La renovación de la Corte es también un momento para repensar la función del Poder Judicial
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De carreras judicial y administrativa respectivamente, lo cual
pareciera predeterminar sus perfiles, no elimina la incertidumbre acerca
del rol que jugarán en la Suprema Corte. Ambos son juristas
consolidados y conocedores. Como decisores, el Pleno y las Salas serán
los ámbitos en los que se desplegará su presencia. Considerando a
quienes sustituyen pareciera natural que Piña se integre a la Primera
Sala y Laynez a la Segunda. Si esto sucede, la combinación de perfiles
resulta interesante.
Más allá de la distinción simplificadora entre progresistas y
conservadores, resultará interesante apreciar la dinámica de la Segunda
Sala considerada como “conservadora” con la presencia de Laynez. Por su
trayectoria y formación resulta particularmente llamativa la posibilidad
de que aporte una perspectiva institucionalista en el enfoque de las
cuestiones constitucionales. Y no me refiero a una visión
“administrativista” sino a una perspectiva más amplia: aquella que puede
considerar que el buen funcionamiento institucional es condición de
efectividad de los derechos humanos. El derecho a un buen Estado es
condición de eficacia de todos los derechos, diría Alexy.
Para esto Laynez tendrá que tomar distancia de sus posiciones de
abogado de parte, de la parte pública pero finalmente de parte. Su vasta
experiencia le da una posición privilegiada para aportar en la
construcción del interés público, frecuentemente soslayado por visiones
individualistas de los derechos humanos y por decisiones de poder
adversas al interés general.
Piña, de integrase a la Primera Sala, será con Pardo los ministros de
extracción judicial. La pertenencia a un gremio, implica prácticas,
tradiciones, identidad institucional; sin embargo, la ministra Piña
dista de la ortodoxia. Jueza de carrera y con una formación académica
enterada de la discusión constitucional contemporánea, tiene buenas
bases para aportar en la formación de decisiones en la dinámica de la
Sala.
La participación de los nuevos ministros abre la expectativa sobre
cuáles son sus respectivos discursos constitucionales. Probablemente la
perspectiva desde la escuela analítica, el expertise procesal de la
ministra Piña y el conocimiento amplio del derecho público y regulatorio
del ministro Laynez, sean los nuevos ingredientes a apreciar en los
debates de la Suprema.
Hay también extraordinarios retos. Sea en el terreno de los derechos
humanos, en el de la organización de los poderes o en el de las
políticas judiciales, hay un empedrado de problemas. En materia de
libertades fundamentales, la Corte ha sido escenario de debates y
decisiones centrales, sin embargo, entre los pendientes para desplegar
su función garante está el de los derechos de los contribuyentes.
La cuestión no sólo es relevante en términos del impacto en cada uno
de los causantes y los ámbitos de definición de sus derechos; lo
tributario se relaciona con las condiciones que posibilitan el
desarrollo del país, no solamente en términos recaudatorios, sino
respecto de sus condiciones de gasto y de rendición de cuentas.
Además de la función jurisdiccional, la política judicial es otro
ámbito de oportunidades y retos. Para que el combate a la corrupción sea
eficaz, para que la impunidad deje de ser uno de
los estigmas nacionales y se reconstruya la confianza en las
instituciones, la independencia, la objetividad e imparcialidad de la
Corte es insustituible.
Los ministros no solamente participan en las sentencias, su
influencia en el colegiado y hacia el conjunto de la judicatura es
mucha. La fragmentación del colegiado, natural y necesario en la
decisión de los conflictos debiera en perspectiva de construcción del
Estado de Derecho propiciar dinámicas de cooperación y de inteligencia
pública para construir políticas institucionales.
La renovación de la Corte es también un momento para repensar la
función del Poder Judicial, en su conjunto, en lo aspiracional que
todavía es el estado constitucional.
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