México es uno de los países en los que predominan amenazas, asesinatos o desapariciones de estos activistas, considerados uno de los grupos de defensores de derechos humanos más vulnerables
Juan
Carlos Flores Solís vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos fue detenido por
oponerse a la construcción de un gasoducto. Foto: Cuartoscuro
De enero de 2011 a agosto de 2014, se
documentaron en todo el mundo 106 casos de hostigamiento contra 282
defensoras y defensores del derecho de la tierra y contra 19 organizaciones no gubernamentales dedicadas al mismo tema.
En el informe “No tenemos miedo. Defensores del derecho a tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, la FIDH denuncia que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.
“Aunque los defensores del derecho a la tierra a menudo
informan a las autoridades pertinentes de que son víctimas de
violaciones de derechos humanos, en muchos casos las instituciones judiciales no investigan, procesan o sancionan a los autores de manera adecuada y la mayoría de las violaciones queda totalmente impune”.
Tras analizar casos de 29 países, ese organismo internacional concluyó que existen
cuatro formas para atacar a los defensores del derecho a la tierra:
vulneraciones de su integridad física —que incluye amenazas, ataques,
asesinatos y desapariciones—, hostigamiento judicial y leyes
represivas; difamación; y vigilancia ilegal.
En cuanto a vulneraciones contra la integridad física, hasta agosto de 2014 ocurrieron 63 casos que afectaron a 112 defensoras y defensores, entre ellos algunos mexicanos.
En el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ya había denunciado que en el país entre 2009 y 2012 ocurrieron al menos 50 ataques en 17 entidades. La mayoría de estos fue contra defensores que se oponían a proyectos de minería y explotación forestal, pero también se atentó contra activistas vinculados a proyectos turísticos, inmobiliarios, hidráulicos y de infraestructura.
Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos pone atención sobre el
caso de Oaxaca, en donde miembros de la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco (APPJ) son amenazados por su oposición a la construcción de
un parque eólico de la empresa española Gas Natural Fenosa.
El 25 de agosto de 2013, un grupo de hombres armados sospechosos de trabajar para la empresa amenazaron
de muerte y atacaron a varios miembros de la APPJ cuando éstos
visitaban la zona en la que se estaba construyendo el parque eólico Bií
Hioxho para evaluar los daños causados por la construcción del proyecto.
En cuanto a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, el reporte documenta 43 casos ocurridos desde 2011 en donde destacan los de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas.
También hay siete casos más de desaparición,
entre ellos el de enero de 2012, cuando el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña, Tlachinollán, informó sobre la desaparición de Marcial
Bautista Valle y de Eva Alarcón Ortiz, presidente y
coordinadora de la Organización Campesina de Ecologistas de la Sierra
de Petetlán y Coyuca de Catalán; e integrantes del Movimiento por la
Paz.
Sobre detenciones arbitrarias, hasta junio de 2014 se documentaron 17 casos
de defensores que continuaban en prisión o en situación de arresto
domiciliario en países como Birmania, la República Democrática del
Congo, Ecuador, Guatemala y México.
A ello se suman otros 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra, entre los que también aparecen activistas mexicanos.
Por ejemplo, en abril de 2014 hombres vestidos de
civil detuvieron a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de
Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala;
quien desde 2006 se opone a la construcción de un gasoducto de las
empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor, Anagas y Bonattu.
El activista fue acusado de disturbios, saqueo, ataque a obras hidráulicas y extorsión por hechos ocurridos en una manifestación en Acuexcoman, Puebla.
Aunque se comprobó que él no participó en esa protesta, el juez emitió una orden de detención en su contra. A la fecha, permanece en prisión preventiva.
La FIDH alerta que la mayoría de los defensores del
derecho a la tierra trabajan en zonas remotas y no gozan de protección
de actores como medios de comunicaciones e instituciones
gubernamentales de defensa de derechos humanos, por lo que es clave
acabar con su aislamiento y visibilizar sus casos.
En el caso de México, el reporte destaca el papel de la
Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y
Periodistas que entró en vigor en 2012, pues aunque no es una
legislación específica para defensores de la tierra sí los ubica como
un grupo en riesgo.
Sin embargo, denuncia que las cifras de la
Secretaría de Gobernación muestran un retraso de atención de casos de
70% para finales de febrero de 2014 y que por el tipo de
Mecanismo de protección deja fuera los casos en los que se criminaliza
a los defensores y ofrece garantías “insuficientes”.
Por ejemplo, Claudia Zenteno es una activista que
defiende la zona del lago de Xochimilco de las construcciones ilegales
realizadas por los invasores de la tierra. Tras sufrir
amenazas y ataques y de que su familia fuera víctima de malos tratos y
secuestros; en enero de 2013 las autoridades reconocieron el peligro al
que se enfrentaba y a través del Mecanismo le proporcionaron cuatro guardaespaldas.
Pero en diciembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República retiró la protección sin dar explicación o informar a la defensora, lo que la dejó en una situación extremadamente precaria y de riesgo, denuncia la FIDH.
Proteger a los defensores del derecho a la tierra no sólo
es parte de un contexto de respeto a garantías individuales si no que
ellos desempeñan un “papel clave para garantizar que en el marco de los
proyectos que afectan a la tierra se rindan cuentas y se respeten los
derechos humanos en mayor medida”, concluye la Federación Internacional
en este reporte 2014.
Si bien, el derecho a la tierra no está enlistado
como un derecho humano en sí, éste es clave para el ejercicio de otros
como el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud o a la
autodeterminación.
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