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| Ciro Murayama, consejero del INE. Foto: Eduardo Miranda Rosalía Vergara |
MÉXICO,
DF (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
sancionó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 88 millones
547 mil 641 pesos por cometer graves faltas en materia de fiscalización
en el informe anual de 2009.
En su sesión de este miércoles, el órgano electoral anunció que “dará vista” a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
El presidente
de la Comisión de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama, explicó
que la sanción deriva de un proceso de investigación sobre las
operaciones económicas del partido político, que inician con la supuesta
adquisición de camisetas a la empresa Grupo Textil SA de CV, propiedad
de Jorge Alberto Peralta Casal, de origen chileno y con un largo
historial de detenciones por defraudación fiscal, según una nota
publicada por el diario ‘La Jornada’.
Murayama argumentó que esa empresa incumplió con el contrato, y a cambio compensó con la entrega de un inmueble en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, que fue escriturado por el notario público 142 Daniel Luna Ramos a nombre de Marco de la Mora Torreblanca, uno de los “dueños” del PVEM en Guerrero y actual dirigente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
De acuerdo con el informe anual 2009, las operaciones no reportadas por el PVEM son: contrato con la empresa Grupo Textil Joad para la adquisición de 763 mil 599 playeras por un monto de 12 millones 908 mil 641.09 pesos; erogaciones en efectivo –sin comprobar el origen de los recursos– por 11.2 millones de pesos; cuentas por cobrar por 12.9 millones de pesos a favor de ese partido, y la escrituración, a favor de un tercero, de un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, por un monto 72 mil 960 pesos.
“Se trata de una cuenta por cobrar que nunca recuperó el partido, pagó por algo que no recibió y que acabó como patrimonio de una persona física”, precisó Murayama, y advirtió que “la pretensión de engañar a la autoridad acredita el dolo”.
Adrián Escobar fue accionista de Grupo Textil Joad hasta 2008 y también lo fue en Rabokse, empresa supuestamente beneficiada en la elección del pasado 7 de junio. Es hermano del exvocero del PVEM y exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar, a quien se abrió una investigación por delitos electorales.
En su oportunidad, el consejero presidente Lorenzo Córdova resaltó que las infracciones cometidas por el PVEM contravienen el espíritu de certeza que debe predominar en el ejercicio de los recursos públicos y la intencionalidad de transparentar las decisiones y comportamientos de todos los que intervienen en los procesos electorales.
Las sanciones, dijo, son severas pero necesarias para tratar de inhibir las conductas ilegales y los abusos, y propiciar el cumplimiento invariable de las reglas por parte de todos los partidos políticos y en todo momento.
En su sesión de este miércoles, el órgano electoral anunció que “dará vista” a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Murayama argumentó que esa empresa incumplió con el contrato, y a cambio compensó con la entrega de un inmueble en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, que fue escriturado por el notario público 142 Daniel Luna Ramos a nombre de Marco de la Mora Torreblanca, uno de los “dueños” del PVEM en Guerrero y actual dirigente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
De acuerdo con el informe anual 2009, las operaciones no reportadas por el PVEM son: contrato con la empresa Grupo Textil Joad para la adquisición de 763 mil 599 playeras por un monto de 12 millones 908 mil 641.09 pesos; erogaciones en efectivo –sin comprobar el origen de los recursos– por 11.2 millones de pesos; cuentas por cobrar por 12.9 millones de pesos a favor de ese partido, y la escrituración, a favor de un tercero, de un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, por un monto 72 mil 960 pesos.
“Se trata de una cuenta por cobrar que nunca recuperó el partido, pagó por algo que no recibió y que acabó como patrimonio de una persona física”, precisó Murayama, y advirtió que “la pretensión de engañar a la autoridad acredita el dolo”.
Adrián Escobar fue accionista de Grupo Textil Joad hasta 2008 y también lo fue en Rabokse, empresa supuestamente beneficiada en la elección del pasado 7 de junio. Es hermano del exvocero del PVEM y exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar, a quien se abrió una investigación por delitos electorales.
En su oportunidad, el consejero presidente Lorenzo Córdova resaltó que las infracciones cometidas por el PVEM contravienen el espíritu de certeza que debe predominar en el ejercicio de los recursos públicos y la intencionalidad de transparentar las decisiones y comportamientos de todos los que intervienen en los procesos electorales.
Las sanciones, dijo, son severas pero necesarias para tratar de inhibir las conductas ilegales y los abusos, y propiciar el cumplimiento invariable de las reglas por parte de todos los partidos políticos y en todo momento.
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