lasillarota
De acuerdo al más reciente informe sobre la situación de la libertad
de expresión en internet de la organización internacional Freedom
House, dado a conocer el pasado 4 de diciembre, en México han aumentado
las violaciones a los derechos de los usuarios, por lo que la ley no
está ofreciendo las garantías de libertad de expresión, de prensa y
privacidad, y critica abiertamente a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pone en riesgo también los
derechos de privacidad y a la protección de datos personales al
permitir a las agencias de seguridad acceso general a los datos
privados sin necesidad de una orden judicial.
En el mismo sentido participantes en la Tercera Cumbre de México
Telecom que congregó a empresarios y operadores del sector, alertaron
sobre el riesgo de esta medida, por lo que solicitaron que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones precise qué funcionarios pueden pedir
información respecto de los datos de los usuarios de comunicaciones
móviles y que tome en cuenta las consecuencias de que la información
personal y de geolocalización se le entregue funcionarios como los que
gobernaban Iguala, vinculados al crimen organizado.
Eso lo advertimos muchos en el momento de discusión de la ley, pero
fuimos olímpicamente descalificados, hoy esta parte del sector
empresarial confirma que no haber escuchado a las voces críticas fue un
error.
A la ya de suya frágil situación de la libertad de expresión en
nuestro país, en estos tiempos de grave crisis institucional y social,
disparada por la barbarie en Iguala contra los estudiantes normalistas
de Ayotzinapa pero no solamente, se agregan nuevos elementos de
preocupación.
Censura y libre manifestación
Ante la generalizada indignación contra de la clase política, por
sus acciones u omisiones en torno a los hechos en Guerrero, el
escándalo de la Casa Blanca, y la irritación por la represión de las
marchas ciudadanas por parte de la policía del Gobierno de la Ciudad de
México, así como por la policía federal con detenciones arbitrarias, la
fabricación de delitos no cometidos y la impunidad para fincar
responsabilidades a grupos violentos que curiosamente nunca son
atrapados en flagrancia, que desde la lectura de muchos, son
funcionales para inhibir y criminalizar la protesta social.
Además se sumaron a la semana pasada dos nuevos elementos, que incendiaron nuevamente los ánimos.
El primero de ellos fue el ataque en contra del hashtag #Yamecansé
por parte de bots, para que éste dejara de ser una tendencia mundial en
Twitter, después de que durante 3 semanas ininterrumpidas permaneciera
entre los temas más comentados. Sin duda esta acción tenía como
objetivo acallar la conversación sobre las críticas, opiniones y
difusión de información sobre la crisis en México, lo cual es una
ataque claro a la libertad de expresión, ¿quién diseñó y perpetró este
ataque para interrumpir el diálogo ciudadano y su influencia a nivel
internacional?
El segundo fue el suscitado el martes de la semana pasada en la
Cámara de Diputados, cuando el PRI y el PAN, a través del diputado
panista Marcos Aguilar, desempolvaron una iniciativa de septiembre del
2013, para reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución para
garantizar la movilidad humana, lo cual fue ampliamente rechazado por
diversos sectores de la sociedad, por considerar que su fin último es
criminalizar y contener la protesta social a través de una Ley General
que sería el siguiente paso después de los cambios constitucionales.
Como lo han manifestado los defensores de estas reformas, no tiene
porque ser así; sin embargo la burra no era arisca, ahí están los casos
recientes de la llamada Ley Bala del gobernador del estado de
Puebla, Rafael Moreno Valle, que terminó con el saldo de un menor
muerto, y la Ley de Movilidad del Distrito Federal que fue ya
calificada de inconstitucional por el juzgado Segundo en Materia
Administrativa porque tiene como resultado la vulneración del derecho a
la libertad de expresión, reunión y manifestación, en síntesis,
restringe el derecho a la protesta.
¿Para qué darle celeridad a reformas de este tipo en un contexto de
elevada crispación social y de exacerbada desconfianza de la ciudadanía
hacia la clase política de todos los colores? La Cámara de Senadores
debería actuar con mucha responsabilidad en este tema.
Ceguera
Dice la sabiduría popular que no hay peor ciego que el que no quiere
ver. Ante la demanda de transparencia, el gobierno asegura que el
escándalo de la Casa Blanca es un caso “cerrado”; ante las acusaciones
de que nuestra actual crisis y la Guerrero es producto de la
desigualdad estructural que origina una pobreza lacerante Enrique Peña
Nieto responde con un plan económico para ese estado que sólo beneficia
a los empresarios y deja de fuera al sector campesino e indígena que
muere de hambre y los deja en las garras del crimen organizado; a la
exigencia de que el poder político marque distancia de los poderes
fácticos, el jefe del Ejecutivo agradece y alaba a Televisa el día de
ayer en Veracruz, mientras esa empresa, sospechosa de complicidad por
la Casa Blanca, se deslinda de su gobierno a través de sus artistas en
el evento del Teletón, y lo deja solo.
Todos estos agravios nos hablan de una ceguera que tiene en vilo al
país, pero quizá uno de los más insoportables es que a los gritos de
justicia por la desaparición de los 43 estudiantes, Enrique Peña Nieto
pida “superar los hechos”, eso no solamente habla de no entender la
situación, sino de una insensibilidad que ofende profundamente a las
víctimas.
¿Cómo pedirle a la sociedad que supere los hechos sin haber por lo
menos hecho justicia a los padres de las víctimas y sus familiares?
¿Cómo superarlo si siguen desaparecidos 42? ¿Cómo superar que Alexander
Mora Vicencio haya sido asesinado tan brutalmente que apenas si
quedaron pequeños rastros de su cuerpo? Esa frase de Peña Nieto lo
pinta de cuerpo entero y lastima la dignidad humana.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
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