Las
mujeres de República Dominicana –una de las naciones más restrictivas
en materia de aborto en el mundo– se encuentran ante la posibilidad
histórica de que el Congreso Nacional les permita interrumpir su
embarazo en caso de violación o incesto, malformaciones del feto
incompatibles con la vida, o riesgo a la vida de la mujer.
La semana pasada el presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez, devolvió al Congreso Nacional, con observaciones, la iniciativa de Ley de reforma al Código Penal Dominicano (iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados la última semana de noviembre) referentes al delito de aborto.
El mandatario pidió a las y los legisladores de su país, contemplar tres causales para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal: en caso de violación o incesto, malformaciones del feto incompatibles con la vida, o riesgo a la vida de la mujer, toda vez que en el código penal avalado por el Congreso, el aborto sigue considerándose un delito en todas sus circunstancias.
Cabe mencionar que de acuerdo con la Constitución Dominicana una vez que las iniciativas de ley son aprobadas por el Congreso Nacional son remitidas al Poder Ejecutivo para su promulgación; pero si el presidente considera que la ley “es inconveniente por el sentido de sus disposiciones o por la forma de su redacción” tiene la facultad de “observarla”.
Si esto ocurre, la devuelve al Congreso Nacional (de donde procedió) para que la vuelva a discutir.
El mandatario dominicano aseguró que “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir el Estado” es que el aborto sea permitido en estas tres condiciones.
Mediante una carta enviada al presidente del Congreso Nacional, Abel Martínez, Danilo Medina Sánchez, pidió a las y los legisladores que acojan su observación lo más pronto posible y explica la necesidad de dotar al país de “un nuevo código penal que constituya un paso sin precedentes en toda nuestra historia”.
Cabe recordar que la República Dominicana es uno de los seis países latinoamericanos que mantiene una prohibición absoluta del aborto, sin ninguna excepción.
Las observaciones presidenciales provocaron una división de opiniones dentro de la nación.
Por un lado, las organizaciones que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitaron al Congreso acoger las observaciones del presidente, pues la penalización absoluta del aborto representa una violación de los Derechos Humanos.
Señalaron además que el Estado no garantiza a las mujeres pobres, el derecho a la educación sexual, la información oportuna y el acceso de manera gratuita y oportuna a métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos.
El Instituto Nacional de la Salud -que también coordina el Observatorio de Mortalidad Materna de la República Dominicana- se sumó a la voz de las organizaciones civiles y en un comunicado de prensa señaló que las propuestas del presidente están enfocadas a garantizar el aborto en circunstancias que atentan contra la vida, la dignidad y la salud mental de las mujeres.
En tanto organizaciones religiosas dijeron que las observaciones presidenciales responden a la presión internacional y no van acorde con el pensamiento conservador del país.
De acuerdo con la organización internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR), anualmente se registran 90 mil abortos inseguros en la República Dominicana y son la cuarta causa de Muerte Materna en el país.
El Congreso Nacional deberá analizar las observaciones del Ejecutivo en un plazo de 12 meses; en caso de que quiera volver a aprobar el Código Penal tal cual lo había hecho, tendría que contar con los votos de las dos terceras partes del pleno; si no reúne las dos terceras partes las observaciones presidenciales tendrán que acatarse o bien, podrán presentar otra iniciativa después de un plazo señalado.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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