El año de las alertas

   MUJER SONORA

Hoy martes 15 de diciembre entra en funcionamiento en Sonora el nuevo sistema penal oral. Este día inicia con los delitos no graves, para seguir gradualmente incorporando otros, hasta llegar al 30 de mayo con los delitos graves para dejar atrás el sistema inquisitorio.

De las ventajas del nuevo sistema destaca la transparencia con que se llevarán a cabo los procesos. Otra es la despresurización que ocurrirá en los centros de readaptación social, pues se calcula que en más de 80 por ciento de los casos se resolverán por la vía de mediación, conciliación y justicia restaurativa, por lo que serán pocas las personas, en comparación con la actualidad, las que lleguen a ser privadas de la libertad como consecuencia de ser investigadas y en su caso imputadas por algún delito grave.

Este 2015 se recordará, entre otras cosas, por haber sido el año en que se emitió la primera Alerta de Violencia de Género, AVG en México. Pero también se recordará porque es justo este año cuando se han resuelto la mayor cantidad de solicitudes de AVG en varios estados. Dos con declaración de AVG (Edomex y Morelos), otros con un informe que aporta conclusiones y recomendaciones.

En estos casos, los titulares del Poder Ejecutivo han optado por aceptar las conclusiones de los grupos de trabajo elegidos para atender la solicitud, pues en todos ellos se trata de omisiones al cumplimiento de las leyes vigentes que tienen que ver con prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Como ejemplos destacan las legislaciones de violencia intrafamiliar y la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Como si fuera regla, los Estados han incumplido los lineamientos básicos y han hecho caso omiso de los mecanismos que provee la Ley de acceso para terminar con la violencia que mantiene a las mujeres sometidas a un rol de sumisión frente a los hombres.  Las órdenes de protección, la Alerta de Violencia de Género y el Agravio comparado son herramientas que fueron muy novedosas en 2007, cuando se publicó la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, replicadas en las leyes estatales homólogas, pero muy poco se ha hecho uso de ellas.

Entre los estados que fueron sometidos a escrutinio por la violencia de género está Sonora. Una organización de Ciudad Obregón, al sur del estado, solicitó en abril pasado la AVG para el municipio de Cajeme, de donde es cabecera Obregón.  La investigación se realizó y, como en todos los informes, en el de Sonora el principal señalamiento es la ausencia de información sistematizada y la incongruencia entre los informes otorgados por las diversas instituciones encargadas de atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Aunque no fue exhaustiva, la investigación sí dio cuenta del estado que guarda la violencia de género en nuestro territorio y la clara indiferencia con que se han venido atendiendo las agresiones a mujeres, particularmente en el ámbito doméstico, situación que ha generado feminicidios en una proporción de aproximadamente 60 por ciento del total de los casos.

Al revisar los diversos informes que se han generado para Guanajuato, Estado de México, Morelos, Baja California, Michoacán, Colima y Sonora, da la impresión de que no se está hablando de una Alerta de género, sino de un diagnóstico sobre cómo se está implementando la Ley de acceso, Ley de igualdad entre mujeres y hombres, y otras relacionadas, pues en las recomendaciones no se advierte el espíritu de urgencia que caracterizaría la Alerta de Género. En cambio, se enuncian omisiones sobre mecanismos, protocolos, armonización legislativa, campañas informativas y otras que requieren tiempo para su cumplimiento.

En todos los casos la información vertida por los grupos de trabajo es invaluable, pues es la primera vez que en un solo año se realiza investigación y se emite un informe en al menos seis entidades, y otro en 2014. El caso de Morelos es especial, ya que se emitió un informe a mediados de 2014, pero en agosto de 2015 se declaró la AVG.

Se ha dado a conocer que la gobernadora Claudia Pavlovich ya aceptó las recomendaciones que hiciera el grupo de trabajo en su informe de doce conclusiones a través de la Conavim, el pasado 9 de noviembre. En su respuesta la Gobernadora admite que encontró el estado en situación deplorable y que el sector de las mujeres no es la excepción, ya que se encuentra con índices de violencia, manifestándose en un incremento considerable en la cifra de feminicidios, así como un descuido total en el cumplimiento de la normatividad vigente y en el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, generando un panorama desolador de proyectos y programas institucionales de prevención y atención a las mujeres.

Y es que la situación es grave, pues el solo hecho de que la mayor parte de las víctimas de feminicidio haya sido asesinada por su pareja, ex pareja o algún familiar, significa una ausencia de política pública en materia de atención a la violencia intrafamiliar y una omisión acusada en la prevención y evitación de delitos como el feminicidio, vigente en el Código penal de Sonora.

En relación a los Centros de Justicia Integral para las Mujeres -otra de las recomendaciones del grupo de trabajo- no sólo no es una solución que se pueda dar de un día para otro, sino que hay estados como Sonora que no está contemplado para ser apoyado por la Conavim a corto plazo, pues ni siquiera se menciona como solicitante para creación o fortalecimiento del mismo, como sí hay otros 21 que sí han solicitado.

El reto que tendrá la procuración de justicia para las mujeres en el nuevo sistema penal acusatorio es doble. Se tiene el compromiso de cumplir en no más de seis meses las doce recomendaciones ya aceptadas, algunas de las cuales se vislumbran como imposibles porque dependen de un presupuesto que cada vez se recorta más para operación de leyes que tienen que ver con el ejercicio de derechos de las mujeres.

Hoy inicia el “apagón analógico” del sistema penal inquisitorio en Sonora, pero también corre el tiempo para cumplir las doce recomendaciones derivadas de la solicitud de AVG en Cajeme. Una de éstas, la armonización legislativa, contradice el principio de solución por  mediación en delitos no graves como lo es la violencia intrafamiliar. La Ley de acceso y las recomendaciones internacionales expresamente prohíben ese método en casos de violencia de género. ¿Qué hará Sonora para cumplir con ambos? ¿Cómo va a incorporar las consideraciones de género en el nuevo sistema penal acusatorio, si admite que la capacitación sobre derechos humanos de las mujeres es ínfima?

Si no resuelve algo y pronto, el informe sobre AVG quedará como un simple jalón de orejas por incumplimiento de la legislación, pero nada aportará para evitar que las mujeres sigan perdiendo la vida de la forma más anunciada: el feminicidio.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Silvia Núñez Esquer*

Cimacnoticias | Sonora.-