Contra la desviación de poder

Miguel Concha

Alas 9:40 de la noche del 20 de noviembre se iluminó el Zócalo del DF con una bengala, y los cuerpos de seguridad arremetieron contra la inmensa manifestación reunida ahí. El 1º de diciembre, durante la movilización, también en el marco de la exigencia de justicia para Ayotzinapa, al final del mitin se registró el esquema de provocaciones y acoso por los cuerpos de seguridad. Así confirmamos cómo iniciaban un patrón de atropello policiaco contra los últimos contingentes pacíficos de las marchas. En su histórica y reciente sentencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos habló de un sistemático desvío de poder en las últimas décadas en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en estos días de protestas? Irresponsabilidad crónica: la gran lucha ciudadana de los padres de familia y cientos de miles de mexicanos ha sido por responsabilizar al Estado de 43 estudiantes desaparecidos, tres ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles y una veintena de jóvenes lesionados. Ahora responde con oscuros ejercicios punitivos que terminan en detenciones arbitrarias.

Restablecer justicia o represión: el actual régimen respondió primero con escenificaciones de hacer justicia y tomar medidas legislativas y administrativas al respecto, las cuales han sido, en pocos días, descalificadas por la opinión ciudadana. 

Ahora parece haber planeado una salida represiva con un doble propósito: distraer la atención sobre la presión de la sociedad en la búsqueda de los desaparecidos, con la puesta en escena de una presunta persecución de grupos que hacen desmanes, y frenar las expresiones públicas ciudadanas por este y otros motivos de descontento. No hay visión ni voluntad para abrir una vía pacífica en las cuales el Estado se comprometa a que los hechos de Iguala sean punto de inflexión y se rehaga la convivencia en clave de justicia real. Criminalizar la protesta: los cargos penales que se imponen a todas las personas detenidas el 8 y el 11 de noviembre, y recientemente los del 1º de diciembre, significan una escalada de la represión y de la criminalización de la protesta social.

Hasta hace algunos meses primero se detenía indiscriminadamente a la gente por la policía. Se les amagaba, se les remitía al MP, pero después se les dejaba libres sin cargos o bajo fianzas. Luego se les comenzó a acusar más duro ante el MP y se les consignaba ante los jueces en los reclusorios del Distrito Federal, pero con cargos en los que resultaba más difícil y más caro obtener su libertad bajo caución. Después se les siguió deteniendo indiscriminadamente con cargos mayores ante los jueces federales y locales, con vicios en los procedimientos, pruebas insustanciales y enviándolos a prisiones de alta seguridad fuera de la capital. Se dice incluso que se pretendía consignarlos por el delito de terrorismo, pero, por fortuna, la PGR no pudo avanzar más allá. Por tanto aceptó, en efecto, que las personas fueran liberadas. En tiempos de Díaz Ordaz se trataba del delito de disolución social, pero ahora amenazan con tres o más, aunque en verdad buscan el cargo anglosajón de terrorismo.

Oscurecer la verdad: hay evidencias de que los hechos que han ocurrido son un plan, en el que intervienen el gobierno federal y el del Distrito Federal. Un plan artero y que se quiere además certero. Es artero porque pretende consolidar una pinza para la propaganda mediática, pues por un lado dejarse golpear por estos grupos que hace desmanes, aunque se parezcan mucho a los Halcones embozados que aparecieron desde el 1º de diciembre de 2012, y arremeter luego con la pedagogía del tolete y el escudo contra la gran marcha pacífica, durante o al final del acto central. Para mentes canallas se pretende certero: a la agenda fundamental del más grande movimiento pacífico vivido hasta la fecha se le quiere desplazar mediante la bitácora conservadora del orden, el diagnóstico de la desestabilización y la cura del garrote. Se quiere distorsionar la energía ciudadana, pacífica y tenaz, y envolverla en la violencia. Provocar una gran confusión interna y generar miedo entre los ciudadanos que originan y acompañan estas marchas. Lo que está sucediendo es la reiteración antisocial de un Desvío de Poder. 

Como asienta la sentencia emitida por el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, el pasado 15 de noviembre, teniendo en cuenta la opinión de distinguidos juristas y resoluciones internacionales de mecanismos de protección de los derechos humanos, se ha caracterizado al desvío de poder como una transformación del aparato estatal, que a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando el poder público para la consecución de intereses particulares, violando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha. Los diversos intentos de estos gobiernos alejados de sus obligaciones como Estado han logrado lo contrario de lo que se proponen, hacer crecer la indignación ciudadana. Frenar la criminalización de la protesta social: es necesario reiterar la lucha por un entorno firme de derechos reconocidos y garantizados que detenga esa obsesión e intento de décadas por criminalizar a quienes disienten.

Habrá que seguir impulsando la reflexión sobre los riesgos y condiciones para las próximas jornadas globales, como ya se ha iniciado para la Acción Global por Ayotzinapa de hoy, en el marco de los 100 años de la entrada de zapatistas y villistas a la ciudad de México, en la que cientos de miles se darán cita en una marcha central a las cuatro de la tarde en la columna del Ángel de la Independencia. Esto nos lleva a exigir a los gobiernos, tanto locales como al federal, ya no más represión. Ellos están obligados a generar todas las condiciones necesarias para que las personas salgan a las calles y les sean garantizados sus derechos a la libertad de expresión y la protesta social pacífica. En un contexto de crisis profunda de derechos humanos no pueden hacer menos. De lo contrario seguirán siendo los primeros responsables de la violencia contra las personas y pueblos que se manifiestan y exigen a una sola voz: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!