Al analizar el problema de la creciente violencia delictiva en nuestro país, el rector de la UNAM, José Narro, señaló que es necesario erradicar de la sociedad miedo, frustración y desaliento, y llamó a buscar una unidad nacional basada en la confianza y la certeza en el rumbo. En el mismo foro, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el juez español Baltasar Garzón se refirió a la educación como una de las formas fundamentales de enfrentar el problema de la violencia, y agregó que las acciones gubernamentales en el combate a la delincuencia deben llevarse a cabo con pleno respeto al estado de derecho y a las garantías individuales.
Por su parte, el ex alcalde de Palermo Leoluca Orlando, también presente en el encuentro, destacó que cuando las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, éstos recurren a las mafias, las cuales les ofrecen una seguridad perversa
, y se refirió a la pertinencia de impulsar un cambio cultural a fin de robustecer la cultura cívica.
La reunión tiene como telón de fondo las secuelas del ataque criminal contra el casino Royale, perpetrado el jueves, que dejó un saldo de 52 muertos: la captura de cinco de los presuntos responsables del atentado, anunciada por las autoridades de Nuevo León; el despliegue en Monterrey de miles de efectivos policiales y militares con decenas de vehículos, las manifestaciones de exasperación de la sociedad regiomontana y la confusión generalizada sobre la identidad de los verdaderos propietarios del establecimiento incendiado, así como sobre las irregularidades y omisiones que se tradujeron en salidas de emergencia clausuradas.
La polémica ha alcanzado el tema de los casinos en general, así como el del impulso a ese giro –que es señalado como instrumento común para lavar dinero de la delincuencia organizada– que el gobierno federal le dio el sexenio pasado.
Tanto el titular del Ejecutivo federal como Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, negaron que los despliegues de fuerza pública provoquen o agraven la violencia, y en términos muy similares aseguraron que la presencia masiva de soldados y policías en espacios públicos es consecuencia de la violencia que se vive en ellos.
El aserto es discutible si se toma en cuenta el elevado número de abusos contra la población civil que han sido reportados desde que la actual administración lanzó, a finales de 2006, una guerra supuestamente orientada a combatir a la criminalidad organizada, aunque diversos analistas señalaron en ese momento que se trataba más bien de una estratagema orientada a ganar popularidad y legitimidad para un gobierno que carecía de ambas.
En los años siguientes se vinculó la inclinación del gobernante en turno por las medidas de fuerza militar y policial con los amagos de autoritarismo presentes en proyectos de reformas legales, así como la cerrazón política característica del gobierno calderonista.
Es claro que numerosas personalidades –desde la solidez de lo expuesto ayer en la Cámara de Diputados hasta las ocurrencias del ex presidente Vicente Fox, quien llamó a gestionar una tregua con los delincuentes y a otorgarles amistía, como forma de parar la violencia– han realizado, en estos años, propuestas abundantes y diversas para enfrentar la inseguridad y combatir a la delincuencia con métodos más inteligentes y fructíferos que los empleados hasta ahora por las autoridades federales.
El gobierno falta a la verdad cuando se queja de que todos critican, pero nadie propone alternativas. Otra cosa es que el equipo de gobierno carezca de voluntad e interés para escuchar el gran debate nacional e internacional que se desarrolla en el momento actual en torno a las vías para hacer frente al consumo, trasiego y producción de sustancias sicotrópicas ilícitas, y que siga empleando el recurso inútil de desplazar miles de efectivos militares a las zonas en las que ocurren actos de violencia particularmente atroces.
Tales desplazamientos son seguramente espectaculares, además de caros, pero ello no implica que sean capaces de alterar en forma significativa ni duradera el enorme poder de que disfrutan los estamentos del crimen organizado en las regiones en las que se asientan y a las cuales controlan. Acaban, por norma, empeorando la situación de los ciudadanos y agregándole factores adicionales de zozobra y atropello, como bien lo saben los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Es necesario esperar a que lo constaten los regiomontanos?
de mayor gravedad cuando posteriormente se padece la indolencia, el abuso o la omisión por parte de aquel servidor público que, teniendo el deber de atender a quien fue víctima de un delito, lo victimiza de nueva cuenta.
Al revisar el sentido de la función del Estado encontramos que su tarea básica es proteger a la sociedad en general de cualquier clase de violencia, incluida la que proviene de servidores públicos; para ello cuenta con una estructura institucional y legal diseñada para garantizar la seguridad pública.
El incremento en la incidencia delictiva, 98% de impunidad y 85% de los delitos no denunciados (cifra negra) muestran la necesidad de evaluar la eficiencia bajo la cual operan la gran mayoría de instituciones encargadas de brindar seguridad pública y de la procuración de justicia.
Es indudable que no hay justificación para que alguien sea lastimado en sus derechos, menos el abandono de funciones esenciales por parte del Estado, como la protección de los integrantes de la sociedad, la preservación de sus derechos, pero, sobre todo, la atención que se les otorga cuando enfrentan las consecuencias del delito.
Ante casos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación, la extorsión o la trata de personas, se hace necesario fomentar esquemas de actuación que permitan garantizar la plena investigación y formal procesamiento de los responsables.
La situación se torna de mayores consecuencias cuando se lastima a niñas o niños, a los que no sólo se les hace padecer las consecuencias de un delito, sino que en la mayoría de los casos se les destruye su proyecto de vida. Difícilmente la vida cotidiana de la víctima suele ser la misma tras el agravio, porque no es fácil reencontrar el camino y continuar con el proyecto que se tenía.
Por lo anterior es que debe apostarse por una estrategia que permita no sólo resolver los delitos que se cometen y evitar su impunidad, así como la revictimización por parte de los servidores públicos. Sin duda que para cualquier país invertir en la prevención resulta mucho más rentable que pretender enfrentarlos, sobre todo cuando las tasas de incidencia delictiva se mantienen con diversas constantes.
La atención a las víctimas representa uno de los grandes pendientes en la agenda nacional. Durante años se les negó el derecho a participar en el proceso penal, se les impidió ejercer su derecho a solicitar información a las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Ni hablar sobre su acceso a la reparación del daño, el cual era inexistente.
En últimos años la situación se ha intentado revertir de manera paulatina, uno de los pasos más importantes en este sentido fue el reconocimiento expreso de los derechos de la víctima en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal es el caso del derecho a recibir asesoría jurídica, a ser informado del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en el juicio, a recibir atención médica y sicológica, a que se proteja su identidad y a que se le repare el daño.
Pese a los esfuerzos que se han realizado por revertir la situación de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas del delito en el ámbito legislativo, así como en las diversas áreas de la administración pública federal, estatal y municipal, aún no es posible desterrar actitudes por parte de algunos de los servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno, que con su indolencia o su falta de acción oportuna laceran gravemente su confianza en las instituciones y las colocan en una condición de mayor vulnerabilidad.
De ahí que resulte indispensable conocer los derechos de las víctimas y hacerlos valer, ya que estos no pueden quedar al arbitrio de unos cuantos servidores públicos que, so pretexto de las pesadas cargas de trabajo, justifican su inobservancia, por lo que se requiere consolidar una cultura nacional de ayuda y auxilio para ellas, que permita mejorar su situación en el sistema jurídico mexicano.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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