Jorge Carrasco Araizaga
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Osorio y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la lista. Le
siguen el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Los tres hombres más
importantes del Ejecutivo federal son ejemplo de cómo desde el poder se
atenta contra la gobernabilidad democrática.
Las revelaciones periodísticas sobre la manera en que han conseguido sus millonarias casas de la mano de contratistas, van más allá del escándalo y la indignación. Muestran que en México, los hombres del poder público son los primeros en ir en contra del estado de derecho.
En las democracias, el menor asomo de conflicto de interés es causa de la salida de funcionarios, renuncia de legisladores y caída de jueces. Aquí, el jefe de Estado, el responsable del gobierno y la seguridad interior y el encargado de las finanzas del país mostraron que eso es inconcebible en México.
Peña, Videgaray y Osorio son, por ahora, quienes están cuestionados. Pero no hay que buscar mucho para encontrar ejemplos en el Congreso, en el Poder Judicial y en los feudos en que se han convertido los gobiernos estatales. Están en todo el aparato del Estado mexicano.
Una de las características del estado de derecho es que los gobernantes, no sólo los ciudadanos, respeten las leyes.
Acostumbrados a no rendir cuentas, los funcionarios mexicanos siguen usando el poder en beneficio personal y por ello están en permanente conflicto de interés, potencial o real.
Si el Legislativo fuera tal, hace rato que estuviera investigando, y no simulando como ahora, la compra de la llamada Casa Blanca de las Lomas, según la versión oficial, por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera.
En el centro está el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa; pero también Televisa que, según la misma versión oficial, “transfirió” la residencia a su actriz, que ahora cumple el papel de primera dama. El poder formal y el fáctico, entreverados.
Con sus variantes, el esquema es el mismo con Videgaray y con Osorio, quienes además desde el primer día de este gobierno compiten no sólo por presencia en el gobierno, sino en sus aspiraciones presidenciales.
Cuando un gobernante y sus principales funcionarios anteponen sus intereses al respeto de las leyes, el mensaje para el resto de la sociedad es que eso se puede hacer sin que haya consecuencias, como sucede en México.
Cuando las hay, como la salida de David Korenfeld de Conagua por usar un helicóptero para viajes personales, es porque no hay alternativa. Pero si su jefe el presidente hubiera podido, lo habría dejado o cambiado de puesto. Sólo eso explica que no lo haya despedido, sino que a pesar del desgaste político, aguardara a que renunciara.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una organización no gubernamental internacional dedicada a medir el ambiente de negocios en el mundo, acaba de dar a conocer su Índice de Paz México 2015.
Dice que más allá de las acciones gubernamentales contra la delincuencia, el buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción son de los pilares para superar el conflicto y la violencia en México.
Apoyado en los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, que entre otros aspectos miden el estado de derecho respecto de la manera en que el gobierno se relaciona con los contratistas, el IEP muestra que en México la confianza en el gobierno está permanentemente a la baja.
Los Peña, los Osorio, los Videgaray abundan en México. Da lo mismo que sean del PRI, del PAN, el PRD, el Verde o en cuantas siglas se cobijen. El poder, financiado por los impuestos, está, impúdicamente, a su servicio.
Comentarios: @jorgecarrascoa
Las revelaciones periodísticas sobre la manera en que han conseguido sus millonarias casas de la mano de contratistas, van más allá del escándalo y la indignación. Muestran que en México, los hombres del poder público son los primeros en ir en contra del estado de derecho.
En las democracias, el menor asomo de conflicto de interés es causa de la salida de funcionarios, renuncia de legisladores y caída de jueces. Aquí, el jefe de Estado, el responsable del gobierno y la seguridad interior y el encargado de las finanzas del país mostraron que eso es inconcebible en México.
Peña, Videgaray y Osorio son, por ahora, quienes están cuestionados. Pero no hay que buscar mucho para encontrar ejemplos en el Congreso, en el Poder Judicial y en los feudos en que se han convertido los gobiernos estatales. Están en todo el aparato del Estado mexicano.
Una de las características del estado de derecho es que los gobernantes, no sólo los ciudadanos, respeten las leyes.
Acostumbrados a no rendir cuentas, los funcionarios mexicanos siguen usando el poder en beneficio personal y por ello están en permanente conflicto de interés, potencial o real.
Si el Legislativo fuera tal, hace rato que estuviera investigando, y no simulando como ahora, la compra de la llamada Casa Blanca de las Lomas, según la versión oficial, por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera.
En el centro está el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa; pero también Televisa que, según la misma versión oficial, “transfirió” la residencia a su actriz, que ahora cumple el papel de primera dama. El poder formal y el fáctico, entreverados.
Con sus variantes, el esquema es el mismo con Videgaray y con Osorio, quienes además desde el primer día de este gobierno compiten no sólo por presencia en el gobierno, sino en sus aspiraciones presidenciales.
Cuando un gobernante y sus principales funcionarios anteponen sus intereses al respeto de las leyes, el mensaje para el resto de la sociedad es que eso se puede hacer sin que haya consecuencias, como sucede en México.
Cuando las hay, como la salida de David Korenfeld de Conagua por usar un helicóptero para viajes personales, es porque no hay alternativa. Pero si su jefe el presidente hubiera podido, lo habría dejado o cambiado de puesto. Sólo eso explica que no lo haya despedido, sino que a pesar del desgaste político, aguardara a que renunciara.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una organización no gubernamental internacional dedicada a medir el ambiente de negocios en el mundo, acaba de dar a conocer su Índice de Paz México 2015.
Dice que más allá de las acciones gubernamentales contra la delincuencia, el buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción son de los pilares para superar el conflicto y la violencia en México.
Apoyado en los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, que entre otros aspectos miden el estado de derecho respecto de la manera en que el gobierno se relaciona con los contratistas, el IEP muestra que en México la confianza en el gobierno está permanentemente a la baja.
Los Peña, los Osorio, los Videgaray abundan en México. Da lo mismo que sean del PRI, del PAN, el PRD, el Verde o en cuantas siglas se cobijen. El poder, financiado por los impuestos, está, impúdicamente, a su servicio.
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