El mexicano, el narco y el yanqui
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El
suceso se comprende como un acto de violencia extrema encaminado a
dejar un claro mensaje, haciendo publico el corrupto sistema político
mexicano y la penetración del narco en todos los planos sociales.
Además,
deja en claro que la militarización y las políticas punitivas no están
dando los resultados esperados. Mientras tanto en Uruguay se está
transitando un nuevo camino respecto de la problemática de la droga y
la lucha contra el narco.
La Escuela Normal de Ayotzinapa ha
sido objeto constante de represión por parte de los Gobiernos local y
federal, ya que cuenta con una fuerte tendencia de izquierda y es
conocida como semillero de luchadores sociales y disidentes.
Ante
el avance de grupos paramilitares, los múltiples enfrentamientos
armados entre las organizaciones narco por el control de zonas y la
militarización del conflicto impuesta por el estado nacional, hacen que
en determinadas regiones surjan “Grupos de Autodefensa Comunitaria”, o
mejor conocidos como "Policía Popular" o "Policía Comunitaria", una
organización de autodefensa popular surgida entre los años de 2012 y
2013, en las regiones del Golfo y Sur de México, que actualmente están
en proceso de regularización para actuar como Policías Rurales, con el
fin de evitar enfrentamientos entre las autodefensas y los mismos
militares.
Respecto del hecho particular de la desaparición de
los estudiantes, una de las hipótesis que circula es que los señores
del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un
presidente municipal –que milita en las filas del Partido de la
Revolución Democrática– hoy en fuga y vinculado al cartel narco
“Guerreros Unidos”, no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en
la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en este tipo
de establecimientos. Así, el ataque, asesinato y desaparición de los
estudiantes es un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla.
El
saldo que deja el caso de “Ayotzinapa” es: la desaparición forzada de
43 estudiantes; un gobernante municipal en fuga, un gobernador al filo
de la navaja (tanto política como legalmente), un Palacio de Gobierno
incendiado en una importante manifestación y la figura de la
presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos,
sino además por la comunidad internacional.
La aparición de
fosas clandestinas fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69
cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más; como si se tratara de
accidentes geográficos, lo cierto es que desde el 2007 y sólo en tres
estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido
“recuperados” de estas fosas.
Entre diciembre de 2006 y enero de
2012 se estima que han muerto alrededor de 60.000 personas mediante
ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la
autoridad. Otras estimaciones llegan a contabilizar hasta 150 mil
muertos. En lo concreto desconoce con precisión el número de asesinatos
de personas en relación con actividades delictivas, que son llamadas
«daños colaterales» por el Gobierno.
En diversos sectores del
país se ha observado un incremento en los indicadores de violencia y
delito. Juárez se ha convertido en la ciudad más insegura del mundo,
donde se cometieron más asesinatos que en todo el territorio de
Afganistán durante el año 2009.
Pero el conflicto con el
narcotráfico se ve aun mas agravado por la forma en que se intenta
solucionar, la militarización del conflicto no demuestra un avance real
en la lucha contra los narcos. Si no que más bien responde a una
lógica, que se está implementando desde los inicios del conflicto y que
no demuestra tener grandes avances.
El 1 de diciembre de 2006
Felipe Calderón se hace cargo del ejecutivo y siete días después lanzó
el “Operativo Conjunto Michoacán” (OCM) en el que participaron 10
corporaciones federales estatales y municipales con la intención de
combatir el narcotráfico “por cielo, mar y tierra”.
El Gobierno
Federal envío a 4 mil 200 militares, mil marinos, mil 400 policías
federales y 50 agentes del Ministerio Público a la entidad (OCM) con la
misión de acabar con el crimen organizado. La estrategia fracasó
rotundamente, y resulta arto evidente que durante el mandato de
Calderón se implementó un modelo de seguridad militarizado y punitivo
en donde la violencia es el común denominador y en términos reales no
demuestra poner un freno al problema en cuestión sino que más bien todo
lo contrario.
La incursión de militares en los mandos medios de
las jerarquías policiales, junto con el nombramiento de Generales
retirados a cargo de las policías estatales, pretende introducir
disciplina y lealtad en las fuerzas policiales, características más
destacadas del Ejército Mexicano.
Por otra parte, se han sumado
miles de soldados a la Policía Federal, en tanto que en la actualidad,
se ha dejado al Ejército la responsabilidad de patrullar las calles de
aquellas ciudades azotadas por la violencia, sustituyendo en algunos
casos prácticamente a las policías civiles.
La guerra contra las drogas ha creado una industria ilegal que actualmente genera más de 330 mil millones de dólares cada año.
Un
análisis económico básico puede demostrar por qué la prohibición
absoluta nunca funcionará. En términos simples, donde existe una
demanda alta aparejada con una prohibición se crea, inevitablemente,
una oportunidad de ganancia criminal. Los intentos de interceptar la
producción y el suministro de drogas están condenados a fracasar, ya
que su efecto (incluso si tienen éxito, lo cual es extremadamente raro)
será un incremento en los precios. En consecuencia, ello vuelve al
mercado más atractivo para que ingresen nuevos productores y
vendedores, lo cual siempre ocurre.
Sin importar cuántos
vendedores detengamos o cuántas redes de contrabando aplastemos, el
vacío siempre es llenado por una fila de reemplazos disponibles,
ansiosos por recibir las extraordinarias ganancias que la prohibición
les ofrece.
Por estos motivos las experiencias que se están
comenzando a implementar en el continente respecto de la temática
drogas y el problema narco que trae consigo, resultan más que
interesantes, fundamentalmente porque las políticas punitivas y
militaristas no demuestran un verdadero avance en la solución de la
problemática, sino que agudizan aun mas una situación que de por si es
violenta.
Los estados unidos son el principal mercado, los
principales consumidores de estupefacientes en todo el continente y
mediante la imposición de las políticas de lucha contra el narco busca
– y obtiene – una injerencia directa en los asuntos internos de los
estados, el entrenamiento de efectivos militares y el financiamiento
son algunos de los instrumentos desplegados por la casa blanca para
lograr sus cometidos (en términos prácticos el Plan Colombia es una
muestra de estos esfuerzos)
Con esto no quiero decir que la
despenalización sea la solución mágica para el problema del
narcotráfico en la región, pero es claramente un cambio en la
metodología de acción estatal en cuanto intentar dar una solución al
conflicto.
La experiencia Uruguaya puede servir para demostrar
que la punición y las armas no son la única alternativa a la hora de
hacer frente a una problemática que está comenzando a expandirse poco a
poco en todo el continente.
Gerardo Leclercq es miembro del Colectivo Sur Global.
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