Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.
Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón por parte de los empleados.
Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.
Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.
Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y de cuello blanco
(evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.
Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.
Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, formada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes, ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.
Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta 10 veces la suma equivalente.
Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.
Éstos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe unirse
. No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.
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El atentado ocurrido
en Monterrey debe ser un parteaguas para México; si no se detiene esa violencia en este momento y la sociedad no se involucra en el desafío que representa, ese tipo de violencia se puede generalizar a todo el país, advirtió el ex alcalde de Palermo y actual diputado italiano Leoluca Orlando, mientras que el juez español Baltasar Garzón, precisó que lo que pasó en Monterrey se puede trasladar al Distrito Federal si no se contiene el fenómeno y no se atiende el punto de inflexión que significa el ataque en el que murieron 52 personas.
Los dos personajes estuvieron ayer de visita en las instalaciones de EL UNIVERSAL, y en una plática con columnistas y editorialistas de esta casa hablaron de los recientes hechos en Monterrey y de la situación de inseguridad y violencia que vive México. Cuando se les preguntó si se podía llamar “terrorismo” al ataque al casino en la ciudad norteña, los dos difirieron. Para el que fuera alcalde de Palermo e impulsor de la “cultura de la legalidad” que revirtió la corrupción y redujó el dominio social de la mafia siciliana de la Cosa Nostra, el atentado en Monterrey “sí fue un acto terrorista, porque el terrorismo busca generar miedo y con ese ataque se buscó llevar miedo a dos actores: los dueños del casino y a los ciudadanos atacados”. Sin embargo, la opinión de Garzón fue diferente: “Declarar que el acto fue terrorismo es una opinión política que era innecesaria; correspondía en todo caso a la PGR o a la procuraduría estatal investigar y declarar si se configuraba el delito de terrorismo, lo otro es pura opinión política”, dijo en alusión al discurso presidencial que calificó los actos como “terroristas”.
Junto a Orlando y Garzón, estuvieron en este diario la fiscal de la Audiencia Nacional Española, Dolores Delgado, y el juez Fernando Andrew, también del órgano de justicia español. Este último se refirió a la clasificación anticipada de “terrorismo” en los atentados de Monterrey como algo riesgoso, porque si no hay una calificación judicial del delito y se adelantan definiciones se incurre en lo que llamó “el derecho penal del enemigo”, en el que se tacha de terrorismo a acciones y grupos para justificar su combate a través incluso de métodos extralegales, y puso como ejemplo la guerra de George W. Bush contra el terrorismo. “Hay que tener mucho cuidado en la clasificación de terrorismo”, dijo el juez Andrew.
A la pregunta de por qué en España, con uno de los mayores consumos de drogas en Europa, no había tanta violencia por el tema del narcotráfico como en México, el juez contestó que “en España nunca se ha utilizado al Ejército para combatir ese problema y nunca se le ha sacado de la vía judicial civil”. Tanto el juez Garzón como el alcalde Orlando dijeron esperar que la sociedad mexicana reaccione y salga a las calles a exigir el fin de la violencia. Garzón habló del movimiento de “la indignación activa” que hace que los ciudadanos actúen cuando sienten que el gobierno ya no puede hacer nada. “Frente a fenómenos tan complicados el combate tiene que ser de todos”, consideró el juez Garzón.
NOTAS INDISCRETAS… Ya hay humo blanco en San Lázaro sobre las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, y no prosperó la demanda del PRD de quedarse con las dos posiciones. El entendimiento, ya avalado por todas las fracciones, es que el PRD encabezará la Junta, y que la Mesa Directiva será rotatoria para los tres partidos, arrancando con un diputado de PRI o PAN. Cuando le toque al PRD presidir la mesa tendrá que dejar la Junta para no ocupar los dos órganos. Sólo falta que se defina el orden para la presidencia de la Mesa, y que el PRD defina internamente quién será el que encabece la Junta, pues aunque le corresponde al coordinador Armando Ríos Píter, habrá que ver qué dicen la bancada lopezobradorista liderada por Alejandro Encinas y la de Los Chuchos que encabeza Guadalupe Acosta… A propósito de diputados, con la renuncia de Josefina Vázquez Mota este jueves hay dos listos a sucederla en la bancada panista: el jalisciense Francisco Ramírez Acuña y el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar. ¿Quién cree que se la quede?, ¿un calderonista o un foxista?... “¿Su nombre?”, preguntó el del Estado Mayor a la visitante en Los Pinos. “Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán”. Tras checar la lista de invitados, el militar preguntó: “¿Y su acompañante?”. “No, vengo sola, soy divorciada”, dijo la gobernadora. “Ah, entonces permítame”, y tras tomar el teléfono y consultar, el soldado le dijo: “Disculpe, pero sin acompañante no pasa”. La señora, molesta, se dio la vuelta y se fue, tomó su camioneta y enfiló a Toluca para regresar a Mérida. Ya en el camino, una llamada a su celular: era el secretario de Gobernación, Francisco Blake, disculpándose y pidiéndole que regresara a la fiesta de cumpleaños del presidente Calderón. “No, gracias”, dijo la gobernadora. A los 10 minutos otra llamada; el secretario particular del presidente, Roberto Gil, insistía en la disculpa. “No”. A los 10 minutos otra vez el teléfono: era Enrique Peña Nieto: “Sé que estás molesta y si no quieres regresar lo entiendo, pero me pidió personalmente el Presidente que vinieras”. En media hora la gobernadora estaba de regreso y ésta vez si la dejaron entrar a la comida de aquel sábado 20 de agosto. Y sin acompañante… Escalera doble de los dados. Buen inicio de semana.
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