“¿Qué
harías si [uno de los normalistas desaparecidos] fuera tu hijo? No son
números, son historias de vida como la tuya y sueños como los nuestros”
[Pancarta de una manifestante, segunda Jornada Global por Ayotzinapa,
15 de octubre de 2014, México, D.F.]
“Los desaparecidos nos faltan a todos”
[Cartulina de un manifestante, cuarta Jornada Global por Ayotzinapa,
5 de noviembre de 2014, México, D.F.]
Ausencia de respuestas y permanencia de reclamos
Son casi dos meses y quince días de los hechos violentos de Iguala del
26 y 27 de septiembre y, pese a los avances y las decenas de detenidos,
sigue faltando de parte de las autoridades federales un esclarecimiento
creíble de lo acontecido y la presentación con vida de los
desaparecidos. Hace algunos días, y coincidiendo con la jornada de
movilización nacional e internacional del 6 de diciembre en apoyo a los
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se difundió por varios medios
informativos y redes la noticia de que algunos de los restos óseos
encontrados por la PGR en los alrededores de Cocula y que
posteriormente fueron enviados a la Universidad de Innsbruck pertenecen
a Alexander Mora Venancio. Más allá del halo de avance sustancial con
el cual ciertos medios informativos y las autoridades quisieron
revestir la noticia, la certeza del paradero de Alexander abre dos
interrogantes impostergables: ¿Dónde están los otros 42 normalistas
secuestrados y desaparecidos desde el 26 de septiembre? y, no menos
importante y dolorosamente urgente, ¿cuál fue la historia de violencia
y agravios que culminó en que de Alexander sólo se encontraron unos
cuantos restos óseos? Para el caso de Iguala, se cierne la sospecha de
que Alexander tuvo una muerte atroz y brutal, como la de sus tres
compañeros normalistas ultimados la noche del 26 de septiembre a manos
de los policías municipales y como las de decenas de miles de mexicanos
desaparecidos y asesinados por el crimen organizado y las fuerzas de
seguridad corrompidas y coludidas con los grupos delictivos en el
transcurso de estas dos últimas administraciones federales. Lo noticia
sólo vino a ensombrecer y deteriorar aún más la prácticamente
inexistente y precaria confianza que, los padres de los normalistas y
diversos sectores de la sociedad mexicana, tenían hacia los procesos de
indagación oficiales y las autoridades mexicanas.
Estado indolente y sin respuestas
A la fecha y pese a la captura de decenas de personas involucradas en
los asesinatos y desapariciones de Iguala, las acciones e indagatorias
de las autoridades federales no han podido dar respuesta a los
puntuales y legítimos reclamos de los padres: la aparición [con vida]
de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a
todos los responsables materiales e intelectuales (así como a aquellos
que por omisión son parte de estos hechos). El actuar del Estado
mexicano se explica considerando dos hechos. Primero, hay una falta de
infraestructura (de recursos materiales y humanos) para la atención de
las desapariciones, no hay ni aparatos legales idóneos ni organismos
oficiales especializados. Pero, en segundo término y sobre todo, por
una dudosa voluntad política que se ha manifestados en una cadena de
hechos: la primera intención de atribuir un carácter local al caso y
circunscribirlo al ámbito de las autoridades de Guerrero, la tardía
atracción de la investigación por parte de la PGR, el intento de
inculpar a los normalistas al vincularlos a un grupo rival de los
guerreros unidos, la falta de información creíble, el tardío encuentro
del ejecutivo con los deudos, la presentación irregular e inconsistente
de una versión de lo acontecido en Iguala con insuficiente y parcial
evidencia (basada sobre todo en declaraciones).
Ayotzinapa
recuerda y muestra fehacientemente una vez más los saldos y deudas
pendientes que el Estado tiene con la sociedad y que son resultados de
la violencia del sexenio anterior y lo que va de este, los más de cien
mil asesinatos y las decenas de miles de desapariciones forzadas que no
se han investigado y que están relacionados a la política de seguridad
oficial (particularmente a la guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado). La relativamente reciente creación del Sistema Nacional de
Atención de Víctimas ha sido una medida mediática que no ha dado
respuesta creíble a los miles de familiares de las víctimas. Por otro
lado, los hechos de Iguala muestran también que el Estado mexicano
incumplió las recomendaciones que, desde 2011, el Relator Especial de
la ONU para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, había hecho. La
reciente visita a México en noviembre pasado del Relator Dulitzky en
relación al caso Iguala mostró que las autoridades federales, pese a
que podrían tenerlos, por omisión y desidia política no cuentan: (1)
con un marco jurídico adecuado para indagar los miles de casos de
desapariciones forzadas, (2) tampoco tienen ni han generado un banco
genético para la identificación de los desaparecidos y carecen de
protocolos e infraestructura (organismos oficiales especializados) para
dar atención a estos casos. Pese a la magnitud (estamos hablando de
miles y miles de víctimas) y el carácter histórico estructural que han
adquirido este tipo de crímenes (desde hace casi una década son una
constante de la vida sociopolítica del país), la actual administración
federal no ha reconocido en su justa dimensión ni atendido a cabalidad
la gravedad de la situación.]
Guerrero, genealogía de violencia y reflejo estructural y nacional del agravio
Si bien Guerrero tiene una historia de violencia política y lucha
particular, las desapariciones forzadas y los asesinatos de Iguala no
son un caso aislado ni privativo de esa entidad federativa, por el
contrario, se suman a las decenas de miles de desaparecidos y
asesinados en el territorio nacional en los últimos ocho años. Las
desapariciones y asesinatos no son nuevas en Guerrero, ya desde la
guerra sucia y el terrorismo de Estado (a nivel federal y estatal) de
la década de 1970 estas formas de violencia política se dirigieron a
diversos grupos y organizaciones sociales, políticas e insurgentes
(como las de Lucio Cabañas y Genero Vázquez) e implicaron centenas de
desapariciones y asesinatos; posteriormente acontecieron Aguas Blancas
y el Charco. Guerrero es un ejemplo acentuado de la vieja cultura
política caciquil y represiva del antiguo régimen del Partido-Estado,
muestra fehaciente de la marginación estructural de carácter
socio-económico que se funda en la desigualdad. Sin embargo, en el caso
de Iguala además están presentes una serie de problemáticas nacionales
que no se limitan a una región y que, desde hace años, definen la vida
política del país: colusión de los grupos delictivos con autoridades y
diversas fuerzas de seguridad, impunidad, negligencia oficial y desdén
generalizado por los derechos y la seguridad del común de los
ciudadanos.
Escenarios, suspicacia y la ausencia de la voluntad política
Una de las razones en que se funda la suspicacia y la ausencia de
credibilidad hacia las autoridades federales respecto al caso de Iguala
remite a que hubo una serie de antecedentes claros. Muchos meses antes
de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa
sectores del PRD vinculados a Bejarano y miembros de organismos de
derechos humanos relacionados al Obispo Raúl Vera denunciaron ante el
gobierno federal la participación directa del ex-alcalde de Iguala en
el asesinato de un sindico municipal y de tres miembros de la
organización Unidad Popular, además del precedente de las muertes
violentas en 2011 de dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa.
A esta indolencia frente a ese contexto de
violencia política, se sumó la inconsistente e irregular actuación del
Estado mexicano una vez que, forzado por la presión social y mediática
en México y el extranjero, atrajo el caso. El recuento de desencuentros
y tensiones es largo: incorporación tardía de las autoridades federales
y marcada por una falta de coordinación y tensión con las autoridades
de Guerrero, falta de información y de avances de las investigaciones a
los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos,
posteriormente se intentó criminalizar a las víctimas al vincularlos de
manera infundada al crimen organizado, el Ejecutivo federal tardó
semanas en reunirse con los deudos, además de la presentación mediática
de versiones dudosas y con múltiples inconsistencias (basados sobre
todo en el testimonio de algunos perpetradores y con muy poca evidencia
física de soporte).
Conforme pasan los días y semanas, el
Estado mexicano y sus instituciones encargadas del caso de Iguala han
perdido legitimidad frente a los padres y compañeros de los normalistas
asesinados y desaparecidos, esta falta de credibilidad se extiende a
grandes grupos de la sociedad y diversas organizaciones políticas y
sociales. Con base en el sinuoso actuar de la PGR y los resultados
parciales e inconsistentes de las indagaciones oficiales, hay una
amplia percepción social de que el Estado esconde o guarda para sí
información, surge la inquietud de que las respuestas dadas son
forzadas e insuficientes y sólo buscan dar por concluido el caso. Por
ello, los padres han reiterado que dejen trabajar al Equipo Argentino
de Antropología Forense y han aseverado que sólo reconocerán los
resultados de las indagaciones de dicho Equipo.
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