El gobierno tiene la culpa

Samuel Schmidt

schmidt@mexico.com

Escuchaba en la radio que una persona en Estados Unidos responsabilizaba al gobierno por sufrir de daño cerebral, entendí que esa condición la adquirió luchando en una de las guerras en que se ha enfrascado ese país y aunque han enfrentado el problema de Viet Nam, de donde regresaron a los soldados sin apoyo, al parecer la ciencia médica ha descubierto daños que antes no se conocían.

Me pareció en un principio que el argumento podía ser controversial, pero luego caí en cuenta que tenía toda la razón, independientemente de que haya ido a la guerra como voluntario, o del gobierno que decidió entrar a esa guerra, la atención al daño provocado a un ciudadano es responsabilidad de quién este en el gobierno, aún dándose el caso de que el gobierno actual o los gobernantes en funciones se hayan opuesto a la guerra.

Las fuertes críticas que surgieron hace poco contra la mala calidad de los servicios para los veteranos se basan justamente en este criterio. Aquellos que sirvieron en las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen el derecho a la atención del gobierno, trátese del que se trate.

Trasladado el análisis a México me encontré que usualmente los políticos buscan eximir su responsabilidad culpando los actos sobre el pasado. En el caso de las mujeres asesinadas de Juárez, los políticos han intentado despojarse de la responsabilidad. Los panistas estando en el poder ignoraron el tema intentando culpar a las víctimas, en ese caso el gobierno falló desde el principio; un ex jefe de la policía de ese entonces me comentó que el tema ni siquiera aparecía en su agenda de gobierno. Los gobiernos que siguieron se negaban a asumir responsabilidad.

Los priistas tendían a sostener que eso sucedió antes que ellos llegaran. El problema es que el que se fue, no tiene ni los instrumentos ni la autoridad para atender el problema, aún en el caso en que tuviera el interés de hacerlo, y los que llegaron tienen la obligación de atenderlo, haya sido cuando haya sido. Este es el mensaje clarísimo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: el tiempo no disculpa a los gobiernos por el ultraje contra los ciudadanos. Y contrario a lo que piensan los políticos el tiempo no cura los agravios contra la sociedad. Uno de los argumentos para otorgar asilo político consiste en discutir si el gobierno no puede o no quiere proteger a los ciudadanos, ambos factores tienen el mismo peso jurídico; es así como la negligencia gubernamental no puede disculpar a los que se fueron, ni justificar la inacción de los que están en el puesto.

Este tipo de justificación nos ha traído a un punto de gran cinismo de los políticos.

 Tomemos como ejemplo a Francisco Barrio, acusado de conexiones con el crimen organizado, acusado de pésimos manejos financieros en el gobierno, hizo una gestión de evidente ineficacia como zar anti corrupción, y lo más grave, es que se asocio con su hermano para hacer una gran fortuna desde el poder, pero ahora brama contra los políticos del PRI acusándolos de corruptos. Y está muy en su derecho de bramar contra quien quiera, la pregunta es si tiene la autoridad moral para hacerlo. Aunque claro está que los bramidos de los políticos anima a sentarlos a todos en el banquillo de los acusados, pero como entre ellos tapan sus trapacerías, nada sucede, mientras la sociedad ve pasar la boñiga volar entre lo partidos políticos. El PRI acusa al PAN de que sus diputados exigían moches por los recursos nacionales que etiquetaban para los municipios y el PAN acusa al PRI de malos manejos financieros del gobernador de Chihuahua. 

Hay gobernantes que tienden a pensar que lo que no fue en su año no fue en su daño, pero deben entender que por el solo hecho de estar en el poder, adquieren responsabilidad de los males que causaron otros antes que ellos y por lo tanto tienen la obligación de remediar las cosas, e idealmente, abstenerse de causar males mayores que se tengan que atender en el futuro. 

Las cortes internacionales han empezado a abrir las tapas de la ignominia mexicana, se está ventilando el costo social de la guerra sucia de los 70s y gracias a los observadores internacionales (ONU) las voces de las víctimas se hace oír. Atender este clamor de justicia es responsabilidad de todos los políticos, sin que haya justificación alguna para que se evadan.

Sería bueno que se creara una comisión de la verdad para los abusos del pasado, pero de forma urgente, crear instancias ciudadanas para frenar los abusos del presente.