Incongruencia presidencial

Serpientes y Escaleras

Salvador García Soto

(Foto: ESPECIAL)

El mismo día que el presidente Enrique Peña Nieto afirmaba en Los Pinos que “la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas son una conquista social irrenunciable” en México, la mayoría de consejeros del INE decidían bajar del aire un spot de campaña del PAN en el que se critica, precisamente, al Presidente, por llevar 200 invitados a su reciente viaje a Londres. La incongruencia es que el manotazo del INE, convertido por las leyes electorales en el nuevo órgano de la censura en el país, fue dado a petición del mismo Peña Nieto, que a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, se quejó porque no le gustó la crítica panista y se dijo “calumniado”. 

¿Dónde está la calumnia si se critica solamente una comitiva que desde que se realizó el viaje, el pasado mes de marzo, fue cuestionada por parecer un exceso, pues entre las 200 personas iban incluso las hijas del Presidente y de su esposa? Parece que el Presidente y su consejero jurídico, o incluso el PRI, que antes de Los Pinos se había quejado de este spot, confunden la crítica con la calumnia. ¿Cómo es posible que el mismo miércoles que se censuraba ese spot, a pedido de la Presidencia de la República, el Presidente estuviera diciendo en un acto público que “la comunicación que se ejerce en el país se sustenta en la libertad de expresión y el derecho a la información”? 

¿Acaso no merecen saber los mexicanos por qué, en tiempos de la crisis que golpea la economía de todas las familias mexicanas y cuando su gobierno habla de “austeridad”, de recortes al presupuesto y “de hacer más con menos”, él decidió llevar a toda su familia —ataviadas además sus hijas y esposa con vestidos de más de 100 mil pesos— y a 200 invitados con cargo al erario a Londres? 

Hablar de libertad de expresión es muy fácil y políticamente correcto en un discurso para un auditorio a modo; pero respetarla en los hechos, aceptar las opiniones críticas de los mexicanos, así provengan de sus opositores políticos, es otra cosa. Un poco de congruencia, señor Presidente. 

NOTAS INDISCRETAS… Mientras el SAE se prepara para cerrar este viernes la compra de las bases a empresas e inversionistas interesados en comprar los 9 ingenios que se venderán en subasta pública, cuyo fallo se dará a conocer públicamente el próximo 12 de junio, trascendió que ya son varios los grupos de inversionistas, tanto nacionales como algunos extranjeros, que se apuntan para participar en la puja por los cinco portafolios en que fueron divididas las nueve plantas azucareras propiedad del gobierno federal desde la expropiación de 2001. Y mientras el proceso de privatización avanza, los abogados tanto del SAE, como del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, trabajan en cerrar todo resquicio legal que pueda afectar la venta iniciada por el gobierno. El tema que más les preocupa es el del empresario Enrique Molina, cuyo grupo CAZE fue el más afectado con la expropiación de los 9 ingenios en venta. Aunque el pasado 22 de enero un Tribunal Colegiado administrativo le negó en definitiva el amparo a Molina y autorizó la venta, los abogados del gobierno saben que el empresario refresquero no se ha quedado de brazos cruzados y ha interpuesto al menos dos recursos más buscando frenar la privatización y obligar a la Federación a que le devuelvan sus plantas. Pero además hay otros amparos interpuestos y algunos más en curso, como el que pesa sobre los terrenos en que se encuentra el ingenio Plan de Ayala, a favor del particular Raúl Martínez Quiroz. Recientemente Quiroz fue recibido por funcionarios de la Secretaría de Agricultura en busca de un arreglo para que le paguen sus derechos, pero ahí el director de FEESA, Carlos Rello, aseguró que no podían pagarle nada porque no había ningún embargo pendiente en el ingenio y que todos habían sido atendidos y resueltos por el fideicomiso responsable. Sin embargo un certificado de Libertad de Gravamen expedido por el Instituto Registral de SLP, en Ciudad Valles, con fecha 7 de abril de 2015, señala que la propiedad del ingenio Plan de Ayala se encuentra “embargada a favor del licenciado Raúl Martínez Quiroz. Derivado del juicio mercantil expediente número 164/2001, del Juzgado Mixto de Primera Instancia”. Es decir que el embargo sí está vigente y ello daría derechos al citado particular incluso para ampararse en contra de la venta del ingenio que ya inició el SAE. Veremos en qué para el asunto y si los líos legales, tanto los grandes como los pequeños, no enturbian u obstaculizan la privatización de ingenios ya en marcha… Giran los dados. ¿Serpiente o Escalera?

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