Lucila Hernández, jornalera del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), pidió la intervención de diputadas y diputados federales para que se evite el acoso sexual contra sus compañeras y garantizar que las trabajadoras embarazadas o con enfermedades graves, como cáncer, gocen de servicios de salud de calidad.
Tras días de movilizaciones en defensa de sus derechos laborales, primero en los campos agrícolas de Ensenada (BC) y luego en toda la entidad, las y los jornaleros de San Quintín decidieron viajar a esta capital y acudir a instancias federales para denunciar las condiciones de explotación y violación a sus Derechos Humanos (DH) que padecen.
Con la comitiva de 15 representantes jornaleros viajó Lucila Hernández, indígena mixteca de unos 40 años de edad, que explicó a integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a funcionarios federales los múltiples abusos laborales y contra sus DH que enfrentan en particular las trabajadoras del Valle de San Quintín.
“Esta vez no venimos a hablar únicamente del aumento de salario o del precio de la fresa y el tomate, venimos en nombre de las jornaleras y jornaleros de todo el país que enfrentan lo mismo que nosotros”, explicaron a Cimacnoticias los representantes del movimiento.
La jornalera y sus compañeros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social detallaron ayer durante una jornada maratónica de todo el día que las trabajadoras, sin importar su edad, están expuestas a los abusos y acosos sexuales por parte de los “mayordomos” que las supervisan en los campos agrícolas.
Denunciaron que el gobierno de BC antepone las necesidades de empresarios estadounidenses a la de los miles de trabajadores del campo que reciben salarios precarios, están expuestos a pesticidas y productos químicos, y no gozan de ningún derecho que mandata la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Lucila Hernández declaró ante diputados que las 80 mil personas que trabajan los campos agrícolas en Ensenada cuentan con los derechos de maternidad establecidos en la LFT, por lo que pidió que se brinde atención médica a las jornaleras que padecen cáncer (provocado por los productos químicos con los que trabajan) o presentan embarazos.
También demandó el derecho de las jornaleras a vivir una vida libre de violencia, en especial libres de abusos y acoso sexual.
Las jornaleras y jornaleros lograron el respaldo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y un pronunciamiento a su favor por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
También se concretó el compromiso de que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, de asistir en persona a BC para sostener el próximo 24 de abril una reunión con el movimiento de las y los jornaleros.
A la reunión también asistirán funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, eventualmente, el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid.
Para hoy se preveía que la comitiva del movimiento jornalero llegara al Senado, para demandar la atención del gobierno federal frente a una problemática que padecen las y los trabajadores desde hace más de 30 años.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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