Pedro Miguel
La Nochebuena de 2012
fue recibida a las puertas de los reclusorios Norte y Santa Martha
Acatitla por centenas de familiares, compañeros y amigos de los
detenidos durante los disturbios del 1º de diciembre de aquel año y que
no habían sido liberados. El día de la toma de posesión de Peña Nieto
las policías federal y capitalina se llevaron de las calles a un
centenar de personas, de las que 70 fueron consignadas. 56 fueron
liberadas nueve días después y 14 –13 hombres y una mujer– permanecieron
encerradas hasta el 27 de diciembre. Varias de ellas sufrieron golpizas
y otras formas de tortura y se ensayó en contra de ellas la fabricación
de pruebas. Ni los culpables materiales ni los responsables políticos
de los atropellos –el propio Peña, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera,
Miguel Ángel Osorio Chong, Manuel Mondragón y Kalb, Jesús Rodríguez
Almeida y Rodolfo Ríos Garza, entre otros– fueron sometidos a proceso y
ni siquiera investigados, pero el movimiento de resistencia a la
imposición del mexiquense en la jefatura de Estado tuvo que concentrarse
en sacar de las cárceles a quienes habían sido injustamente recluidos.
Uno de los signos inaugurales del peñato, además de los fraudes
electorales, pecuniarios y mediáticos, ha sido el encarcelamiento de
activistas y luchadores sociales en una forma mucho más frecuente y
escandalosa que como lo practicaron los gobernantes precedentes. Los
cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno tienen la consigna
de
cosechardespués de las movilizaciones a manifestantes e incluso a transeúntes ajenos al asunto y consignarlos penalmente con pruebas inventadas. Para desarticular a las policías comunitarias de Michoacán y Guerrero se emplea el procedimiento de fabricar delitos en contra de sus líderes y participantes. En Michoacán fueron reducidos a prisión los líderes de grupos de autodefensa que no quisieron acatar el reordenamiento de la delincuencia regional impuesto por el ex comisionado Alfredo Castillo. La gubernatura impresentable de Rafael Moreno Valle ha llenado las cárceles del estado con opositores a sus programas de desarrollo depredadores y corruptos. Los genes represivos del peñato, bien conocidos desde Atenco, han desatado los impulsos de los mandatarios estatales.
Los pretextos meramente judiciales para encarcelar opositores y
disidentes son fáciles de fabricar y la táctica es, hasta ahora, muy
eficaz. Su impacto más obvio es que crea vacíos de dirección y de
militancia en organizaciones y movimientos y dificulta, con ello, su
desempeño. Además constituye un escarmiento desmovilizador para muchas
personas que están dispuestas a participar en acciones contra el
régimen, pero no a costa de perder la libertad; por añadidura, tiene un
fuerte impacto mediático al homologar ante la opinión pública a presos
políticos con delincuentes comunes, lo que facilita la difamación de los
primeros. Pero lo más grave es que obliga a los movimientos a
distraerse de sus objetivos originales para ocuparse de la liberación de
sus presos y de la solidaridad con ellos, generalmente –salvo los del
DF– enviados a penales muy distantes de sus lugares de residencia,
maltratados y sometidos a castigos injustificados y a condiciones
insalubres.
Es probable que, conforme el régimen avance en su descomposición y en
la medida en que las resistencias se multipliquen, un mayor número de
opositores sean enviados a la cárcel y acusados de delitos graves. Tales
atropellos deben generar el rechazo contundente, mayoritario y, sobre
todo, unitario, por parte de una sociedad cada vez más acotada en sus
márgenes de expresión y de lucha por la democracia, la justicia y la
vigencia de los derechos humanos.
Twitter: @Navegaciones
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