Sobrevivientes
de violación en un taller en Pader, Uganda. Miles de mujeres fueron
violadas durante la guerra civil, pero hubo pocos esfuerzos del
gobierno para ayudarlas. Crédito: Rosebell Kagumire/IPS.
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Numerosas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud
instaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a aclarar que
es posible utilizar fondos de la asistencia estadounidense para
financiar servicios de aborto destinados a mujeres y niñas que fueron
violadas en contextos de guerra y conflicto.
Reunidos el martes 9 frente a la Casa Blanca, numerosos activistas
llamaron la atención sobre lo que consideran ha sido una mala
interpretación de políticos y organizaciones humanitarias de una norma
que ya tiene cuatro décadas.
"No se
puede solo prevenir la violencia. También queremos que cuando ocurra,
las organizaciones y las agencias del gobierno ofrezcan la atención
necesaria después de la violación, tanto servicios sociales y legales
como psicológicos y físicos. Los servicios de aborto necesitan formar
parte del paquete”.
Conocida como la Enmienda Helms, la ley detalla los servicios de
salud para mujeres que pueden beneficiarse con la asistencia de Estados
Unidos al extranjero.
Esta mala interpretación, alertan los activistas, genera
sufrimiento, rechazo social e, incluso, un abuso adicional de las
mujeres violadas.
“Desde hace más de 40 años, la Enmienda Helms se aplica como si
fuera una prohibición total a la atención de abortos en los programas
de salud financiados por Estados Unidos, sin excepciones”, se lamentó
Purnima Mane, presidenta de Pathfinder International, dedicada a la
salud sexual, al ser consultada por IPS.
“El resultado es que Pathfinder y otras agencias financiadas por el
gobierno de Estados Unidos no pueden ofrecer servicios de asistencia
vinculada al aborto a personas en riesgo, aun en las circunstancias
previstas por la legislación estadounidense y claramente permitidas por
la Enmienda Helms”, explicó.
“De un plumazo, el presidente Obama puede cambiar las perspectivas
para muchas de esas mujeres y comenzar a revertir más de cuatro décadas
de negligencia de sus derechos humanos básicos y de daños a su salud”,
añadió.
La norma prohíbe que fondos estadounidenses se usen para “pagar la
realización de un aborto como método de planificación familiar” o para
“alentar o forzar a una persona a practicarse un aborto”.
ley no prohíbe específicamente que la asistencia se use para ofrecer
servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos de
violación, pero los críticos se lamentan de que ese fue el impacto
desde el inicio.
“Ninguna administración implementó esto correctamente, en términos
de hacer excepciones en ciertos casos”, coincidió Serra Sippel,
presidenta del Centro de Salud y Equidad de Género (Change, en inglés)
y principal organizadora de la iniciativa del martes, en diálogo con
IPS.
“Tienen que ver con la política y el clima político en Washington.
Pero necesitamos que el presidente asuma un papel de liderazgo y haga
que Usaid ( Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
y el Departamento de Estado digan que el gobierno de Estados Unidos
asume una posición y apoya los servicios de aborto en esos casos”,
añadió.
Mala interpretación y autocensura
La interrupción voluntaria del embarazo ha sido y es uno de los
asuntos más divisivos de la política estadounidense, y la polarización
no hizo más que empeorar.
El asunto concentró la atención cultural y política en 1973, cuando
la Corte Suprema de Justicia dictaminó que una ley que prohibía el
aborto, salvo que fuera para salvar la vida de la madre, era
inconstitucional.
El dictamen generó tal indignación entre vastos sectores, pese a que
los estudios de opinión indican que la mayoría de los consultados están
a favor del aborto tras una violación, incesto o cuando la vida de la
madre está en riesgo.
Y la Enmienda Helms fue una de las primeras respuestas a ese dictamen, aprobada pocos meses después.
Es importante señalar que la interrupción voluntaria del embarazo es
legal en Estados Unidos, así como en muchos estados donde operan
entidades financiadas por el gobierno, incluidos los ministerios.
“Estas restricciones, colectivamente, resultaron en la percepción de
que la política exterior de Estados Unidos en materia de aborto es más
onerosa que la ley, lo que lleva a un ambiente dominante de confusión,
mala interpretación e inhibición en torno a otras actividades
vinculadas al aborto más allá de los servicios directos”, señala un
análisis publicado el año pasado por el Instituto Guttmacher, dedicado a la salud sexual.
“De forma deliberada o no, organizaciones y funcionarios
estadounidenses han sido tanto transgresores como víctimas de la mala
interpretación y la mala aplicación de la ley. Ya sea por no entender
bien o por autocensurarse, las instituciones se abstienen sin necesidad
de ofrecer asesoramiento o de derivar” a la persona, añade.
Es muy difícil compilar estadísticas global de violaciones en zonas
de conflicto y de los consiguientes embarazos. La organización Human
Rights Watch (HRW) menciona una investigación realizada en 2004 en
Liberia, donde la violación se usó como arma de guerra, y sugiere que
15 por ciento de las violaciones en tiempos de guerra terminan en
embarazo.
“Médicos y funcionarios de la salud de Bosnia, República Democrática
del Congo (RDC), Colombia y otros países con guerra reunieron
evidencias de varias sobrevivientes de violación, que señalan que
derivan en embarazo y tienen consecuencias devastadoras para las
mujeres y las niñas”, escribió Liesl Gerntholtz, directora ejecutiva de la división de derechos de las mujeres de HRW.
“Suelen verse obligadas a continuar con embarazos no deseados y a
ocuparse de niños que no suelen poder atender y que son un recordatorio
permanente del brutal ataque que sufrieron. Esto a su vez deja a los
niños vulnerables a una mayor estigmatización, abuso y abandono”,
explica.
Reconocimiento global
Las organizaciones que protestaron el martes frente a la Casa Blanca
también pidieron al presidente Obama que aclarara que la Enmienda Helms
no se aplica a los embarazos derivados de incesto o si la vida de la
madre está en riesgo.
Desde hace un año, hay mayor conciencia de este asunto, en especial
por el conflicto en Siria y el crecimiento del grupo extremista Estado
Islámico (EI), así como por la violencia en República Democrática del
Congo y el lugar importante que tiene la violencia sexual en esos casos.
“No se puede solo prevenir la violencia. También queremos que cuando
ocurra, las organizaciones y las agencias del gobierno ofrezcan la
atención necesaria después de la violación, tanto servicios sociales y
legales como psicológicos y físicos. Los servicios de aborto necesitan
formar parte del paquete”, subrayó Sippel, de Change.
Estados Unidos ha tenido un fuerte papel abogando contra la
violencia sexual en los últimos años, en especial en situaciones de
conflicto. Obama creó el primer plan de acción
sobre el papel de la mujer en la construcción de paz, una estrategia de
la Casa Blanca sobre violencia de género, entre otras medidas.
Los activistas sostienen que aclarar el alcance de la Enmienda Helms
es el próximo paso lógico. Si bien Obama no hizo declaraciones para
este artículo, los organizadores de la iniciativa del martes dijeron
que asesores de Obama se reunieron con activistas que trabajan contra
la violencia sexual en Colombia, RDC y en otros lugares.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme
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