yanquies en el país azteca con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. AP Photo/Daniel Aguilar
La DEA en Wikileaks
Y el propio EEUU parece reconocerlo en los cables filtrados por Wikileaks. La Agencia Antidroga Norteamericana (DEA) cuenta con 87 oficinas en 63 países del mundo, y se está convirtiendo en una agencia de inteligencia global mucho más parecida a la CIA que al solo combate a las drogas. Así lo revelaban algunos de los cables difundidos en esta filtración. Por ejemplo, en el caso de Panamá el presidente se comunica con la DEA para pedir apoyo para pinchar teléfonos de opositores. En Myanmar los informantes de esta agencia hablaron sobre las actividades políticas de los opositores a la junta militar mientras ésta se enriquecía con el dinero del narcotráfico, y así un sinfín de ejemplos. En México ahora ya tienen un centro de inteligencia. Para el jurista especializado en la relación bilateral entre el país azteca y EEUU, John Ackerman, el gran problema es “la subordinación mexicana a la estrategia de Washington”. En este sentido, exige al gobierno azteca que “cancele urgentemente la Iniciativa Mérida, e implemente un modelo similar al que aplica EEUU en su interior: ejercer la discreción prosecutorial, priorizar la investigación de los delitos graves de la población mexicana y no preocuparse tanto por el tránsito de drogas hacia el norte”.
El atentado en Monterrey ha mostrado la vulnerabilidad de toda la sociedad ante la violencia. Foto: Parika Benítez
Sin embargo las autoridades siguen en su estrategia militar. El gobierno mexicano ya ha anunciado que en la siguiente etapa de la Iniciativa Mérida, se capacitará a los policías locales, pues los estadounidenses ya han formado a 4.500 policías nacionales y soldados. “Las fuerzas federales detienen a los criminales. Déjenos hacer nuestro trabajo. Dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan frenar la acción de las fuerzas federales” repitió el presidente Calderón después del atentado en Monterrey. Estas fuerzas sin embargo, no consiguen impedir que la violencia siga creciendo, y en los últimos cinco años ha habido más de 40.000 muertos, según cifras oficiales. Los más recientes, descansan aún en sus féretros regiomontanos mientras sus familiares salen a las calles a decir basta ya.
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CASINO ROYALE
Fotografías de Hans Musielik
Luis Carrazco "el Chihuas" del cártel Los Zetas detenido por el ataque al Casino Royale
Un supuesto miembro del cártel Los Zetas detenido con cuatro cómplices por el ataque al Casino Royale
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