Foto de illustrate Digital Ug: .-Ciudad de México.-
Cada día mueren mil niñas y niños en el mundo a causa de la escasez de
agua, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), quien advirtió que el cambio climático no es neutral, pues
impacta de manera desproporcionada a las mujeres e infancias.
Actualmente,
uno de cada tres menores, es decir, 739 millones en todo el mundo,
vive en zonas con escasez de agua elevada o muy elevada, y el cambio
climático amenaza con agudizar aún más esta situación. En las últimas
dos décadas, la disponibilidad de agua dulce por persona se redujo en un
20 por ciento. A la par, la calidad de este recurso se deteriora
rápidamente debido al uso inadecuado, la sobreexplotación de acuíferos,
la falta de gestión coordinada, la contaminación y el calentamiento
global.
A pesar de la gravedad de la crisis hídrica, la niñez ha
sido relegada en los debates sobre el cambio climático. Prueba de ello
es que solo el 2,4 por ciento de la financiación climática proveniente
de los principales fondos multilaterales contempla proyectos con
actividades específicas dirigidas a la infancia.
Mujeres, principales recolectoras del agua
La
crisis hídrica también profundiza las desigualdades de género. La
Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación (UNCCD) señala que en todas las regiones son las mujeres
quienes cargan con mayor responsabilidad en las labores de cuidado.
Además,
la sequía y la degradación de la tierra aumentan el trabajo doméstico y
no remunerado que recae sobre ellas, situación que se agravó con la
pandemia de COVID-19.
Paralelamente la UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), comentan que nivel global, las mujeres y
niñas mayores de 15 años son las encargadas de recolectar agua en 7 de
cada 10 hogares, frente a 3 de cada 10 en los que lo hacen hombres.
Entre la niñez menor de 15 años, las niñas (7%) también tienen más
probabilidades que los niños (4%) de cumplir con esta tarea.
En la
mayoría de los casos, los trayectos para acarrear agua son largos y
extenuantes, lo que les impide dedicar ese tiempo a la educación, el
empleo o el ocio. Además, estos recorridos las exponen a riesgos
físicos, agresiones y otras formas de violencia.
El informe de
UNICEF destaca también que más de 500 millones de personas en el mundo
dependen de instalaciones de saneamiento compartidas con otros hogares,
lo que vulnera la intimidad, dignidad y seguridad de mujeres y niñas. En
contextos donde los baños son colectivos, ellas enfrentan con mayor
frecuencia episodios de inseguridad al desplazarse solas por la noche,
además de una mayor exposición al acoso sexual y otros riesgos.
Salud y alimentación en riesgo
La
sequía y la degradación de las tierras no solo reducen la
disponibilidad de agua, también provocan escasez alimentaria dentro de
los hogares. En muchas familias, las mujeres tienden a comer menos o
incluso a saltarse comidas para que otros integrantes puedan
alimentarse, lo que genera problemas de salud como dolores estomacales,
vómitos, debilidad, diarrea y malnutrición. Esta situación, advierte el
informe, está vinculada con un aumento en los abortos espontáneos y con
mayores tasas de mortalidad materna e infantil.
El transporte de
agua tiene igualmente efectos negativos sobre la salud de mujeres de
todas las edades, especialmente entre jóvenes, niñas y mujeres
embarazadas. Los métodos de acarreo imponen cargas físicas que pueden
derivar en trastornos musculoesqueléticos y discapacidades.
La
falta de acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene
también incrementa los riesgos para la salud de mujeres y niñas, en
particular en lo relacionado con la gestión menstrual. En 51 países con
datos disponibles, las mujeres y adolescentes de hogares más pobres y
aquellas con discapacidad tienen más probabilidades de no contar con un
espacio privado para lavarse y cambiarse de manera segura.
Mujeres subrepresentadas en toma de decisiones
Aunado
a esta situación, las agricultoras, empresarias y organizaciones de
mujeres continúan estando subrepresentadas en las principales
iniciativas, programas y procesos normativos relacionados con la
restauración de tierras. Esta exclusión se refleja en las limitaciones
que enfrentan para acceder a espacios de toma de decisiones, así como en
las desigualdades estructurales, leyes y prácticas discriminatorias que
restringen su acceso al financiamiento.
En los últimos años se
han implementado medidas para revertir esta situación a través de los
mecanismos multilaterales de financiación medioambiental. Estos
instrumentos han establecido como requisito la realización de un
análisis de género durante el diseño de los proyectos, con el fin de
garantizar que las políticas incorporen de manera más sólida la
perspectiva de género tanto en la planeación como en la ejecución.
No
obstante, estas medidas aún resultan insuficientes para alcanzar
transformaciones institucionales de fondo, por eso es necesario reforzar
los esfuerzos a escala nacional mediante reformas estructurales y
acciones inclusivas que aseguren una mayor participación de las mujeres,
la protección efectiva de sus derechos y un acceso equitativo a la
financiación destinada a enfrentar la crisis climática.
Aparna
Khuntia, una de las socias voluntarias para asegurar el acceso al agua,
prueba el agua potable de calidad de un grifo en una vivienda de una
barriada popular de Bhubaneswar, la capital del estado de Odisha, en el
este de India. Imagen: Manipadma Jena / IPS
BHUBANESWAR, India – «Las disputas diarias en el único punto de
agua de los barrios marginales de Bhubaneswar, donde cientos de hogares
dependían de esta única fuente de agua no potable, quedaron en el
pasado», dice Aparna Khuntia, integrante de una legión de voluntarias
que contriueron a que cada hogar de esta ciudad del este de India
disponga ahora de agua potable corriente, las 24 hora del día.
No es poca cosa, si se tiene en cuenta que la capital del estado
oriental de Odisha está inundada por una ola de migrantes del campo a la
ciudad. De los 8,86 millones de hogares rurales de Odisha, uno de cada
tres tiene un emigrante, según datos del gobierno.
De ellos, 70 % se traslada dentro del Estado, la mayoría a la capital, en explosivo desarrollo.
Los recién llegados a la ciudad pueden montar un refugio con carteles
publicitarios desechados y unos cuantos palos de bambú, pero el acceso
al agua, por no hablar del agua potable, sigue siendo un gran problema.
«Incluso los barrios marginales reconocidos por el gobierno, como
nuestra colonia en 2019, solo disponían de dos horas de suministro de
agua al día. Las familias numerosas que no podían almacenar suficiente
se enfrentaban a dificultades incalculables. Muchos tenían que pagar por
un camión cisterna cada dos días. Las conexiones ilegales de agua eran
rampantes, lo que se traducía en enormes pérdidas de ingresos para el
gobierno», dijo Khuntia, de 36 años, a IPS.
En 2030, 2000 millones de personas seguirán viviendo sin agua potable
«El ecuador de nuestro viaje hacia 2030 ha pasado. El mundo está en camino de alcanzar solo 17 » de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», revela el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estado de cumplimiento de los ODS en 2024.
El ODS 6,
centrado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua llimpia y el saneamiento para todos, reveló que entre 2015 y 2022,
la proporción de la población mundial que utiliza agua potable
gestionada de forma segura aumentó de 69 a 73 %, según el informe.
Aunque ahora más personas acceden al agua potable, en 2022, 2200
millones seguían sin disfrutar de este derecho humano básico. Alcanzar
la cobertura universal en 2030 requerirá multiplicar por seis las tasas
actuales de avance en materia de agua potable gestionada de forma
segura, advierte el informe.
En 2022, según la ONU, aproximadamente la mitad de la población
mundial sufría una grave escasez de agua durante al menos una parte del
año. Una cuarta parte se enfrentaba a niveles «extremadamente altos» de
estrés hídrico.
Situaciones de este tipo se viven en este verano boreal extremo de
2024 en los mayores centros económicos de India: Bangalore y Delhi.
El cambio climático agrava estos problemas. La agencia de
calificación Moody’s advirtió en junio sobre que la escasez de agua
podría afectar al futuro crecimiento económico de India.
Aun así, según el informe,
93,3 % de la población india utiliza ya al menos los servicios básicos
de agua potable, que la ONU califica de «moderadamente mejorables».
Las mujeres: las mayores beneficiarias y las mayores gestoras
Para seguir avanzando en el ODS 6, en 2020 el estado de Odisha puso
en marcha la «Misión Beber del Grifo» para dispensar agua potable de
calidad certificada las 24 horas del día, los siete días de la semana,
desde las tuberías instaladas en cada hogar urbano.
Con ese fin creó el grupo de mujeres voluntarias del agua. nombradas como Jal Sathi
o colaboradoras del agua, fueron rigurosamente seleccionadas entre los
grupos de autoayuda locales, formadas y ddeterminadas a marcar la
diferencia.
Y bien que han marcado esa diferencia.
El departamento gubernamental de Vivienda y Desarrollo Urbano
«aumentó la recaudación de las tarifas del agua en torno a 90 %», afirmó
Khuntia. Como representantes de la colaboración comunitaria en la
gestión del agua urbana, son las principales interesadas en una
iniciativa novedosa.
Un funcionario clave del gobierno, G Mathi Vathanan, que en su día
dirigió la empresa estatal Water Corporation of Odisha (Walto, en
inglés), encargada de la misión del agua para todos del gobierno
regional, llegó incluso a escribir un libro sobre las voluntarias, a las
que atribuye gran parte del éxito de la iniciativa.
«Las mujeres de los grupos de autoayuda son las que lograron hacer
realidad el objetivo de llevar el agua a la puerta de cada hogar. El
éxito de la misión se debió a (su capacidad para) fomentar la confianza
de la gente en el gobierno», afirmó.
El servicio que estas voluntarias prestaron y prestan a los hogares
minimizó la diarrea, la ictericia y la mala salud intestinal que
asolaban a los pobres, especialmente a los niños.
El Informe sobre Desarrollo Sostenible 2024
de la ONU sitúa a India en el puesto 109 de 166 en cuanto a avances en
los ODS, lo que indica una «puntuación moderadamente mejorable» pero
«insuficiente para alcanzar las metas».
El gobierno federal indio está estudiando replicar el exitoso Plan de Agua Pura de Odisha en otros estados.
Las gestoras del agua ayudaron a otras mujeres cabeza de familia
llevándoles agua potable y para cocinar a la puerta de sus casas,
eliminando la desproporcionada carga que supone el acceso al agua para
muchas mujeres en la India, un país con más de 1400 millones de
habitantes y desde 2023 el más poblado del mundo.
Un día de trabajo en la vida de una promotora del agua
Cada voluntaria se ocupa de 1200 hogares designados, tanto en sus
propias viviendas como en hogares de mayor categoría. Esta familiaridad
le da una ventaja con sus clientes, de confianza, de franqueza en las
interacciones que la ayudan a conseguir lo que el personal del gobierno
no puede.
Todos los meses visita a los hogares asignados, lee el contador de
agua instalado, genera la factura y, a menudo, también cobra. Pero a los
que no pueden pagar, la socia del agua les visita una y otra vez,
insistiéndoles y engatusándoles para que paguen.
«Les instamos a no malgastar un bien tan preciado como el agua, y a
los que tardaron en contratar una nueva conexión les convencimos para
que lo hicieran», explicó Khuntia.
Con los contadores de agua instalados y los pagos obligatorios, los
hogares tienden a no malgastar el agua. En los barrios marginales, las
facturas no solían superar las 50 o 65 rupias (menos de un dólar), un
monto asequible incluso para los más pobres.
«Así que esta misión del agua potable del grifo fue una victoria
tanto para el gobierno como para los consumidores», dijo a IPS Khuntia,
madre de dos hijos. También garantiza ciudades y comunidades sostenibles
según el ODS 11. Los ingresos obtenidos por el gobierno regional
garantizan el mantenimiento de las infraestructuras hídricas.
Khuntia explicó que a pedido de los usuarios se analizó el agua del
grifo con equipos que llevaban consigo. También informaban de problemas
relacionados con el agua y de fugas en las tuberías que comprometían la
pureza del agua al personal de mantenimiento del gobierno, que acudía
inmediatamente.
«Antes, la gente rara vez llamaba al personal si notaba daños en las
tuberías; a veces era deliberado, por robo de agua. Pero como visitamos a
las familias a menudo y se sienten cómodas con nosotros, recibimos esta
información muy rápidamente», añadió.
La meta 6-1 del ODS 6 determina para 2030 el acceso universal y
equitativo al agua potable segura y asequible para todos. La misión
«Beber del grifo» es una iniciativa para lograrlo.
Según la Watco, en marzo de 2023, 4,5 millones de residentes urbanos
de 29 organismos locales urbanos de los 115 que hay en el estado de
Odisha tendrían ya acceso a los servicios de agua potable del grifo o
estarán en condiciones de hacerlo.
Con este plan no solo se garantiza la equidad en el suministro de
agua, sino también la sostenibilidad mediante la instalación de
contadores de agua en todas las tuberías domésticas. Como los hogares
pagan por el agua, tienden a no derrocharla.
Sin embargo, tras cuatro años de servicio, estas voluntarias han
exigido un mejor reconocimiento pecuniario por sus servicios. Lo que
reciben ahora equivale a 5 % del total de su recaudación como incentivo,
100 rupias si inscriben a un nuevo cliente para una conexión de agua y
una bicicleta.
Aparna Khuntia dijo a IPS que dedica cuatro horas al día a este
trabajo, mientras que sus ingresos mensuales se aproximan a las
5000-7000 rupias (60-84 dólares).
Gran parte de esos ingresos los destina a complementar los de su
marido, que gana 15 000 rupias (180 dólares) manejando un vehículo
rickshaw de tres ruedas, para sufragar los gastos del hogar, incluido el
alquiler de una habitación. «Lo que sobra se gasta durante los
festivales o cuando visitamos a parientes en el pueblo», detalló.
«Con el cambio de gobierno en las elecciones de junio de este año, el
nuevo gobierno de Odisha está reorganizando todo el sistema de grupos
de autoayuda de mujeres. Las Jaal Sathis posiblemente
recibiremos una nueva designación, pero el programa, que ha tenido mucho
éxito, continuará», dijo a IPS el director de operaciones de Watco,
Sarat Chandra Mishra.
Unicef.- Ciudad
de México.- La coalición ecofeminista «Todas X el Agua», en el
municipio de Ecatepec, en el estado de México, son una colectiva que
busca visibilizar los impactos que tiene la escasez del agua en Ecatepec
en la vida de las mujeres y disidencias y son ellas mismas quienes a
través de su causa fueron víctimas de una agresión policial.
Los
hechos acontecieron el pasado 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua,
la colectiva realizó una acción performática proyectando frases sobre el
edificio Mmunicipal de Ecatepec de Morelos, estado de México para
visibilizar la escasez del agua que vivimos las personas habitantes en
el municipio y al finalizar:
«Policías
y funcionarios públicos del municipio nos intimidaron, encapsularon,
golpearon e intentaron detenernos alrededor de las 9 de la noche. Ante
esa represión policial que vivimos decidimos manifestar nuestro derecho
al agua y lanzamos nuestro primer boletín de prensa», señaló.
«Por
eso, dijimos, es importante hacer una coalición que se llame Todas X El
Agua, porque todas somos sujetos de derecho, por supuesto. Además, las
disidencias, creemos que es importante que se visibilice el problema,
pero, desde una perspectiva de género, interseccional», señaló Fernanda.
A
nivel mundial, un total de mil 800 millones de personas viven en sus
casas sin instalación de agua. Esta situación afecta principalmente a
mujeres y niñas mayores de 15 años, quienes son las encargadas de
recoger agua en siete de cada 10 hogares, frente a tres de cada 10
domicilios en el caso de los hombres: así lo dio a conocer el informe Progresos en relación con el agua potable, el saneamiento y la higiene (ASH) 2000-2022,
realizado en conjunto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esta
problemática es una realidad en muchos países, la cual está impidiendo
que las niñas y mujeres alcancen su potencial y además compromete su
bienestar.
En la actualidad, en torno a dos mil 200 millones de
personas, una de cada cuatro todavía carece de servicios de agua potable
gestionados sin riesgos en el hogar. Mientras que, al hablar de tres
mil 400 millones de personas, dos de cada cinco no tienen acceso a
servicios de saneamiento gestionados sin riesgos. En torno a dos
millones de personas, una de cada cuatro no puede lavarse las manos con
agua y jabón en el hogar.
Esta serie de afectaciones lleva a que
las mujeres limiten sus posibilidades de finalizar su educación o
encontrar un empleo, siendo relegadas al hogar y a la recolección de
agua, vulnerando así sus derechos.
La sobrecarga
de trabajo de cuidados para las mujeres que supone la falta o escasez
del agua en el estado de México, municipio de Ecatepec, ha traído
consigo la conformación de una reciente coalición de colectivas que
luchan por visibilizar que la pobre distribución del vital líquido ha
traído consecuencias funestas para las mujeres en esa demarcación.
«Decidimos
sumar esfuerzos ya que la afectación ante el desabasto y escasez del
agua es un tema muy importante en nuestro municipio», señaló Fernanda
quien explica que la coalición se integra por los grupos de, Las Sabinas
que trabajan en Naucalpan y en Ecatepec y, el Banco que trabaja en San
Agustín.
Cuando se reunieron para el performance se
percataron que las experiencias, tanto de ellas en primera persona, como
de otras mujeres, «es muy dura». Y que precisamente son las mujeres,
las que están siendo las más afectadas por este fenómeno que está
ocurriendo en su comunidad.
Ya desde la reciente pandemia, se
habían percatado que la falta de agua conjuntada con la sobrecarga del
trabajo de cuidados para las mujeres, suponía un sobre esfuerzo y
cansancio extremo para las mujeres, sumado a su larga lista de labores,
el tener que organizar la entrega de agua por parte de las pipas, el
desvelarse teniendo que esperar el famoso goteo para ver si podían
llenar un poco su cisterna y no descuidar a familiares.
Ecatepec enfrenta cuatro problemáticas que no se han podido resolver con el paso de los años:
Brindarle mantenimiento a la infraestructura, ya que han pasado más de 40 años sin cumplir con este deber.
Es sabido que el Sistema Cutzamala, muestra desabasto debido a la sequía y al cambio climático.
El
huachicoleo del agua, en el que, ante la escasez del vital líquido
surgieron intermediarios a partir del 2019, ante dicha situación, los
sobreprecios que se pagan por el agua resultan onerosos para las
familias.
Existe también un, cuarto factor disruptivo en la
crisis hídrica del municipio de Ecatepec, ya que aunque recientemente se
perforaron 5 pozos de agua, los resultados de ese esfuerzo, no se han
visto reflejados en población, al menos, eso es lo que refieren las
activistas. Que la misma gente no se explica el porque de esta acción
que no rendido frutos visibles en la comunidad.
La vía de las mujeres
Ellas
desde su causa, han decidido realizar un círculo de mujeres para
recabar toda la información de lo que pasa con las mujeres de la entidad
en esta sobrecarga de responsabilidades y, de afectación directa a la
canasta básica de sus familias, ya que se ha llegado a un punto en el
que tienen que decidir si cubrir el gasto alimentario o pagar por el
vital líquido.
De La Coalición surgida apenas hace un mes se
redactará un manifiesto político para hacer patente las necesidades de
su municipio. Y otra labor que realizarán es la de enseñarle a las amas
de casa sistemas ecotecnológicos que les permitan almacenar el agua de
lluvia, así, como eficientar el uso del agua.
Entre otras acciones
que realizarán también estan las de gestión, de inicio ya han levantado
una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado
de México, pero también, interpondrán un amparo para que el gobierno del
estado de México, cumpla con la definición de la sentencia del pasado
mes de noviembre en la que la se tendrá que destinar una parte del
presupuesto para dar mantenimiento a la infraestructura ante la escasez
hídrica de su entidad.
Son precisamente las mujeres quienes tienen
que desvelarse no solo para esperar el agua, sino para cuidar a sus
vecinas, porque el estar despiertas y solas en la calle a altas horas de
la noche, incide en su vulnerabilidad, además de su salud.
«Las
organizaciones surgen porque para que te surtan agua gratuita tiene que
haber una agrupación vecinal que se ponga de acuerdo para gestionar la
entrega de agua, o sea, para que tú tengas agua tienes que entrarle a
una agrupación vecinal e imagínate el tiempo que lleva todo ese
proceso», razonó.
«El agua nos llega directamente del Ayuntamiento
pero solo pueden conseguirla en algunos polígonos del sector mediante
estas agrupaciones. Sin embargo, para las menos afortunadas, conseguir
el recurso del agua significa pagarlo a precios exhorbitantes», reveló.
El
servicio de agua que se paga vía los impuestos es de un costo
aproximado de 2 mil pesos al año, pero hay regiones del estado de
México, como el municipio de Tlalnepantla en donde se pagan 3 mil pesos
bimestrales, es una asimetría discordante.
Un cálculo aproximado
para una familia de cuatro personas, es llenar 2 veces la cisterna a la
semana, lo que se traduce en un gasto de hasta cuatro mil pesos, ya que
el precio de cada pipa, es de mil pesos aproximadamente. Y, es un
recurso indispensable.
Como bien explica Fernanda, en algunas
regiones del municipio de Ecatepec el agua no les llega y, sin la
capacidad de organización para pedir las pipas, tienen que pagar el agua
a a sobreprecios, ya que para un presupuesto de una familia de clase
media, son gastos que quebrantan la economía de las mujeres.
Ante las problemáticas multifactoriales, La Coalición Todas X El Agua,
tomó la determinación de centrarse en las causas de las mujeres para
visibilizar una problemática dura y riesgosa que es la que les está
tocando vivir.
Simita
Devi, cuya hija pasó 10 días en el hospital hace un año, aquejada de
fiebre tifoidea causada por el agua contaminada, recolecta agua limpia
que una bomba solar lleva a la superficie de su propia vivienda en la
remota aldea de Champad, en el noreste de India. Imagen: Umar Manzoor
Shah / IPS
CHAMPAD, India – Hace un año, Simita Devi pasó más de 10 días en
un hospital público indio cuidando con ansiedad a su hija de nueve años,
Gudiya, a quien le diagnosticaron fiebre tifoidea. La niña estaba tan
enferma que incluso entró en coma durante un día. El personal médico que
la atendió dijo que había contraído la enfermedad por beber agua
contaminada.
Tras recibir el alta, la principal preocupación de Devi era conseguir
agua potable para que Gudiya no recayese, después que le aconsejaron
que no consumiera agua de pozos del pueblo ni de fuentes no analizadas,
como arroyos o manantiales.
Devi es de Champad, una aldea tribal del estado de Jharkhand, en el
noreste de India, y trabaja como jornalera junto a su marido. Con unos
ingresos muy limitados, Devi no podía permitirse comprar agua potable
envasada para su hija.
Decidió entonces hervir el agua con leña para hacerla potable. Pero
para conseguir la leña, tenía que caminar por los traicioneros terrenos
de los bosques cercanos, una labor larga y difícil en la que acechaba el
miedo a los animales salvajes.
No era Devi la única afectada por el agua contaminada, mucha gente
caía enferma en la aldea, y sus pobladores sentían que no podían hacer
nada al respecto.
Registros oficiales indican que 80 % del agua potable de las zonas
rurales de la India procede de fuentes subterráneas. Un tercio de los
600 distritos de India no dispone de agua potable segura porque las
concentraciones de flúor, hierro, salinidad y arsénico superan los
niveles de tolerancia.
Eso coloca a la calidad del agua de India como mala, ocupando el puesto 120 de 122 países estudiados.
Los expertos creen que la fuente de estos metales pesados son los
residuos industriales que se vierten sin tratar en los sistemas hídricos
y los nitratos que afloran a la superficie debido al uso excesivo y
prolongado de fertilizantes.
El gobierno nacional calcula que cada año mueren en el país más de 100 000 personas por enfermedades transmitidas por el agua.
Champad, habitado por una comunidad tribal, cuenta con 105 familias
según el censo de 2011. Hasta 2022, la comunidad dependía únicamente de
dos pozos entubados como fuente de agua potable.
Pero estos pozos entubados solían funcionar mal, por lo que los
habitantes no tenían más remedio que ir a buscar agua a un río, un
manantial o un estanque cercanos.
Como consecuencia, aumentaban las enfermedades transmitidas por el
agua, que afectaban especialmente a la salud de mujeres y niños. Además,
la necesidad de recorrer largas distancias para obtener agua potable
había incrementado la carga de trabajo de las mujeres.
Perturbados por la amenaza de las enfermedades transmitidas por el
agua, los habitantes del pueblo se reunieron al comenzar este año para
intentar encontrar una solución.
Inicialmente acudieron a los políticos locales en busca de ayuda. Luego se dirigieron a las oficinas gubernamentales.
“No pasó nada, absolutamente nada. Prácticamente nos dejaron tirados.
Excepto Dios, nadie está ahí para ayudarnos. A veces nos decían que
esperáramos y otras que no había fondos públicos. Pero nos moríamos poco
a poco. Nuestros hijos estaban sufriendo ante nuestros propios ojos”,
dijo a IPS Ram Singh, un poblador de Champad.
Los
paneles solares en la torre de agua se han traducido desde febrero en
agua limpia para los habitantes de Champad, una aldea tribal en el
estado de Jharkhand, en el noreste de India. Imagen: Umar Manzoor Shah /
IPS
También a principios del año, un equipo de una organización no
gubernamental que trabaja para mejorar las zonas rurales de la India
visitó el pueblo para evaluar las dificultades de sus habitantes.
La agencia propuso entonces la idea de construir depósitos solares de
agua en la aldea. Se explicó a los aldeanos el proceso de construcción
de cada torre y se les precisó que era necesaria la aprobación del
gobierno del distrito (municipio).
Los representantes del pueblo aceptaron la propuesta y la presentaron al departamento de aguas de su distrito.
“Al gobierno le gustó la idea y la aprobó sin problemas. Todo el
pueblo colaboró para que el proyecto fuera un éxito”, afirmó a IPS un
miembro de la agencia humanitaria que desea permanecer en el anonimato.
Las torres estaban equipadas con paneles solares, lo que les permitía
funcionar de forma sostenible y con un impacto medioambiental mínimo.
La selección de los emplazamientos de las torres fue un esfuerzo de
colaboración en el que participaron las comunidades de las aldeas.
La primera torre solar de agua se construyó en febrero, mientras que las obras de las otras dos siguen todavía en curso.
Como resultado, 45 familias se benefician ya directamente de la
comodidad de disponer de agua potable limpia canalizada hasta sus
hogares a través de tuberías. El agua suministrada es de buena calidad y
se considera segura, en contraste con la del pozo al aire libre de la
que se dependía antes.
Este desarrollo ha aliviado significativamente la carga de las
mujeres, que ya no tienen que recorrer largas distancias para buscar
agua de diversas fuentes.
El impacto de esta intervención fue significativo. La salud de la
comunidad mejoró y ya no corren el riesgo de contraer enfermedades
transmitidas por el agua. Las mujeres y los niños, que solían encargarse
de recoger agua de fuentes lejanas, pudieron dedicar su tiempo a otras
actividades. La calidad de vida general de la comunidad mejoró y
pudieron centrarse en sus medios de subsistencia o en la educación.
Para Simita Devi, la jornalera que tuvo a su hija gravemente enferme,
la instalación es nada menos que un gran consuelo en su vida. Utiliza
el agua para beber y da gracias a Dios por este esfuerzo.
“El agua potable significa la vida para nosotros. La torre solar se
ha convertido en un mesías para los aldeanos pobres como nosotros.
Apreciaremos de por vida los momentos en que el agua comenzó a llegar a
nuestras casas”, dijo Devi a IPS.
Exigen a Conagua cerrar pozos y presas ilegales de la comunidad menonita
El Barzón: los abrieron menonitas encabezados por la familia LeBarón
Los perforaron en áreas que fueron decretadas en veda desde hace 20 años
También hay 53 represas ilegales; piden intervención de la gobernadora
Conagua abre procesos para recuperar líquido para Monterrey
Rubén Villalpan
▲ Uno de los cientos de pozos perforados de forma ilegal en el municipio
de Villa Ahumada, Chihuahua, pese a que está prohibido por una veda que
decretó la Comisión Nacional del Agua hace más de 20 años.Foto cortesía de El Barzón
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 4 de julio de 2022, p. 29
Ciudad Juárez, Chih., Agricultores y activistas de la
organización campesina El Barzón exigieron que se cancelen al menos 300
pozos que grupos de menonitas encabezados por la familia LeBarón han
perforado sin permiso en áreas desérticas del municipio de Villa Ahumada
y del poblado de Samalayuca, perteneciente a Ciudad Juárez, que fueron
decretadas en veda hace más de 20 años.
Además, pidieron a las autoridades que destruyan 53 pequeñas represas
ilegales ubicadas en un perímetro de cinco kilómetros en torno al río
El Carmen, pues han obligado a mil 300 agricultores de Namiquipa,
Buenaventura y Villa Ahumada a reducir sus áreas de cultivo.
Mujeres barzonistas de los ejidos Constitución y Benito Juárez,
ubicados en el municipio de Buenaventura solicitaron a la gobernadora
panista María Eugenia Campos Galván que las acompañe en nuestras
demandas, como lo hizo con los que defendieron el agua de la presa La
Boquilla (ubicada en el municipio chihuahuense de San Francisco de
Conchos) el año pasado, ya que nos han dejado solas.
Indicaron que han detectado un pivote de pozo por cada 40 hectáreas
de zonas que se hallan vedadas y que el agua extraída de ellos se
distribuye a través de aspersores, en perjuicio de labriegos que no
tienen recursos para perforar el subsuelo.
Los LeBarón y otros menonitas siembran forrajes y alfalfa, además de nogales, lo que implica agresiones hídricas,
porque ese árbol consume gran cantidad de agua. Esto no obstó para que
durante años funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les permitieran cavar pozos
y dotarlos de energía eléctrica.
Las barzonistas señalaron que a partir de sus protestas y conflictos
con los menonitas, se giraron contra los inconformes órdenes de arresto
durante la administración de María Eugenia Campos, la cual empezó en
octubre pasado.
Las hortelanas enviaron una a Campos Galván una carta en la cual le demandaron la
cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra nuestros
hijos, esposos y compañeros, que son entre 29 y 40, y que convoque a una
reunión con dependencias federales, estatales y municipales.
Consideraron que para resolver el problema del agua en sus ejidos se
debe citar a reunión con representantes de la Conagua, de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la CFE y a la Fiscalía General de
la República “para que se analicen todas nuestras demandas y se proceda
a la cancelación de los pozos ilegales de la nogalera de Julián
LeBaron, que es la causa del conflicto.
María Eugenia, le invitamos con respeto a que deje sus tacones y
se calce en nuestros zapatos de pies de campesinas curtidos por la
tierra y el sol esperando que nos regale unos minutos para leer la carta
que le escribimos y pueda enterarse de lo que realmente sucede en
nuestras comunidades ejidales, acotaron.
Dijeron ser víctimas de Julián LeBaron, un hombre con poder
económico que nos roba el agua, ya que hace años llegó con maquinaria
para desmontar y sembrar nogales en terrenos justo frente al pueblo de
Constitución, nos divide únicamente la carretera.
El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, aseguró que se atenderá la misiva dirigida a la gobernadora. Este gobierno no va a hacer ni persecuciones ni nada por el estilo,
pero tampoco se puede equiparar este caso con la defensa del agua en La
Boquilla, expuso. Hizo énfasis en que la autoridad federal y los jueces
deben resolver la situación de los pozos ilegales, y nadie puede hacer
justicia por su propia mano.
Interrogada al respecto en días pasados, la gobernadora María Eugenia Campos dijo tener conocimiento de los 300 pozos de agua clandestinos denunciados recientemente en Villa Ahumada, así como en el resto del estado. No dio a conocer la ubicación de los pozos debido a las investigaciones que está realizando la Conagua.
El servicio del agua potable es controlado por operadoras privadas
en cinco entidades del país que arrastran quejas de cobros excesivos,
cortes o tandeos y Querétaro ha dado un paso para unirse a esta lista
con la aprobación en fast track de una Ley que regula este derecho
humano.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Congreso de Querétaro aprobó en fast track una Ley de Aguas que abre las puertas a la privatizaciónde este derecho humano como ya sucede total y parcialmente en Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios han padecido de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente como Odebrecht o Acciona, y las francesas Suez y Veolia, han documentado académicos y colectivos.
Este 5 de junio, por ejemplo, a la par de la elección de Gobernador y
Congreso estatal en Quintana Roo, también se celebrará una consulta popular
sobre la permanencia de la empresa Aguakán que desde los noventa
gestiona el servicio del agua en Benito Juárez, Isla Mujeres y
Solidaridad con quejas ciudadanas por altas tarifas. Su dueño Jorge
Ballesteros Franco fue demandado en Estados Unidos en 2001 por un abuso
de información privilegiada.
El 19 de mayo los legisladores queretanos votaron a favor, sin parlamento abierto y en 48 horas, la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, la cual regula las concesión del servicio público hídrico (una
competencia federal de la Comisión Nacional del Agua) y no incluye una
gestión sustentable de la cuenca ante el cambio climático.
“La iniciativa aprobada fortalece la concesión del
servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las
necesidades de la realidad hídrica del estado”, observaron
organizaciones como Agua para Todxs, Freshwater Action Network y Bajo
Tierra Museo del Agua. “Querétaro necesita una Ley de Aguas, pero no es
esta”.
Los artículos 6, 32 y 127 de esta Ley abordan que la Comisión Estatal
de Aguas está facultada para otorgar concesiones para la prestación,
total o parcial, de los servicios hídricos, pero ningún artículo define
quiénes son o cómo se componen los concesionarios ni si será una
concesión total (como sucede en Puebla y municipios de Quintana Roo) o parcial (como en Saltillo).
Para los colectivos, el Poder Legislativo estatal “perpetúa un modelo
de manejo que agudiza la injusticia hídrica, el deterioro ambiental y
los conflictos en un contexto de emergencia climática”, por lo que
pidieron al Gobernador Mauricio Kuri González vetar la Ley, pero el
Gobierno estatal del mandatario panista la publicó en el Diario oficial estatal el martes 24 de mayo.
Manifestación de queretanos contra la Ley de Aguas recién aprobada. Foto: Facebook Bajo Tierra.
Claudia Romero Herrera, abogada integrante de Bajo Tierra Museo de
Agua en Querétaro, dijo en entrevista que esta Ley aprobada deja un
“gran” margen de impunidad a los concesionarios que tomen el servicio de
agua en materia de cobros arbitrarios o cortes por impago y/o sequía.
“La Ley no tiene una perspectiva de derecho humano al
agua, entonces si un usuario tiene una arbitrariedad (corte, tandeo,
tarifa desproporcional) no plantea con quién tiene que acudir. En la
parte de los usuarios se centra más en sus obligaciones que en sus
derechos, en cambio, en el caso de los concesionarios tiene varias
disposiciones sobre posible revocación de concesión”, contrastó la
abogada.
Y cuestionó que esta Ley invade la competencia de la Conagua, según
el oficio B00.2.-080 que les respondió la dependencia el 19 mayo 2022.
La Ley de Aguas Nacionales (1992) prohibe transferir las aguas a
particulares para abastecer a la población, sólo se les otorgan
concesiones para uso industrial o agroindustrial, y la Ley de Querétaro
plantea que los particulares a los que se les concesione el servicio
público deben mostrar su título de concesión; “entonces, legaliza lo que
es ilegal según la Ley federal”, afirmó la abogada.
La comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, coincidió en
su rechazo a la privatización del agua queretana. El 9 de abril, la
Caravana por el Agua y la Vida pasó por la zona, donde se ha registrado
escasez de agua desde que la Comisión Estatal de Aguas tomó el control
del pozo que era administrado comunitariamente.
“Como pueblos originarios, activistas, científicos y
personas conscientes, nos indigna el despojo y saqueo del agua que
llevan a cabo empresas millonarias, principalmente inmobiliarias, en
nuestro estado”, expresaron en un comunicado.
Ubicación de inmobiliarias en Querétaro. Mapa: Geocomunes.
En la capital de Querétaro, una ciudad que ha crecido 17 veces en su
mancha urbana, pero sólo cuatro veces en población, más de 30
desarrollos habitacionales cuentan con autorización para ser abastecidos
por 17 operadoras privadas, las cuales usan 28 millones de m3/año de
agua mientras que empresas inmobiliarias controlan directamente más de
36 millones de m3/año, reveló la investigación “Acaparamiento de lo público” de Bajo Tierra, PODER y otras organizaciones.
“La operadora privada está permitiendo urbanizar y lucrar
con el territorio. El agua se está convirtiendo en un insumo mercantil
que forma parte de la lógica de producción del mercado de vivienda y de
construcción”, dijo la abogada Claudia Romero.
Las operadoras Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro
Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua están
vinculadas a Desarrollos Residenciales Turísticos, mientras que las
operadoras Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del
Centro, Aquagenis y el Organismo Operador de Agua Administradora
Queretana tienen relación con Desarrollos de Provincia Juriquilla.
Abastecedora Queretana de Agua (AQUAA), dice el documento, está
señalada por cortes arbitrarios del suministro y coacción para la
contratación en el fraccionamiento la Pradera, así como nula rendición
de cuentas y Operadora Querétaro Moderno está señalada por desconexión
arbitraria, contaminación y vertido de aguas residuales a cielo abierto.
También Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas
excesivas.
EL AGUA COMO MERCANCÍA
Gloria Tobón de Garza, Ingeniera civil especializada en manejo de
aguas e integrante de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo,
documentó que de los 2 mil 500 organismos operadores de agua de los
municipios del país, seis se han privatizado en el marco de la salinista
Ley de Aguas Nacionales (1992) que permite la inversión privada en la
gestión hídrica y cortes de este derecho humano por adeudos.
Se tratan de organismos operadores de agua privados desde los noventa
en Aguascalientes (francesa Veolia); Benito Juárez (Cancún y ahora
Puerto Morelos), Islas Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo (mexicana
Aguakan); Boca del Río, Medellín y Veracruz (española Acciona); Puebla
(mexicana Eppcor); y Saltillo (francesa Suez). En Navojoa (Sonora) y
Ramos Arizpe (Coahuila) estuvo privatizado el servicio hídrico, pero
volvió a la gestión del gobierno municipal.
“En Veracruz y Medellín empezaron Suez y Odebrecht, pero
Suez se retiró porque Odebrecht empezó a ser fuertemente cuestionada y
el año pasado Acciona, la empresa que opera en Boca del Río, compró las
acciones de Odebrecht”, comentó Tobón.
La constructora brasileña Odebrecht enfrenta juicios por millonarios
sobornos a autoridades de varios países a cambio de contratos,
incluyendo México, y la filial de Acciona en Ecuador está indagada por
posibles sobornos a autoridades del país sudamericano al participar con
Odebrecht en la construcción de la primera línea del Metro en la capital
Quito; y en Aragón fue sancionada por un fraude con ambulancias.
En el norte de Quintana Roo, la empresa Desarrollos Hidráulicos de
Cancún (Aguakan) tiene un título de concesión integral hasta el 2053
para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en los
municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto
Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.
La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Caribe Mexicano ha
recibido más de 200 quejas en contra del servicio de esta empresa de
2019 a 2021 por cobros indebidos y tandeo, informó previamente SinEmbargo.
La empresa justifica que sus más de 400 mil clientes en ocasiones no se
percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus
tarifas.
Este domingo 5 de junio, luego de quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos estatal y demandas en tribunales, se celebrará una consulta
popular entorno a la gestión de Aguakán.
“El agua es un elemento tan importante que no debe ser
manejada por una empresa privada”, dijo Enrique Burton Mendoza,
coordinador de la Asamblea Social del Agua en Solidaridad, Quintana Roo.
“Vamos a recuperar y democratizar el agua”.
Al norte, en Saltillo (Coahuila), se abastece por tres acuíferos cuya
disponibilidad ha disminuido en los últimos años. “Están fuertemente
sobreconcesionados”, dijo la Ingeniera civil Gloria Tobón. La asociación
público-privada de Aguas de Saltillo (francesa Suez) goza del contrato
hasta 2026 con posibilidad de renovarlo.
“La privatización del agua en Saltillo ha sido violatoria
al derecho humano al agua. Aguas de Saltillo hace más de 100 mil cortes
al agua al año. En 2021, en plena pandemia, hizo más de 120 mil cortes
de agua por lo que pusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos”, compartió. “Cada corte implica ganancia porque el costo de la
reconexión es de 350 pesos”.
La académica también planteó que Aguas de Saltillo extrae agua del
acuífero sobreexplotado “Saltillo Sur”, del cual no tiene concesión y se
han registrado siete aumentos de tarifas por encima de la inflación. En
2015, el referido acuífero tenía 3.78 de millones de m3/año de
disponibilidad y, entre fugas y sobrextracción, en 2020 cayó a -52.48
millones de m3/año.
Un ciudadano poblano se manifiesta contra un cobro excesivo de Eppcor. Foto: Asamblea Social del Agua.
En el centro del país el panorama se repite. En mayo de 2014, durante
el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla también se
privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa
Concesiones Integrales “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes
en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019.
Aunque la Asamblea Social del Agua, un colectivo local de abogados,
calcula que son 100 mil al año en promedio y que los incrementos de
tarifas fueron de 500 por ciento en el último lustro aunque no cae
potable y hay tandeos, por lo que la ciudadanía poblana mantiene unos
700 amparos en contra por la violación a su derecho al agua.
“El tandeo del agua se ha incrementado un 100 por ciento,
esto significa que antes en una colonia el agua caía cuatro veces a la
semana algunas horas y ahorita al 57 por ciento le está cayendo dos
veces a la semana y al 21 por ciento una vez a la semana algunas horas”,
dijo la economista María Eugenia Ochoa de la Asociación Social del Agua
de Puebla, con base en cifras de la Universidad Benemérita de Puebla.
La Asociación Social del Agua de Puebla ha encontrado vicios desde el
otorgamiento de la concesión, por lo que buscan revertirla, “pero no
hemos sido escuchados de manera seria ni por el Congreso anterior ni por
el presente; ¿para quién están gobernando?”, cuestionó Ochoa.
Insignias contra privatización del agua en Querétaro. Foto: Facebook Bajo Tierra.
Para José Luis García, también un abogado miembro de la Asociación
Social del Agua, la recién aprobada Ley de Agua en Querétaro “es un
clon” de la aprobada en Puebla en 2012 que se utilizó para “abrir la
privatización del agua” en 2014 durante el morenovallismo.
En 180 ciudades del mundo como París ya han desprivatizado los
servicios de agua potable por los impactos negativos a los usuarios, por
lo que las operadoras privadas están exportando el modelo a América
Latina.
En Cochabamba, Bolivia, la lucha comunitaria también logró
desprivatizar el agua hace unos años porque el 20 por ciento de los
ingresos familiares se destinaba a las altas tarifas del agua y el
consorcio trasnacional, que incluso privatizó el agua pluvial, expropió
la infraestructura de la gestión comunitaria.
Pero en México, el modelo se expande en un nuevo estado, Querétaro.
Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
Ciudad de México. En la Ciudad de México, donde
desde hace varios años las mujeres sortean la falta de agua e invierten
tiempo acarreándola en cubetas para guardarla y poder realizar tareas de
limpieza e higiene personal, ahora promueven la “cosecha de lluvia”, un
sistema de captación de este líquido implementado en cinco alcaldías.
Con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), 180
líderes vecinales han instalado 20 mil 145 sistemas de cosecha de
lluvia, en beneficio de más de 100 mil personas de las alcaldías de
Iztapalapa, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, informó este
jueves la titular de esta dependencia, Marina Robles García.
En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que 65 por ciento de
los hogares beneficiados son encabezados por mujeres, un porcentaje
relevante considerando que de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en 80 por ciento de los hogares con falta de este recurso,
las mujeres y niñas son quienes deben resolver la escasez.
La titular de la Sedema dijo que pese a la pandemia, en esta época
las y los facilitadores han instalado, en promedio diario, 80 mecanismos
de capacitación en las viviendas de las cinco alcaldías. Sólo en
Iztapalapa, donde es común la falta de agua, se instalaron 7 mil 490
sistemas de cosecha de lluvia y se prevé que en 2021 se extienda a
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
En la presentación de resultados, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara
Brugada Molina, expuso que este programa refleja un nuevo modelo de
gestión de agua, una acción de gran peso en la zona, donde
históricamente hay un problema de escasez. Señaló que la población no
quiere más pipas sino agua que llegue por la red hidráulica, de ahí la
importancia de este sistema.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que
la falta de lluvia ha hecho que las presas no estén a su máximo nivel y
como consecuencia se han dado los recortes en el suministro de agua. En
este contexto, dijo, el gobierno está trabajando en la distribución del
recurso por medio de pipas y en un programa para fortalecer el
abastecimiento en el oriente de la Ciudad.
Agregó que próximamente el Gobierno capitalino va a certificar a las empresas que instalan los sistemas de cosecha de lluvia.
Como parte del programa también se publicó el “Manual para instalar
un sistema de captación pluvial en tu vivienda” en el que se explica el
funcionamiento de este mecanismo, se exponen los requerimientos
técnicos, cálculos, los costos y una lista a las empresas con
experiencia en la Ciudad de México. El documento está disponible aquí.
Dos familias acaparan laexplotación del aguaen Chihuahua y han estado detrás de las movilizaciones violentas
en la presa La Boquilla, reveló una investigación ordenada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la familia
Urionabarrenechea –productora de nogales–, vinculada con el exgobernador
César Duarte; y de la familia Porras Muñiz –productora de cebollas–,
ligada al diputado local panista Jesús Valenciano García.
El 9 de septiembre un grupo de personas tomó la presa La Boquilla.
Su motivo: impedir que el gobierno federal obtuviera agua para
entregarla a Estados Unidos, como lo establece el Tratado de Aguas que
se pactó en 1944 entre ambos países. Actualmente el conflicto se
mantiene, pues Chihuahua no ha aportado 319.8 millones de metros cúbicos de agua provenientes del Río Conchos. Esto pone en riesgo el tratado y la relación con el país vecino, han señalado las autoridades federales.
Durante la conferencia presidencial de
esta mañana, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), reveló quiénes conforman el grupo de productores chihuahuenses que han utilizado para su beneficio la explotación del agua y que, además, han financiado las movilizaciones en la presa de La Boquilla.
Una de ellas es la familia Urionabarrenechea. Ésta se dedica a la producción de nogales y, en total, acapara 8 millones 866 mil 277 metros cúbicos de agua, es decir, el 3 por ciento de la cantidad total que Chihuahua debe a Estados Unidos.
“La familia Urionabarrenechea
acapara 8 millones 866 mil 277 metros cúbicos de agua, es decir, el tres
por ciento de la cantidad total que Chihuahua debe a Estados Unidos”
Éstos son los 12 integrantes que tienen concesiones de pozos para uso agrícola, según la información pública presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la misma conferencia:
Estela Isabel Sánchez Akel de Urionabarrenechea cuenta con el permiso de explotación de48 pozos en
los municipios de Jiménez y Coronado y puede explotar 1 millón 64 mil
metros cúbicos de agua; José María Urionabarrenechea Jayo tiene la
concesión de un pozo en el municipio de Jiménez, con 300 mil metros
cúbicos de agua, y Maite Urionabarrenechea Nájera tiene un pozo, también
en Jiménez, con capacidad de 176 mil metros cúbicos
Por su parte, Javier Urionabarrenechea Astorquia cuenta con un pozo en el municipio de Allende, cuya capacidad es de 140 mil metros cúbicos de agua; al igual que su hermano, José Javier Urionabarrenechea Astorquia, quien tiene permiso de explotación de un pozo en Jiménez.
María Luisa Urionabarrenechea Reyes
también tiene la explotación de un pozo en Allende, con 160 mil metros
cúbicos de agua; y Juan Bautista Uriona Urionabarrenechea Reyes cuenta
con otro pozo en el municipio de Jiménez, cuya disponibilidad es de 200
mil metros cúbicos de agua. Felix Unai Calzacorta Urionabarrenechea es
consesionario de un pozo en Jiménez, con capacidad de 160 mil metros
cúbicos
Mientras que Mayra Concepción
Urionabarrenechea Sánchez puede utilizar 240 mil metros cúbicos de un
pozo en Jiménez. Sin embargo, sus hermanos son quienes mayor cantidad de agua explotan:
Andony Urionabarrenechea Sánchez utiliza 2 millones 880 mil metros
cúbicos, con 12 pozos, en Jiménez y Camargo; y Tomás Urionabarrenechea
Sánchez, 3 millones 406 mil 277 metros cúbicos, por los 15 pozos que
consesiona también en Jiménez y Camargo.
Los nogaleros y sus nexos con Duarte
La investigación federal revela que la familia Urionabarrenechea se encuentra ligada al exgobernador priísta César Duarte
(2019-2016), pues Andony Urionabarrenechea Sánchez está afiliado al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 29 de agosto de 2011
y está casado con Alejandra Javalera, hija del exfuncionario Raúl
Javalera Leal, quien también fue presidente de la Junta Central de Aguas
y Saneamiento en la administración de Duarte.
En el esquema presentado por el
subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana se señala que Javalera
Leal fue también presidente de la Asociación Nogalera en 2012. A éste
se le relaciona con Sergio Medina Ibarra, exdirector de adquisiciones de
la secretaría estatal de Hacienda, ya que fue director de la Comisión
Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, durante su administración.
Sergio Medina Ibarra aparece por su
relación en el gobierno de Duarte. Actualmente se encuentra acusado del
delito de peculado y está detenido por presuntos desvíos
multimillonarios.
Por su parte, a Tomás Urionabarrenechea Sánchez se le relaciona por haber encabezado con César Duarte una procesadora de nuez. Además
es administrador único de Global Pecan, SA de CV, una empresa familiar
de producción de nuez, y fue presidente de la Asociación de Nogaleros de
Jiménez en 2014.
“Este grupo es importante porque
estuvo detrás del financiamiento de la movilización de La Boquilla, por
eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral es
testimonial”, afirmó Ricardo Mejía Berdeja en la conferencia presidencial.
Los cebolleros, familiares de diputado panista
La familia Porras Muñiz se
dedica a la producción de cebollas y algunos se dedican a la tala de
árboles. Su vínculo político lo mantienen con el diputado local panista
Jesús Valenciano García, “quien ha estado directamente involucrado en la
toma de La Boquilla”, aseguró Mejía Berdeja al presentar un esquema de
las relaciones familiares y políticas de esos empresarios.
“Jesús Valenciano García ha estado directamente involucrado en la toma de La Boquilla”
Jesús Valenciano García es diputado
local de Delicias, Chihuahua. Fue secretario particular del entonces
presidente municipal de Delicias, Mario Mata Carrasco; director de Desarrollo Social de Delicias de 2012 a 2013; y regidor de Delicias de 2013 a 2016.
“Su tío, Enrique Abelardo Porras Muñiz,
obtuvo un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para la tala [de árboles] de una zona denominada terreno
rústico; pertenece al comité estatal del Sistema Producto Cebolla de
Chihuahua, AC, y es parte del padrón de productores de cebolla en
Delicias”, explicó el funcionario federal.
En el gráfico también aparece su tía, Lucía Porras Muñiz, como activista en redes sociales y su otro familiar –Eduardo Porras Muñiz– como propietario de cultivos importantes de cebolla.
Además, “supadrino político panista y líder del movimiento es Mario Mata Carrasco,
quien fue presidente municipal de Delicias de 2010 a 2013 y
expresidente de la Junta Municipal de Saneamiento de Agua de Chihuahua”,
comentó el representante de la SSPC.
Los mismos actores están involucrados en
negocios y usufructos del agua en la región, ya que al evento de
noviembre de 2019, cuando se echó a andar la planta tratadora de aguas
residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos,
asistió el gobernador Javier Corral y los exgobernadores José Reyes
Baeza y Fernando Baeza Meléndez –a quienes se les ha señalado como los dueños del agua en Chihuahua . Así se apreció en una fotografía expuesta por Ricardo Mejía Berdeja.
“Lo que destaca [en la foto] es que también estuvo Carlos Cuevas Abundis, una persona que hoy está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas y que se ha dedicado a la delincuencia organizada, al huachicol. Actualmente está recluido en el Cereso [Centro de Reinserción Social] número uno, pues es investigado por sus nexos como lavador de dinero del Cártel del Pacífico y su líder Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias el Placas”, detalló el funcionario.
En noviembre de 2019, a Cuevas Abundis
se le entregó un contrato para la construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales, equivalente a 59 millones de pesos, una obra estatal del Plan de Desarrollo de la Entidad. “Él tenía una relación de amistad con el diputado Valenciano”, se precisa en el esquema.
En éste también aparece Andrés Vallés,
presidente del módulo 004 de riego y José Francisco Ramírez, alcalde de
Rosales, ya que este último “permitía que Carlos Cuevas, sin permisos,
explotara los recursos del Río San Pedro (arena y piedra) para su
constructora MCALLEN”.
Red de acaparadores del agua
En Chihuahua hay una red de políticos “acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a lo que no es un movimiento espontáneo”, señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
Indicó que de todas las concesiones de pozos para uso agrícola del Río Conchos, son ocho las familias que acaparan 36 millones de metros cúbicos, es decir, el 12.5 por ciento del adeudo total;
y una persona acapara 11 millones de metros cúbicos, equivalente al 4
por ciento del adeudo. Sin embargo, no precisó los nombres.
“Del Río Conchos son ocho las
familias que acaparan 36 millones de metros cúbicos, es decir, el 12.5
por ciento del adeudo total; y una persona acapara 11 millones de metros
cúbicos, equivalente al 4 por ciento del adeudo”
En la región del Río Conchos se ha generado mucha desinformación, debido a los intereses políticos y económicos de los grupos de poder
que sobreexplotan el agua y que han incitado a las movilizaciones en
las presas, puesto que “en la entidad nunca ha habido falta de ella,
siempre ha habido flujo. Pero manejando todos estos negocios se pone en
riesgo el tratado internacional”, finalizó.
Detrás del conflicto por el agua en Chihuahua hay 16 políticos del PRI, del PAN e incluso uno de Morena,
beneficiarios de concesiones de Conagua que azuzan a campesinos y
ejidatarios. Aunque las protestas, que datan de inicios del año, se han
intensificado, el gobierno federal observa que hay una campaña de
manipulación y acarreo
La presa La Boquilla, en Chihuahua, simboliza la lucha por el poder:
ahí, políticos de los paridos Revolucionario Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN) han azuzado a pobladores al conflicto. El pasado
25 de marzo se incendiaron vehículos oficiales y se “tomaron” carreteras
como protesta por la apertura de las compuertas. Ahí mismo, el pasado 9
de septiembre ejidatarios y campesinos se enfrentaron con elementos de
la Guardia Nacional, cuando los primeros intentaron hacerse del control del embalse.
El conflicto –supuestamente originado por la insuficiencia de agua para los campesinos por la obligación de entregar agua a Estados Unidos,
con base en el Tratado de 1944– sería artificial. E n el trasfondo se
ubican políticos del PRI y del PAN, en especial 16 ya identificados por
el gobierno federal, y uno más de Movimiento Regeneración Nacional.
Éstos son los dueños del agua, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador
en su conferencia del pasado 11 de septiembre, al abordar el conflicto
incitado en esa entidad en contra del Tratado de aguas con Estados
Unidos. Para sostener su dicho, presentó datos de 16 militantes de esos
partidos y de uno más de su propio partido, Morena.
El primer mandatario mostró dos
diapositivas donde exhibe los verdaderos intereses de quienes están
detrás de las protestas de campesinos y ejidatarios, que ya han costado
la vida a dos personas.
Los priístas
En una de esas diapositivas se observan
las fotografías de Fernando Baeza Meléndez, José Reyes Baeza Terrazas y
César Duarte, exgobernadores de Chihuahua, así como de Jaime Ramírez
Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; y Héctor Baeza Terrazas,
exalcalde de Delicias, en donde se aprecian las conexiones entre esos
políticos priístas y el acaparamiento del recurso hídrico.
A Fernando Baeza Terrazas se le identifica de la siguiente manera:
“exgobernador de Chihuahua (1986-1992), señalado por corrupción cuando
era embajador en Costa Rica; usuario [de aguas] en los Módulos 7 y 8 en
el DR [Distrito de Riego] 0005. En 2017 adquirió una propiedad de 7.6900
hectáreas en Saucillo (terreno rústico)”.
A él se le liga con sus sobrinos José
Reyes Baeza Terrazas y Héctor Baeza Terrazas. Del primero se apunta:
“exgobernador de Chihuahua (2004-210), es usuario en los módulos [de
agua] 1 y 2 del DR 005, contacto directo con representantes de módulos,
investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”. Mientras que
de Héctor Baeza se informa: “exalcalde de Delicias (2001-2004),
expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César
Duarte”, y se agrega una conexión con este último, pues Héctor fue
coordinador de la precampaña de Duarte.
De inmediato se lee la referencia al priísta César Duarte:
“exgobernador de Chihuahua (2010-2016), detenido por peculado en
Estados Unidos, construyó una presa en uno de sus seis ranchos, con
varios pozos en sus propiedades”.
En la gráfica también se señala a Jaime
Ramírez Carrasco: “alcalde de San Francisco de Conchos, opositor a la
apertura de las presas, especialmente en La Boquilla, apoya el
movimiento de agricultores en el estado”.
En su conferencia, López Obrador
aseguró: “cuando se trata de corrupción, eso los une porque el manejo
del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Se sienten los
dueños del agua. Todos están vinculados con el agua. Son intereses
creados”.
Políticos del PAN
Y es que en la otra diapositiva relativa
a políticos del PAN también se observan esos nexos en torno al vital
líquido. Ésta inicia con la referencia a Andrés Valles Valles:
“presidente del módulo 4 DR [Distrito de Riego] 005, principal incitador
de la violencia en las manifestaciones, presunto autor intelectual de
la violencia en Delicias”. Y se le vincula con el morenista José
Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales y presidente del módulo de
riego 6 DR 005: “se les visto juntos en las protestas violentas y en el
bloqueo de Chihuahua capital”.
De éste último se indica el nexo
parental con el panista Agustín Jaime Ramírez Licón, su hermano. Otros
dos panistas que figuran en la gráfica son Ismael Pérez Pavia, alcalde
de Meoqui, y Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo, quienes se
identifica de la siguiente forma: “apoyan el movimiento de los
agricultores en el tema del agua”.
Además, figura Eliseo Compeán Fernández, alcalde panista de Delicias:
“encabezó el contingente en el 66/o Batallón de Infantería, ante el
ataque de campesinos el pasado 8 de septiembre, es opositor activo con
el tema del agua en el estado”.
Otros que aparecen mencionados son Velia
Aguilar Armendáriz y Jorge Aldana Aguilar. De éste último se apunta que
es “nogalero, presidente del módulo 1 Agua Rodada DR 113”, así como que
su madre, Velia, “fue diputada federal en 2009 por el PAN”.
También se menciona con dos nexos a Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN.
De él se indica: “exalcalde de Delicias (2010-2013), apoyó a César
Duarte en su campaña, fue presidente de la Junta Municipal de Aguas y
Saneamiento de 2016 a 2018, fue acusado de autorizar un proyecto
inmobiliario de 700 millones de dólares con lago privado que derrochó
millones de litros cuando fue alcalde de Delicias”.
Y en sus nexos están: Salvador Alcántar
Ortega, “presidente de UARECH, líder del Movimiento de Productores y
Agricultores en el estado”. Y la liga entre ambos se establece porque:
“se les ve juntos en la mayoría de los mítines”. El segundo nexo es con
Jesús A Valenciano García, “diputado local del PAN, exregidor de
Delicias, exparticular de Mario Mata, dio ultimátum de 24 horas a la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para retirarse
de las presas”.
Finalmente aparece Álvaro Madero Muñoz:
“familiar de Gustavo Madero [senador por el PAN que también ha
participado en las protestas pero que no fue incluido en la gráfica más
que por esta referencia], tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR
005 (nogales y alfalfa), su familia tiene contacto directo con los
directivos del módulo”.
Quiénes son los fichados por el gobierno
En los esquemas presentados por el presidente López Obrador destacan políticos del PRI y PAN. Éstas son sus trayectorias:
PRI
Fernando Baeza Meléndez: gobernador de
Chihuahua, 1986-1992. En las elecciones enfrentó a Francisco Barrio
Terrazas, quien denunció fraude electoral; fue embajador de México en
Costa Rica, en 2014; senador de la República de 2006 a 2012; presidente
municipal Delicias, 1974-1976; diputado Federal, 1985-1986; y en 2004
apoyó a su sobrino, José Reyes Baeza Terrazas, para ganar las elecciones
a gobernador de Chihuahua.
José Reyes Baeza Terrazas: gobernador de
Chihuahua, 2004-2010, y durante su administración endeudó al estado con
28 mil millones de pesos; cuando su tío fue gobernador, ocupó el cargo
de director general de Desarrollo Urbano y Ecología, 1986-1992, lo que
ahora sería investigado como nepotismo; presidente municipal de
Chihuahua, 2001-2004; fue diputado 2006-2009; también se desempeñó como
vocal ejecutivo del FOVISSSTE, 2012-2015; director general del ISSSTE,
2015-2018. Durante su gobierno, la Conagua y los gobiernos de Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila y Durango acordaron publicar el Estudio de
Disponibilidad de la Región Hidrológica Bravo-Conchos, con el cual se
establecen las bases para distribución, explotación, uso y
aprovechamiento de aguas nacionales superficiales de la cuenca del río
Bravo.
César Duarte: presidente de la Cámara de
Diputados, 2008-2009 gobernador de Chihuahua, 2010-2016; diputado
federal, 2006-2009 y 2000-2003; presidente de la Confederación Nacional
Campesina en Chihuahua; secretario de Organización del Comité Ejecutivo
Nacional de la misma; consejero municipal y estatal del PRI; secretario
General y Presidente del Comité Municipal del PRI en Parral. Su sobrino
Sixto Duarte Álvarez, fue asesor del director de la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento en Ciudad Juárez. Durante su gobierno hubo una
reforma a la Ley General de Aguas que atentó contra comunidades, contra
el manejo sustentable del agua, beneficia de forma desmedida a
concesionarios y se queda muy corta en crear límites a la contaminación
del agua. Esa ley establecía que si una comunidad se opone a una
hidroeléctrica que inundará su casa no tiene protección jurídica
posible.
Héctor Baeza Terrazas: presidente
municipal de Delicias; diputado local 1992; hermano mayor del
exgobernador José Reyes Baeza Terraza, quienes conforman el denominado
Grupo Delicias, término para definir nexos familiares de dichos
políticos; expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con
César Duarte.
PAN:
Andrés Valles Valles, actual presidente
del módulo 4 del Distrito de Riego. Hay una denuncia penal en su contra
por no pagar la totalidad del volumen del agua que utilizaba para la
producción de leche. En 2015, al menos 10 colonias al sur de Chihuhua
seguían padeciendo por falta de agua en el pozo 4 y 24 de la Junta
Municipal de Agua y Saneamiento. Y en octubre de 2018, un grupo de
agricultores tomó las instalaciones del Módulo 4 en protesta por el
sobreprecio en el cobro del agua.
Ismael Pérez Pavia, presidente municipal
de Meoqui; síndicos y regidores de Meoqui lo denunciaron ante la CNDH y
la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de abusos de
policías municipales, y presunto peculado por 30 millones de pesos. Bajo
su mandato, en el municipio se construyó una sede cervecera de la marca
Heineken, pese a la inconformidad ciudadana respecto de la
disponibilidad de agua. Su sueldo como presidente municipal de Meoqui
es: mensual bruto, 18 mil 240 pesos; mensual neto, 58 mil 715 pesos;
gratificaciones, 43 mil 554 pesos brutos; gratificaciones, 40 mil 475
pesos netos.
