En
enero pasado, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuya meta es eliminar
la tasa de fecundidad de las niñas de 10 a 14 años de edad y, en las
adolescentes de 15 a 19 años reducirla en un 50 por ciento para el año
2030.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), en
México existen 22.4 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años; las
mujeres de 15 a 19 años constituyen el grupo de mayor tamaño.
Datos de 2012 refieren que la edad de inicio del ejercicio de la
sexualidad es antes de los 15 años. De las adolescentes de entre 15 y
19 años que tuvieron relaciones sexuales, más de la mitad (51.9 por
ciento) ha estado alguna vez embarazada.
El embarazo en adolescentes es reflejo de inequidades sociales, de
género y justicia, y tiene implicaciones económicas, educativas y de
salud.
Por ello en la Coalición por la Salud de las Mujeres celebramos la
publicación de la ENAPEA y el esfuerzo del gobierno federal en la
identificación de los diversos factores y causas del embarazo en
adolescentes, porque en la medida en que se reconocen, se avanza en la
atención y en el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos de la juventud mexicana.
Por primera vez, contamos con una estrategia que responde al marco de
Derechos Humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos
de las y los adolescentes, y se sitúa en la defensa y promoción del
respeto a la vida sexual y la vida reproductiva con una visión
incluyente y con perspectiva de género.
Es la primera vez que una estrategia identifica a 12 dependencias para
su ejecución, además de la Secretaría de Salud que en el pasado era
casi de manera exclusiva la única instancia responsable de prevenir y
atender el embarazo temprano.
Ahora hay una corresponsabilidad entre el gobierno de la República, las
secretarías de Gobernación (Segob), Desarrollo Social (Sedesol),
Educación Pública (SEP) y de Salud (Ss), con dos grandes pilares: el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de
Población (Conapo).
Además de la participación del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y el Instituto Mexicano de la
Juventud (Imjuve).
Sin duda, la estrategia reúne los aportes de la sociedad civil para la
producción de un documento positivo y propositivo como lo refieren sus
ejes rectores: intersectorialidad, ciudadanía, perspectiva de género,
curso y proyecto de vida, corresponsabilidad, participación juvenil,
investigación y evidencia científica, y evaluación y rendición de
cuentas.
Se trata de una estrategia innovadora que por primera vez considera a
la población de menos de 15 años como población objetivo en materia de
salud sexual y reproductiva. Tan sólo en el Distrito Federal, en 2012,
17.5 por ciento de los nacimientos se dieron en este grupo de edad.
Es la primera vez que se vincula al embarazo en niñas de entre 10 y 14
años con la violencia sexual como una de las dimensiones en que sucede
el embarazo prematuro.
La ENAPEA retoma el espíritu de las políticas mexicanas de los años 90
cuando, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994) se puso en el centro de la
discusión la salud sexual y reproductiva como un elemento primordial
para el desarrollo, y para mejorar la calidad de vida de las personas y
particularmente de las mujeres.
Una de las líneas de acción de mayor relevancia es la inclusión en la
currícula escolar de la educación integral en sexualidad en edades
tempranas.
Reconocemos la ENAPEA como un acierto para atender el embarazo en adolescentes, sin embargo, aún hay retos.
La ENAPEA, con cinco objetivos y 19 líneas de acción estará a cargo de
un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GIPEA), y será coordinada por la Segob.
Sin duda un reto será acordar el compromiso claro de todas las
dependencias en el que su responsabilidad quede manifiesta en acciones
concretas y se replique en los estados.
En este caso, ¿el GIPEA será el responsable de llamar a cuentas a quien
no cumpla? ¿Qué pasará con quien no cumpla? Por ejemplo, aunque la
ENAPEA incluye la educación sexual, ¿cómo se integrará a la SEP y
cuáles serán sus obligaciones?
Asimismo, es un desafío romper con la visión heterocentrista de la
sexualidad de la adolescencia, es decir, implementar una educación
sexual integral que incluya el respeto a las disidencias sexuales.
Por otro lado, si bien hay un grupo responsable de su implementación,
no es posible identificar a qué instancia le corresponde su
financiamiento, ni si cada instancia participante incluirá renglones
para el financiamiento de la estrategia.
En ese mismo sentido, aunque la ENAPEA refiere la importancia de la
rendición de cuentas, tampoco está definido el mecanismo de
transparencia.
Un reto sigue siendo impulsar la participación juvenil, aunque la
estrategia plantea la posibilidad de formar comités juveniles para la
toma de decisiones, no se aterriza su participación para definir cómo
es que se van a desarrollar las acciones.
Si no se garantiza su participación, se trata de estrategias
desarrolladas desde las personas adultas sin la participación de la
población a la cual se quiere beneficiar, requisito de cualquier
política pública democrática.
No se trata de señalar el embarazo en adolescentes como un obstáculo
para realizar el proyecto de vida, sino de respetar los diversos
proyectos de vida. En consonancia, la educación sexual deberá promover
el respeto a la diversidad sexual y cultural.
Las personas operadoras del sistema de salud deben respetar proyectos
de vida distintos, eliminar los prejuicios que pueden permear la
implementación de la estrategia, y pensar a la adolescencia como una
población capaz de tomar decisiones y como actor activo del ejercicio
de sus Derechos Humanos.
Una estrategia integral para la prevención de embarazos tempranos debe
contemplar la atención a la salud sexual y reproductiva que incorpore
la promoción y abastecimiento del condón femenino y masculino, de
pruebas de VIH y la prevención de ésta y otras infecciones de
transmisión sexual (ITS), ya que de éstas, la mitad ocurre en jóvenes
menores de 25 años y cada vez a más mujeres.
Los objetivos planteados en la ENAPEA deben ser vigilados por la
sociedad civil y, sobre todo, incluir a las y los adolescentes en el
monitoreo y verificación de la eficacia de la estrategia colocando a
esta población como sujeta de derechos.
Desde la Coalición, hacemos un llamado a no dar marcha atrás, a
mantener vigente la agenda de desarrollo en la que México ha tenido la
bandera de la integración social. Estaremos atentas a la implementación
de la ENAPEA y a los compromisos asumidos por el GIPEA.
*Cirenia Celestino Ortega es coordinadora de Estrategias de
Comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información
de la Mujer A.C. (CIMAC).
**CIMAC es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red
de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Cirenia Celestino Ortega*
Cimacnoticias | México, DF.-
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