La plataforma nacional para tener estadísticas sobre la violencia contra las mujeres se echó a andar en 2010 con un presupuesto de 15 millones de pesos, pero cuatro
años después no es operativa y ni el gobierno federal ni los estatales
cumplen con la obligación de contar con un banco de datos sobre las
agresiones de género.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció este martes que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(Banavim) no tiene registros pese a ser la herramienta del Estado para
poner en marcha —con base en estadísticas— programas de prevención
contra la violencia de género.
Desde 2010 que inició operaciones y hasta este 8 de diciembre, el Banavim tenía registrados 83 mil 930 casos de violencia contra las mujeres en todo el país, cometidos por 31 mil 406 agresores. Sin embargo, tras realizar diferentes solicitudes de información pública a los estados, el Observatorio obtuvo cifras oficiales que indican que entre 2012 y 2013 ocurrieron 104 mil 470 hechos de violencia pero sólo en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz; por lo que en todo el país deben ser muchas más de las que se reportan en el Banco Nacional.
“A las procuradurías locales llegan muchos más casos de violencia
pero no los están reportando al Banco Nacional, como están obligados,
ni el gobierno federal está atendiendo la omisión en el reporte de los
datos. Cuando comparamos la información que hay en las procuradurías y
en el Banavim nos damos cuenta que no existe un sistema de información
sobre violencia para prevenirla y erradicarla. El Banco Nacional de Datos no está registrando la violencia del país
y da una cifra que nada tiene que ver con los casos que reportan los
estados”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres se creó hace cuatro años con un fondo de 15 millones de pesos tras la aprobación y reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este banco —que recibió en 2014 recursos por 10 millones de pesos y para el próximo año tendrá 1.9 millones— está alimentado por información de los gobiernos locales, pero también del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) —integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas—.
Además de la diferencia de datos entre los registros de casos de violencia que tienen las procuradurías locales y lo que se ha reportado ante el Banavim, el Banco Nacional indica que desde 2010 en el país no se ha otorgado ni una sola orden de protección para mujeres víctimas de violencia familiar, tal cual mandata la Ley.
Estas órdenes se definen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como los “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima”, es decir, las autoridades aplican diferentes medidas para proteger a una mujer que denuncia violencia, tal como ordenar que el agresor desocupe el domicilio de la víctima, ingresar a la víctima a un refugio, dar auxilio policial o prohibir que el agresor se acerque.
El OCNF preguntó a las entidades federativas cuántas órdenes de protección habían otorgado en los últimos dos años y encontró que aunque sólo 16 estados entregaron información, hay al menos 29 mil 776 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, de las cuales, el 91% fueron emitidas en cuatro estados: Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas.
“La mayoría de los estados no están cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia al no emitir órdenes de protección, porque éstas se concentran en sólo cuatro estados, pero también vemos como no se están reportando al Banavim que no tiene ni un solo registro”.
La Ley General aprobada en diciembre de 2006 obliga al gobierno federal y a los estados a contar con un banco de datos sistematizado y actualizado de los casos de violencia contra las mujeres en el país y sobre las aplicaciones de órdenes de protección.
La disparidad de cifras muestra que los estados no están reportando los casos de violencia al gobierno federal. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene registrados 17 mil 485 hechos de violencia contra las mujeres entre 2012 y 2013; pero en el Banavim sólo hay registro de 184 desde 2010 a la fecha.
Pero el atraso que hay en el Banco Nacional para tenerlo actualizado es tal que según la información del sitio web para su consulta pública, éste depende de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual desapareció tras la publicación en enero de 2013 de un decreto; e incluso se mantiene con la imagen del gobierno de Felipe Calderón y el logo de “Vivir Mejor” de la gestión anterior.
Desde 2010 que inició operaciones y hasta este 8 de diciembre, el Banavim tenía registrados 83 mil 930 casos de violencia contra las mujeres en todo el país, cometidos por 31 mil 406 agresores. Sin embargo, tras realizar diferentes solicitudes de información pública a los estados, el Observatorio obtuvo cifras oficiales que indican que entre 2012 y 2013 ocurrieron 104 mil 470 hechos de violencia pero sólo en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz; por lo que en todo el país deben ser muchas más de las que se reportan en el Banco Nacional.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres se creó hace cuatro años con un fondo de 15 millones de pesos tras la aprobación y reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este banco —que recibió en 2014 recursos por 10 millones de pesos y para el próximo año tendrá 1.9 millones— está alimentado por información de los gobiernos locales, pero también del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) —integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas—.
Además de la diferencia de datos entre los registros de casos de violencia que tienen las procuradurías locales y lo que se ha reportado ante el Banavim, el Banco Nacional indica que desde 2010 en el país no se ha otorgado ni una sola orden de protección para mujeres víctimas de violencia familiar, tal cual mandata la Ley.
Estas órdenes se definen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como los “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima”, es decir, las autoridades aplican diferentes medidas para proteger a una mujer que denuncia violencia, tal como ordenar que el agresor desocupe el domicilio de la víctima, ingresar a la víctima a un refugio, dar auxilio policial o prohibir que el agresor se acerque.
El OCNF preguntó a las entidades federativas cuántas órdenes de protección habían otorgado en los últimos dos años y encontró que aunque sólo 16 estados entregaron información, hay al menos 29 mil 776 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, de las cuales, el 91% fueron emitidas en cuatro estados: Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas.
“La mayoría de los estados no están cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia al no emitir órdenes de protección, porque éstas se concentran en sólo cuatro estados, pero también vemos como no se están reportando al Banavim que no tiene ni un solo registro”.
La Ley General aprobada en diciembre de 2006 obliga al gobierno federal y a los estados a contar con un banco de datos sistematizado y actualizado de los casos de violencia contra las mujeres en el país y sobre las aplicaciones de órdenes de protección.
La disparidad de cifras muestra que los estados no están reportando los casos de violencia al gobierno federal. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene registrados 17 mil 485 hechos de violencia contra las mujeres entre 2012 y 2013; pero en el Banavim sólo hay registro de 184 desde 2010 a la fecha.
Pero el atraso que hay en el Banco Nacional para tenerlo actualizado es tal que según la información del sitio web para su consulta pública, éste depende de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual desapareció tras la publicación en enero de 2013 de un decreto; e incluso se mantiene con la imagen del gobierno de Felipe Calderón y el logo de “Vivir Mejor” de la gestión anterior.
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