Cambio en Conagua y fin de Legislatura abren nueva discusión
La
renuncia de David Korenfeld como director general de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y el próximo cierre del último periodo de
ordinario de sesiones de la actual Legislatura (30 de abril), deben
abrir la puerta a que se diseñe una Ley General de Aguas que realmente
garantice el acceso al recurso hídrico para toda la población.
Investigadores y organizaciones civiles demandaron que la elaboración
de la ley –que debe sentar las bases para garantizar el Derecho Humano
(DH) al agua– implique un diálogo nacional amplio, a partir de los
pueblos indígenas, las universidades y las organizaciones sociales,
para evitar un colapso hídrico generalizado, y sentar las bases para un
buen gobierno del agua.
En un comunicado, organizaciones como el Instituto de Derecho Ambiental
y la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida
expresaron que la renuncia de David Korenfeld el pasado 10 de abril
“responde al cuestionamiento ciudadano no sólo del actuar de un
funcionario, sino de una institución sin contrapesos”.
Acusaron que durante la administración de Korenfeld, Conagua favoreció
la contaminación, el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el
derroche y la marginalización hídrica, el deterioro de las cuencas, así
como la corrupción y la impunidad hídrico-ambiental.
En contexto, dijeron, la iniciativa de Ley General de Aguas
(dictaminada en la Cámara de Diputados el pasado 9 marzo) “pretendió
otorgar mayores facultades a la Conagua, y blindarla aún más de la
participación y contraloría legislativa y ciudadana”.
Cabe recordar que las organizaciones civiles lograron detener la
discusión en el pleno de la iniciativa al considerar que su contenido
es violatorio del DH al vital líquido, y, entre otras omisiones, no
estaba diseñada desde una perspectiva de género para eliminar los
problemas que enfrentan las mexicanas para acceder al recurso.
Como parte de los debates se presentó una iniciativa ciudadana de Ley
General de Aguas (que no fue tomada en cuenta por las y los
legisladores durante la dictaminación), con planteamientos distintos
respecto a la iniciativa oficial.
La iniciativa ciudadana considera el agua como “un bien común, de la
nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada por el sector
público y comunitario sin fines de lucro”.
De ser avalada, con ella se daría reconocimiento y prioridad a los
sistemas de agua potable y saneamiento organizados por pueblos,
comunidades o usuarios (lo que la iniciativa de Conagua no plantea);
además de que los sistemas municipales y del DF serían administrados
por consejos compuestos mayoritariamente por representantes
territoriales elegidos en asambleas abiertas, con controles para
garantizar equidad, eficacia y transparencia.
Entre otras cosas, se reconocerían prioritariamente los derechos y
sistemas de agua de los pueblos indígenas y originarios, y se
realizarían obras y acciones para restaurar sus fuentes históricas y
para fortalecer su gestión de las zonas proveedoras de agua.
Diputados federales por los partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)
coincidieron ayer en que no se generaron los “consensos suficientes”
para la discusión de la Ley General de Aguas.
Así, la eventual aprobación de la iniciativa no fue incluida como un
tema de la agenda prioritaria que se discutirá en la Cámara baja antes
de que termine su último periodo de sesiones, abriendo la puerta a que
la nueva Ley de Aguas sea diseñada por las y los diputados de la futura
Legislatura en septiembre próximo.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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